Los médicos de Atención Primaria y de familia han recibido con inquietud la noticia de que el Gobierno se plantea considerar baja por incapacidad el acompañamiento de los padres a sus hijos cuando deban guardar una cuarentena porque un compañero de clase o un profesor haya dado positivo por COVID-19. Sin cuestionar la necesidad de que se otorgue una ayuda económica a quienes tengan que faltar a su trabajo por estos motivos, piden que se busquen mecanismos distintos y que no se les siga cargando de labores burocráticas que ya ocupan un tercio de su trabajo, y que se restan a la posibilidad de estar atendiendo enfermos y de contener los brotes epidémicos. Situación que agrava las carencias de personal que padece el colectivo.
“Un 87% de los pacientes de la primera oleada de COVID no tuvieron que ir al hospital. Si dejamos de tratarles porque físicamente no podemos, acudirán a urgencias y vendrá la saturación”, advierte el doctor José María Molero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
Por eso, afirma que “usar buena parte del tiempo de profesionales sanitarios para tareas que se podrían solucionar por otros cauces no tiene ningún tipo de justificación” y cree que el Gobierno no es consciente de que este tipo de decisiones tienen “muchas consecuencias” de cara a la organización de una consulta de Atención Primaria.
Como alternativa a las incapacidades temporales, proponen que se amplíen los permisos regulados y retribuidos para atender a menores enfermos, que en la actualidad están dirigidos a enfermedades graves (Real Decreto 1148/2011). Para el caso de los cuidados a niños que empiecen a dar síntomas en casa, y para cuyos padres el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también habló de baja laboral, sugieren la autodeclaración de enfermedad y alta. Esta opción creen que debería aplicarse a otras dolencias, como catarros y diarreas, en los que los enfermos no suelen acudir al médico por su clínica (son procesos que duran de cinco a siete días y que no se suelen medicar) sino a por la baja médica. “Hay mecanismos o filtros para evitar posibles abusos”, señala Molero.
También aboga por una menor frecuencia en los partes de baja en enfermedades de larga duración o cirugías. Y creen que debería ampliarse el uso de la receta electrónica (que definen como la medida más eficaz contra la burocracia en Atención Primaria de los últimos años) a toda la población. En la actualidad hay alrededor de un 5% de los pacientes (extranjeros que no disponen de tarjeta sanitaria convencional) que carecen de este sistema que permite al facultativo emitir y transmitir prescripciones por medios electrónicos.
Este exceso de papeleo debido a las recetas y la tramitación de las bajas que los médicos de Primaria llevan años denunciando se ha visto agravado en el peor momento, cuando la crisis sanitaria ha hecho más necesarios los controles y chequeos puramente médicos, y en el momento en el que los sanitarios denuncian una situación de agotamiento y de carencias de personal. Según cálculos del sindicato CSIF, hay un déficit de más de 6.000 efectivos sanitarios (de todas las áreas, incluidas residencias de ancianos) respecto al año pasado y las contrataciones han sido insuficientes en todo el país.
Problemas por todo el país
Los problemas en la medicina de familia agravados por la COVID se extienden por España. En la Comunidad de Madrid, un grupo de médicos (“Atención Primaria se mueve”) prepara una demanda colectiva para su inminente presentación. Pretenden denunciar judicialmente todas las “injusticias y carencias” que afectan al ejercicio médico, agravadas por la epidemia. Mientras, en Castilla y León los facultativos se han declarado “impotentes, desbordados y saturados” en una carta a la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León. También el Consejo de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha acaba de emitir un duro comunicado para reclamar a la Junta soluciones urgentes para la Atención Primaria. La situación de “colapso” en Cantabria ha llevado al personal sanitario a reconocer la dificultad para prestar el servicio a los pacientes “con garantías”.
“En Madrid estamos desbordados”, explica Molero, y la situación va a ir a peor. “En octubre-noviembre habrá más cuadros respiratorios por otros virus, con lo que tendremos más saturación. Aunque bajara el pico de coronavirus, en Primaria nos va a dar igual, porque en cualquier cuadro que venga con infección respiratoria le vamos a tener que hacer PCR. Incrementar nuestro trabajo con este proceso burocrático para hacer algo que por normativa podrías modificar no es de recibo”, insiste.
El 90% de las agendas dedicado a la COVID
Según relatan estos facultativos, el 90% de sus agendas está dedicado a la nueva pandemia, tanto en la detección como en el rastreo de contactos, seguimiento y cura de las dolencias. “Debería haber un teléfono de asesoramiento con rastreadores reales. Esas personas que a mí me llaman con síntomas o por haber estado en contacto con positivos llamarían a ese teléfono, les dirían si es contacto de riesgo y les darían cita en centro de salud para hacer la PCR. Pero eso no existe”, lamenta. En su lugar son los propios médicos los que se dedican a preguntar por convivientes y citar a los eventuales contagiados, asegura. No obstante, Molero separa las labores de rastreo de las puramente burocráticas.
La doctora Miren Goñi, que trabaja en la sanidad pública vasca, añade que con la COVID los médicos de Primaria además han asumido muchas tareas. Recientemente, la gerencia les ha pedido que certifiquen qué profesores no están en condiciones de dar clase durante la pandemia por problemas de salud anteriores, una labor que a su juicio correspondería a médicos de empresa.
En cuanto a la atención telefónica, que se ha generalizado en esta crisis, a su juicio funciona para un determinado tipo de pacientes, pero no para por ejemplo quien tenga problemas de audición o comprensión por algún motivo, o personas que necesiten que les impriman los tratamientos. “Ves en sus caras si te han entendido o no”, afirma, algo que por teléfono resulta imposible. Sobre este tema, el doctor Molero opina que es imposible ahora mismo juntar en el centro de salud a todos los pacientes: “Se convertiría en un foco de contagio inasumible”. Por eso, suelen dejarse huecos para atender presencialmente a las personas que por la conversación telefónica parezcan necesitarlo, explica.
Goñi confiesa que tiene la sensación de estar desatendiendo a enfermos crónicos con otras patologías. “Aquí no se suple ni una baja” de compañeros médicos, asegura.