Tras años de padecer el ahogo impuesto por la falta de financiación y recursos, los ojos están ahora puestos en la Atención Primaria. El Gobierno ha señalado a los centros de salud como elemento clave para controlar la epidemia de COVID-19 una vez se inicie el desconfinamiento generalizado. La pieza clave en la desescalada.
“Tengo que deciros que, desde el punto de vista de la Administración Central, será uno de los elementos fundamentales para definir y decidir qué desescalada se hace en cada uno de los territorios”, les dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo pasado a los presidentes autonómicos. Sin embargo, la Atención Primaria ha encadenado casi una década de inversión pública estancada. El gasto real realizado por las comunidades autónomas en 2018 (últimas cuentas consolidadas del Sistema Nacional de Salud) y pesar de haber recuperado algo de terreno, fue menor que en 2009: 9.137 millones de euros, contra los 9.317 de hace casi diez años.
De esa manera, en ese periodo se restaron algo más de centenar de consultorios locales. Los centros de Atención Primaria pasaron de 10.184 a 10.067. La caída de inversión “a niveles difícilmente soportables” se ha traducido en “cargas de trabajo desmesuradas, acumulaciones diarias por falta de sustituciones, consultas masificadas y esperas excesivas”, ha analizado la Organización Médica Colegial.
“Nos pasan la mano ahora cuando nos necesitan después de habernos tenido invisibilizados”, reflexiona la doctora Mar Noguerol que ejerce en un centro de salud de Fuenlabrada (Madrid) y actúa de vicepresidenta de la Asociación de Facultativos Especialistas Afem. Esta noción de desamparo está respaldada por los datos.
En España, las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar este servicio al ostentar las competencias de sanidad. Ellas deciden cuánto, cómo y adónde dedican los recursos. Su gasto para la atención especializada hospitalaria multiplicó por 4,5 el de Primaria: 41.395 millones de euros.
“Hemos estado atendiendo la COVID-19 desde el principio. Hemos reconfigurado los centros de salud para atender la pandemia. Hemos atendido por teléfono casi todas las patologías porque lo presencial se ha centrado en la COVID-19: para hacer diagnóstico precoz, para remitir a los hospitales, para seguimiento de casos leves a domicilio y para seguir las altas hospitalarias, que siguen necesitando atención”, defiende Noguerol. Mientras, el macrohospital de campaña del IFEMA en Madrid se nutría en buena parte de sanitarios de atención primaria a costa de cerrar provisionalmente hasta 46 centros de salud.
La prioridad, o no, que le han ido otorgando a lo largo de la última década a esta área sanitaria que deberá funcionar a plena potencia para permitir el regreso a la actividad económica y social más normalizada, ha derivado en que España, en general, esté en la parte retrasada de la Unión Europea en cuanto a recursos de Atención Primaria.
El país cuenta con entre 35.000 y 36.000 médicos de familia (sumando facultativos para adultos y pediatras), lo que supone unos 7,6 profesionales por cada 10.000 habitantes. La media Europa ronda los 9,3. De hecho, hay 17 estados de la UE que presentan mejores registros. Por encima de todos está Portugal, que tiene 26,2, según los datos de Eurostat. Con la enfermería ocurre algo parecido. Unas 30.500 sanitarias: 6,8 por 10.000 ciudadanos cuando en Europa se va a los 8,8.
En abril del año pasado, el Ministerio de Sanidad publicó una Estrategia para la Atención Primaria en la que se marcaba un tope de 1.500 personas por médico de adultos y 1.000 menores por pediatra para el año 2022.
La situación no ha pasado desapercibida. La OCDE analizó en su informe Panorama de la Salud 2018 que, hasta el 20% del gasto sanitario en Europa se desperdiciaba por, precisamente, la falta de inversión en Atención Primaria y medicamentos genéricos. España podría ahorrarse el 6,3% de los ingresos hospitalarios si revirtiera esa situación, calcula el organismo. “Muchos se presentan en los hospitales porque la Atención Primaria no está disponible”, explicaron.
Pero, además, el deterioro de la medicina de familia ha ido escalando de manera que, durante 2019, se ha generado una nueva fase: profesionales que abandonan el trabajo ante la imposibilidad de dar un servicio adecuado. Se han producido casos como en Burgos, donde tres médicas renunciaron a sus trabajos como protesta por la orden de la Junta de realizar guardias tras las jornadas ordinarias. Poco antes, 22 jefes de centro en Vigo también dejaron el puesto.
En mayo de 2019, los centros de salud de Madrid fueron llamados a la huelga. Al mes siguiente ocurrió lo mismo con los gallegos. También los facultativos de Euskadi pararon para demandar una reducción de la sobrecarga asistencial en los centros. En octubre de 2019, el turno de las protestas llegó a la medicina de familia de Andalucía.
Más personal para controlar la COVID-19
“Al final, la pandemia se tendrá que gestionar como una enfermedad comunitaria”, reflexiona el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Salvador Tranche. Así, la identificación de un caso, el diagnóstico y el rastreo de sus contactos partirá desde los centros de salud. Para Tranche, médico en un centro de Oviedo, cuando se levante el confinamiento será crucial “el control rápido y lo más cerca posible del nuevo positivo y para eso los más adecuado son los centros de salud”.
Este facultativo tiene claro lo que necesita la Atención Primaria para cumplir este papel: capacidad para diagnosticar con test y más medios. “Y en Primaria eso significa, sobre todo, recursos humanos. Si hasta ahora habíamos padecido falta de inversión…”.
Durante la nueva fase, los médicos comunitarios aguardan una oleada de presión asistencial. Una buena parte de las 77.000 altas registradas son, en realidad, convalecientes que precisan un seguimiento, al menos, de 14 días. “Y calculamos que habrá otras 100.000 más”, dice Tranche. A eso habrá que sumarle “todas las patologías crónicas cuya atención presencial ha estado hibernada” mientras el sistema se volcaba en la COVID-19, indica este médico: hipertensión, diabetes, patologías respiratorias… Tranche añade que debe reforzarse la seguridad de los profesionales para esa etapa: “Pedimos que los domicilios de los pacientes se consideren lugares de riesgo, lo que implica que se nos dote de protección”.
Todo ese volumen llegará a los centros de salud que han acumulado la falta de recursos. Durante 2019, médicos de Primaria de Andalucía, Galicia, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid o Euskadi protestaron contra sus gestores con una idea común: tener por lo menos 10 minutos para atender a cada paciente.