“Ya está firmado”, confirma con satisfacción Alfredo Mángano, secretario del Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires y mano derecha de la magistrada María Servini de Cubría en la causa que persigue los crímenes cometidos durante el franquismo. Se refiere a la petición formal de extradición para los exagentes imputados por un delito de torturas, un delito que en el Código Penal argentino está castigado con penas de 8 a 25 años de prisión. El documento está en manos de la cancillería argentina, que a su vez lo trasladará a la española. La vía diplomática es el cauce habitual para este tipo de solicitudes.
Ahora España deberá decidir si accede a que el expolicía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar sean trasladados a Argentina para ser juzgados. Los otros dos imputados en la causa, el también expolicía Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte, han fallecido. Sin embargo, también se les pedirá la extradición. “Recibimos un papel en el que dice que han muerto, pero ningún documento que lo acredite, así que tenemos que hacerlo de esta manera”, explica Mángano.
De momento, al juzgado argentino ha recibido una comunicación del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –la respuesta a la solicitud de Interpol Nº AG 210-resolución-10– en la que simplemente señala que dos de las personas de las que se había pedido la detención no están vivas, y que a las otras dos se ha decidido no detenerlas amparándose en su derecho de no tramitar la petición de Interpol. De modo que es probable que todavía falte por llegar un documento más completo. Pero en Buenos Aires aseguran que no están dispuestos a aguardar para dar el próximo paso. “El último exhorto que hicimos para recibir información para la causa se pasó un mes en la cancillería española. Lo sabemos por los sellos de entrada y salida. Así que no nos vamos a sentar a esperar a que llegue”.
En el ministerio de Justicia aseguran que la documentación (incluidas las partidas de defunción, cuya obtención, explican, retrasó varios días el trámite) salió de allí la semana pasada. En Exteriores no han podido confirmar que ya se haya enviado, pero explican que a veces los procedimientos y las rutinas que se siguen llevan su tiempo. Y destacan que en el caso de Argentina “la colaboración es máxima”. Fuentes del ministerio apuntan que con los recortes los envíos por valija diplomática han pasado de ser semanales a realizarse cada 15 días.
“La Ley de Amnistía es lo que nos abre la puerta”
Pero al otro lado del Atlántico esa “colaboración máxima” no se ve como tal. “En todo este proceso la Justicia española ha tomado todas las medidas dilatorias que estaban en su mano. Está claro que no les quieren juzgar allí, y tampoco han mostrado nunca la intención de facilitarnos el trabajo”, aseguran fuentes del juzgado de Servini. Y recuerdan como anécdota que la respuesta oficial al exhorto de información fue “una serie de papeles sin membretes ni sellos oficiales y de valor legal nulo”. Mángano confirma que de muchas de las decisiones que se toman en España sobre este caso se enteran por la prensa.
“Parece que el juez [Pablo Ruz] requiere mayor cantidad de elementos en nuestra solicitud. Es difícil que tenga pocos elementos con el auto que le hemos enviado”, reflexiona Mángano. Y respecto a la necesidad de la detención preventiva que solicitaba Argentina y que finalmente Ruz rechazó, sostiene: “Nuestros argumentos son más que suficientes. Y no nos vale la excusa de que esto ocurrió hace mucho tiempo. La urgencia viene dada por la gravedad de los delitos”.
Ruz ha seguido el criterio del Fiscal General del Estado, Carlos Bautista, que consideró en su escrito que el tiempo transcurrido desde que se cometieron los crímenes, la Ley de Amnistía de 1977 o el arraigo de Muñecas y “Billy el Niño” son razones para oponerse al arresto. Este cargo es de designación directa del Gobierno, aunque formalmente su criterio debería ser independiente del de Moncloa.
“Apelar a la Ley de Amnistía es un argumento muy fácil de rebatir, porque es precisamente lo que nos abre la puerta a actuar en este caso”, explica Mángano. Se trata de crímenes de lesa humanidad sobre los que puede aplicarse el principio de justicia universal si el país en el que se cometieron los delitos no puede o no quiere juzgarlos. La amnistía de ningún país puede pasar sobre el derecho internacional. En Argentina nos pasó con las leyes de punto final y obediencia debida, que se derogaron. Al final es una decisión política“, afirma.
Los delitos de lesa humanidad tienen un estatus jurídico diferente. No prescriben y pueden investigarse en cualquier momento. “Tenemos la tranquilidad de la fundamentación. Esto no es una causa improvisada. Se ha documentado y fundamentado a conciencia y tiene argumentos muy sólidos”, opina este secretario judicial argentino.
El procedimiento que viene
Una vez que la comunicación de la cancillería argentina llegue a la española, ésta la trasladará al Ministerio de Justicia. Y será el Consejo de Ministros quien haga una primera valoración y decida, basándose en su interpretación del acuerdo de extradición bilateral de 1987, si es pertinente seguir con el proceso –“dar continuidad a la extradición”– y pasar el caso a la Audiencia Nacional. Si el Gobierno de Rajoy dice que sí, un juez tomará la determinación de permitir o no que los exagentes acusados de torturas sean juzgados en Buenos Aires. Si dice que no, ahí se acaba la historia.
Otro asunto es la imagen internacional que dé España con su decisión. Asociaciones pro derechos humanos, juristas y hasta una comisión de la ONU han recordado reiteradamente al Gobierno español que, de acuerdo con los tratados internacionales que ha suscrito contra la tortura y por la trayectoria de apoyo a la justicia universal por la que se ha caracterizado el país –que llegó a pedir la detención de Augusto Pinochet y ha juzgado a militares represores argentinos–, debería colaborar con la justicia de ese país sudamericano o, en su defecto, iniciar un proceso contra los acusados por torturas durante la dictadura franquista.
Mientras tanto, en Buenos Aires ya piensan en los próximos pasos. Independientemente de lo que decida España, seguirán con la investigación y adelantan que, con el tiempo, llegarán nuevas imputaciones que pueden volver a poner en una situación incómoda al Gobierno de Mariano Rajoy. Uno de los señalados en la causa es el exministro franquista José Utrera Molina, suegro del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.