Una legislatura más, los parlamentarios del Reino de España han sido incapaces de ponerse de acuerdo para legislar a favor de extender los derechos de los pacientes en el final de la vida.
Se argumentará que es un tema muy complicado, pero la eutanasia activa y/o el suicidio médico asistido son prácticas legales en países como Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Holanda, Suiza y en siete estados de los Estados Unidos.
En estos países, en los que ambas posibilidades están reguladas siguiendo un proceso muy controlado cuyo objetivo principal es salvaguardar la protección del paciente, estas muertes suponen entre el 0,3% y el 4,6% de todos los fallecimientos, unas cifras reducidas que indican que la legalización no conlleva un abuso en el recurso a estas prácticas.
En España, los estudios disponibles y las encuestas más recientes muestran que tanto la eutanasia como, en menor medida, el suicidio médico asistido, también denominado ayuda en la muerte, son prácticas que cuentan con un importante y creciente apoyo entre la población.
En lo que sigue presentamos los principales resultados de una encuesta online realizada en noviembre de 2018 a partir de un panel probabilístico de la población española de 18 y más años (IMOP). En la encuesta, financiada con una beca de investigación de la Fundación Victor Grifols i Lucas, preguntábamos acerca de las opiniones de la población sobre distintos temas potencialmente controvertidos en bioética, entre los que se incluían preguntas sobre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia médica voluntaria.
¿Qué piensan los españoles de estas prácticas?
Como se aprecia en el gráfico, a la gran mayoría de la población española le parece bien que se permitan tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Entre el 78% y el 88%, según se adopte una definición más o menos restrictiva del apoyo, juzga como bueno que se permita la eutanasia activa voluntaria. Esta cifra oscila entre el 72% y el 85% en el caso del suicidio médicamente asistido.
Estos resultados son equiparables a los obtenidos en encuestas similares realizadas en España. Así, por ejemplo, una encuesta de IPSOS de 2018 situaba el apoyo a la regularización de la eutanasia en torno al 85%, un apoyo muy similar al 84% obtenido por Metroscopia el año anterior. Aunque no abundan las encuestas entre los profesionales médicos, las disponibles también muestran un respaldo ampliamente mayoritario a ambas prácticas en este colectivo. Estos datos ponen de manifiesto que el nivel de apoyo en España es similar al que existe en aquellos estados en los que estas prácticas son legales desde hace tiempo.
Sin embargo, de manera paradójica, los encuestados no son conscientes de la existencia de este amplio consenso en torno a los denominados “derechos de salida”. En otra de las preguntas del cuestionario pedíamos a las personas entrevistadas que nos dijeran qué porcentaje de la población creen que está de acuerdo con permitir estas medidas. El 81% da porcentajes inferiores al nivel de apoyo declarado de la eutanasia y el 71% al del suicidio asistido. La media del apoyo percibido de la eutanasia es del 60% (frente al 78% de apoyo declarado) y del 56% en el caso del suicidio asistido (frente al 72% de apoyo declarado).
El estudio no proporciona claves que nos permitan explicar esta disparidad entre el apoyo declarado y el apoyo percibido pero, al menos como hipótesis, es posible pensar que la presentación habitual del tema como un debate entre posturas enfrentadas puede estar contribuyendo a este hecho.
¿Pueden ambas partes tener razón?
Pero, ¿existe realmente esta polarización? ¿Perciben los entrevistados que ante los derechos de salida solo una de las posturas es la correcta?
La encuesta incluía una pregunta para ver cómo juzga la población española un desacuerdo moral en este terreno. En el caso de la eutanasia activa voluntaria y el suicidio médicamente asistido resulta muy interesante ver cómo, a pesar del abrumador apoyo a la regulación legal de dichas medidas, la mayoría de la población española percibe ambivalencia moral (“ambas partes pueden tener razón”).
El 54% de la población admite que en el caso de la eutanasia activa pueden tener razón tanto quienes defienden que es algo moralmente aceptable como quienes defienden lo contrario. Este porcentaje asciende al 58% en el caso del suicidio médicamente asistido.
Asimismo, resulta interesante señalar que esta posición de aceptación de la discrepancia en el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido se produce tanto entre quienes están a favor de estas prácticas como entre quienes se declaran en contra (las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas).
En temas de bioética ¿somos los españoles consecuencialistas?
Para terminar, nuestra encuesta sobre desacuerdos bioéticos también preguntaba a los participantes si en su opinión se debía permitir la eutanasia activa y el suicidio médico asistido entre otras cuestiones bioéticas “siempre, independientemente de las consecuencias para las partes afectadas”, “nunca, independientemente de las consecuencias para las partes afectadas” o “cuando las consecuencias positivas son mayores que las consecuencias negativas para las partes implicadas”.
También se presentaba a los participantes con una serie de dilemas donde se confrontaban valores morales en conflicto en relación con los temas potencialmente controvertidos y se pedía a los participantes que dieran una justificación sobre por qué preferían permitir o prohibir dichas prácticas.
Las respuestas dadas a estas preguntas nos permiten clasificar a la población en función de si su posición respecto a estas cuestiones responde a criterios relacionados con principios de tipo moral (justificación deontológica) o definidos en función de las consecuencias que tiene para las partes implicadas (justificación consecuencialista) o bien una justificación mixta (con elementos de ambas).
Lo que observamos fue un patrón en el que aquellas personas que respondían sin reconocer ambivalencia moral (“solo una parte puede tener razón”) daban respuestas menos consecuencialistas y justificaciones más deontológicas. A la inversa, aquellos que reconocían una mayor ambivalencia moral, mostraban mayor preferencia porque la legislación tenga en cuenta las consecuencias para los afectados y tenían una probabilidad mayor de dar justificaciones consecuencialistas. Además, observamos que auto-adscribirse una identidad fuerte (el responder que el ser de izquierdas, de derechas, católico o musulmán es importante para uno) es uno de los mejores predictores de tener actitudes no consecuencialistas.
Más allá del amplio apoyo de la población española a estas medidas, es llamativo el porcentaje de apoyo intuitivo dado hacia el anticonsecuencialismo. Un porcentaje no bajo de personas están dispuestas a apoyar en un primer momento medidas de permisión o prohibición independientemente de las consecuencias que dichas leyes tengan para las partes afectadas. Si pensamos en el reciente borrador de ley que eliminaba la Ética de la ESO este dato proporciona materia para reflexionar.
En esta próxima legislatura, ¿alcanzarán nuestros representantes políticos el acuerdo que la ciudadanía parece estar pidiéndoles?
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.The Conversationaquí