“Tenía tres años cuando aquello ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y la fusilaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre ya lo habían matado un mes antes. Siguen enterrados en fosas”, relata Antonio Narváez, de 82 años de edad.
“Ese día llevaban un camión lleno para el cementerio. Mi padre era uno de ellos. No había hecho nada. El alcalde del pueblo [en Huelva] nos intentó matar, a mi madre y mis hermanos. Yo tenía cinco meses”, cuenta Antonio Martínez, de 80 años.
Los crudos testimonios anteriores son parte de las historias que engrosarán la denominada “querella argentina” contra los crímenes franquistas. La declaración de estas dos víctimas quedará recogida este viernes 11 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 8 del Prado de San Sebastián en Sevilla y remitida a la causa 4591/2010 seguida desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Todo, a petición de la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso.
No es la primera vez que una sede judicial española se abre al único procedimiento penal abierto en el mundo que investiga posibles delitos de lesa humanidad desde la Guerra Civil hasta el final de la dictadura. En mayo de 2014 el juez Fernando Andreu abría la Audiencia Nacional por vez primera a testimonios de represaliados por el régimen de Francisco Franco.
Antes de la toma de declaración conjunta de Andreu y Servini en Madrid, la propia magistrada había asistido a procedimientos similares en País Vasco y Andalucía. La delegación argentina, de viaje entonces en España para indagar y nutrir de testimonios la causa abierta en su país en aplicación de los principios de justicia universal, visitó además el Archivo Histórico Nacional y la Dirección General de Seguridad (DGS), centro de detención y tortura durante el periodo dictatorial y sede actual del Gobierno de la Comunidad madrileña.
“Nos acercamos al fin de la impunidad”
“Los jueces españoles están prestando plena colaboración a la solicitud argentina. Esto es una pauta de que algo profundo está cambiando. Nos acercamos cada vez más al momento del fin de la impunidad”, declaraba entonces uno de los abogados de los querellantes, Carlos Slepoy. “Son pasos muy importantes”, destacan ahora desde la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina (PaZ), que condena que el Gobierno de España “no aplique las recomendaciones” de Naciones Unidas.
Antonio Narváez Hernández y Antonio Martínez Fernández enfrentan “con muchos nervios” la comparecencia este viernes. Ponen sus dramas familiares en manos de la justicia, casi ocho décadas después de aquellos asesinatos perpetrados por golpistas en Marchena (Sevilla) y Escacena del Campo (Huelva), respectivamente. Los restos reposan en fosas comunes desde entonces.
Enrique Narváez Borrego y Concepción Hernández García tenían ambos 32 años de edad cuando fueron muertos a balazos. “A mi padre lo mataron el 21 de julio de 1936, fue de los cuatro o cinco primeros que cayeron en Marchena. A mi madre se la llevaron un mes después y nunca volvimos a verla”, cuenta Antonio Narváez a eldiario.es desde su casa en el barrio sevillano del Cerro del Águila.
Recuerda “algunas imágenes” de aquel traumático episodio que marcó su vida. Antonio es ahora octogenario y sigue buscando “justicia”. “A ver si puedo juntarlos a los dos y darles un entierro digno, lo que no tuvieron en su día”, subraya. Está “nervioso” ante una comparecencia judicial que significa “muchísimo”. “No se puede hacer una idea del estado de nervios que tengo, pesa mucho afrontar estas cosas casi 80 años después”.
“De un culatazo, le partieron los dientes”
Antonio Martínez, por su parte, perdió a su padre en la matanza fundacional del franquismo. A Manuel Martínez Domínguez le faltaba un día para cumplir 35 años cuando fue asesinado, el 19 de agosto del 36. “Era un hombre independiente que no estuvo metido en ningún problema ni estaba afiliado a nada aunque es razonable que fuera de izquierdas”, narra su hijo.
“Estaba durmiendo la siesta después de comer en casa de mis abuelos, en Escacena, cuando aparecieron cinco fascistas del pueblo. Lo metieron en el calabozo y estuvo diez días encarcelado. El primer día, de un culatazo, le partieron los dientes”. Luego “lo mataron”. Ese día, refiere Antonio, “era un camión entero lo que llevaban, lleno de personas”, hasta la tapia del cementerio de Sevilla. “Allí hay miles de personas y él está en una de las fosas, en la que le dicen el campo de fútbol”.
La masacre familiar estuvo a punto de culminar en el asesinato de “mi madre, Antonia Fernández Reinoso, y mis hermanos. Éramos cuatro, ninguno fuimos más al colegio”, cuenta. “Estábamos marcados por ser hijos de comunistas o rojos, todo se hizo muy complicado. Yo he estado desde los seis años trabajando en el campo, cazando gorriones o guardando cochinos”. Antonio, décadas más tarde, tiene claro algo: “Es necesario que haya justicia, no pido nada más, que haya justicia y se sepa lo que ocurrió para que no se repita”.