La suerte está echada para el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. Su pésima gestión en el caso de abusos sexuales de Granada, actuando tarde y siendo dejado en evidencia tanto por las víctimas como por el mismísimo papa Francisco, ha decretado el final de su carrera eclesiástica, que se hará efectiva, según fuentes eclesiales, después de Navidad. El Papa llamó a Daniel en dos ocasiones, una el 10 de agosto, para pedirle perdón, y otra el 10 de octubre, para animarle a denunciar al comprobar que las sanciones del prelado eran netamente insuficientes.
La Santa Sede, descontenta de cómo se están realizando los procedimientos, ya tiene prácticamente nombrado a su sucesor, mientras que monseñor Martínez está “quemando sus naves” e intentando que el cese se convierta en un “traslado”. Esto es, que no sea prematuramente jubilado (tiene 57 años, y la edad canónica para dejar sus funciones son los 75), sino enviado a otra diócesis o a algún dicasterio romano. Fuentes cercanas aseguran que el prelado no quiere abandonar Granada derrotado, pero que aceptaría de buen grado un cargo en Tierra Santa (es un experto en estudios bíblicos).
Lo que parece claro es que la estrategia de defensa –postración ante el altar de la catedral incluida–, auspiciada por expertos en derecho y comunicación de Comunión y Liberación (el movimiento neoconservador al que pertenece), ha servido de poco al arzobispo, que ayer mismo se negaba a hablar ante los medios con esta críptica expresión literal: “No tengo nada que decir, ya lo comprendéis. Todo lo que tenía que decir está dicho. Pido para que todos lleguemos al cielo, todos los hombres, sin excepción”.
Sanciones para el 10% de la diócesis
Sea como fuere, lo cierto es que, paralelamente a la investigación judicial, Roma ha iniciado una investigación canónica, que apunta a fuertes sanciones para los sacerdotes implicados, que son bastantes más de los tres en principio detenidos. Al menos una decena de presbíteros de Granada –el 10% de la diócesis– podrían ser sancionados en un proceso sin precedentes en la historia reciente de nuestro país.
Tal y como informaba en su número de esta semana la revista Vida Nueva, el arzobispo de Granada ha quedado desautorizado a los ojos del Papa. Fuentes vaticanas, añade la publicación, consideran “poco habitual” que fueran dos jueces del Tribunal Eclesiástico de Valencia, y no del de Granada, quienes interrogaran tanto a la joven víctima como a sus familiares. “No se suele prescindir de que el obispo tenga la primera palabra en la investigación previa. Pero aquí vinieron de fuera”. Esta decisión estaba motivada porque uno de los imputados ejercía como vicario judicial en la archidiócesis andaluza.
Es la Congregación para la Doctrina de la Fe la que está llevando las riendas de la investigación, a través de la comisión de graves delitos, o Sección Disciplinar, formada por una docena de sacerdotes de diversas nacionalidades. Entre ellos hay uno español, que está siguiendo desde el principio el desarrollo de los acontecimientos. La cronología publicada por eldiario.es demuestra la tibieza y lentitud con la que el arzobispo de Granada trabajó para atajar los abusos y sancionar a los responsables. Esta tardanza podría haber motivado que los implicados, miembros del llamado 'clan de los Romanones', pudieran haberse desecho de pruebas y preparado su defensa con una antelación inusual en este tipo de delitos.
Un tribunal de expertos
El responsable de la investigación es el mexicano Pedro Miguel Funes, quien lleva desde 2001 ocupándose de la pederastia. Por encima está el promotor de justicia, el “fiscal” de Doctrina de la Fe, Robert J. Geisinger, nombrado por Francisco en septiembre y hasta entonces procurador general de la Compañía de Jesús. El anterior procurador general de los jesuitas, Robert W. Oliver, fue designado por Bergoglio como secretario de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, creada para estudiar cómo evitar los abusos y mejorar el trato a las víctimas. Esta es la comisión a la que el Papa habría invitado a formar parte al joven granadino.
Según algunas fuentes eclesiásticas, sería el propio Geisinger quien habría tomado las riendas del caso de Granada después de que Francisco pidiera al cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que comenzara a investigar. Lo hizo tras recibir la carta en la que la víctima le desvelaba su sufrimiento y aportaba las identidades de sus supuestos abusadores. Un primer informe de lo acaecido le habría sido entregado al Papa a finales de verano, antes de que llamara por teléfono por segunda vez al muchacho.
Una vez concluida la investigación previa, la Congregación para la Doctrina de la Fe decidirá si comienza un proceso canónico y dónde se lleva a cabo. En Roma no se da por descontando que el juicio vaya a tener lugar en la diócesis donde se ha cometido el delito, como es habitual. El haber echado mano de una instancia judicial externa en la fase inicial, como es el recurrir a los dos jueces valencianos, arroja dudas sobre la posibilidad de que el eventual proceso tenga lugar en Granada.
“En el derecho eclesiástico no se le hacen descuentos a nadie. Si un obispo no ofrece confianza, se puede acudir a otro tribunal”, señala una fuente vaticana. Otro eclesiástico con experiencia en estos casos, y que pide igualmente mantener el anonimato, asegura que siempre se intenta “evitar el escándalo”, lo que podría llevar a que el proceso sea en Roma.
El juicio concluiría con una sentencia, tras la cual las partes podrían apelar. El recurso sería estudiado por un nuevo organismo, el grupo de siete cardenales y obispos creado por Francisco a principios de noviembre para agilizar las apelaciones en los casos de abusos.