El arquitecto que asegura que exhumar a Franco es un peligro para las personas fue un alto cargo de Esperanza Aguirre
Enrique Porto Rey, el arquitecto que firmó el informe utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación de Francisco Franco por supuesto peligro físico en el Valle de los Caídos fue un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid entre 2003 y 2006. Y tuvo su propio caso judicial: el caso Porto.
“Este informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”. El arquitecto aparece en el listado de peritos judiciales del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Enrique Porto Rey fue nombrado director general de Urbanismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003 (también aparece como consejero de la sociedad Campus de la Justicia). En 2006, la Fiscalía le relacionó con una trama de corrupción urbanística. Debió dimitir. Su implicación legal quedó finalmente archivada.
Antes de llegar a alto cargo de Esperanza Aguirre, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, Villanueva de la Cañada o Majadahonda. Anticorrupción entendió que, al pasar al Ejecutivo regional, (la autoridad encargada de aprobar esos planes) maniobró en algunas ocasiones para que salieran adelante planes que favorecían a su antigua empresa e ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas.
Enrique Porto está relacionado con la ordenación urbanística de San Lorenzo de El Escorial ya que su antigua empresa Plarquin recibió el encargo de asistencia técnica para la redacción del plan en 2004. El arquitecto asegura por escrito que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio. Estas obras afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Y se reitera en conversación con eldiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.
De momento, sus conclusiones han servido para poner más trabas a la exhumación del dictador. Los recursos se han multiplicado y llegado a una decena de juzgados. Y todos han incorporado el análisis de Porto. El arquitecto avisa que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe, yo solo voy a acudir en el caso del recurso de mi cliente, que es la fundación”.
Autos contradictorios
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha explicado este miércoles que unificará criterios porque ya hay decisiones contradictorias: mientras el juez José Yusty Basterreche aceptó las tesis expresadas en este informe para suspender cautelarmente el curso de las obras, el magistrado Daniel Sancho Jaráiz, había estudiado ya varias demandas parecidas y las había rechazado.
Algo más de un año después de firmar su estudio, el exalto cargo político subraya que además del asunto de la seguridad, “lo más importante es que el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por esas normas. Se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores. Y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad. La obra tiene sus dificultades”.
El Valle de los Caídos es un bien protegido integralmente, según las normas urbanísticas del municipio donde se erige. A eso se ha agarrado Enrique Porto para asegurar que los trabajos para sacar a Francisco Franco alterarán “tanto el espacio, como la percepción del espacio que son los elementos a proteger y preservar”. Un encargo de análisis que le resultó “fácil” realizar. “No lleva mucho tiempo hacerlo. No hay que hacer pruebas, basta con revisar la normativa”. Así que a la fundación Franco el informe le salió económico: “Un trabajo barato. Muy barato”, admite Porto.
