Una causa de ida y vuelta. El juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que imputó a los 35 detenidos en la manifestación del 25-S por resistencia, atentado y delitos contra las instituciones del Estado, se ha inhibido ahora a favor de la Audiencia Nacional, según un auto dictado esta mañana. La decisión del juez resulta chocante una vez que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidiera el pasado día 27 devolver la causa a los juzgados ordinarios, tras valorar que los delitos de los manifestantes se limitaban a “atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos”.
Sin embargo, el juzgado de instrucción valora que la convocatoria del 25-S “se exigía un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar el proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica y social”. Añade que algunos de los asistentes a la concentración intentaron rebasar el perímetro de vallas que rodea el Congreso e impedir la salida de los diputados, enfrentándose con la policía.
El auto concluye que los hechos podrían encuadrarse en un presunto delito contra las Instituciones, penado con hasta cuatro años de cárcel. El siguiente movimiento es de la Audiencia Nacional.