Más de 300 asociaciones piden al Gobierno que ilegalice las agencias de gestación subrogada y su publicidad
Más de 300 organizaciones, unidas en torno a la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV), piden al Gobierno la clausura e ilegalización de las agencias de gestación subrogada que operan en España así como de la publicidad con la que difunden su actividad. En una carta registrada este martes ante los ministerios de Igualdad, Exteriores y Sanidad, la RECAV exige al Ejecutivo que aproveche la intervención del presidente Pedro Sánchez ante la asamblea de Naciones Unidas a finales de septiembre para exhortar a los estados a trabajar en una alianza para prohibir los vientres de alquiler.
“El alquiler de vientres (también conocido como ”subrogación“ o ”maternidad subrogada“) es una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores. Es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial”, dicen en la carta. La RECAV asegura que esta “explotación reproductiva” reporta millones de euros a las clínicas y agencias de intermediación.
La gestación subrogada es una práctica prohibida en España, pero en nuestro país sí operan agencias intermediarias que facilitan a quien así lo quiera el acceso a esta práctica en otros países. Las organizaciones quieren que el Gobierno dé un paso más y que ilegalice y prohíba agencias, clínicas y todos “los negocios de la industria del alquiler de vientres” así como su publicidad.
Otra de las polémicas -que ha quedado patente con el reciente caso de las familias bloqueadas en Kiev- es que, aunque esta práctica no esté permitida, sí se permite de facto que las familias que acuden a la gestación subrogada en otros países inscriban a estos menores en el Registro Civil español. La Red recuerda a los estados que no pueden permitir el traslado internacional de menores nacidos a través de vientres de alquiler ni su inscripción ya que eso supone alentar un “fraude de ley” de sus propias normas y avalar una práctica “que conculca los derechos humanos de mujeres y menores”.
“Demandamos a todos los estados y gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional, con la colaboración estrecha entre gobiernos y un papel activo de embajadas, consulados, policías y sistemas judiciales”, dicen su carta a los ministerios correspondientes.
Acusación contra dos agencias de la ONU
Las organizaciones acusan, además, a dos agencias de las Naciones Unidas de alentar la legalización de la gestación subrogada altruista, una fórmula que, aseguran, es imposible. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) son las agencias señaldas, además de UNICEF que, subrayan, está apoyando la legalización “de forma implícita al asesorar a los gobiernos para que realicen procesos de adopción con los menores nacidos a través de esta práctica”. La RECAV pide a los estados miembros que consideren sus aportaciones económicas a estos organismos.
La subrogación 'altruista', defienden, no puede existir puesto que se trata de una práctica que exige “la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos fundamentales y que establece compensaciones económicas”. “La práctica del alquiler de vientres es más bien una práctica ”mezquina y egoísta“ que tiende a conformar un sistema de ”criadas reproductivas“ y convierte a los menores en objetos reproductivos de compraventa a la carta”, prosiguen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá ante la Asamblea de Naciones Unidas a finales de este mes. La RECAV pide a Sánchez y a todos los jefes de estado y de gobierno que aprovechen el encuentro para pronunciarse a favor “de la prohibición global del alquiler de vientres”.
