Augusto Vitale: “España necesita dar una respuesta a un aspecto tan normalizado como el uso de cannabis”

Augusto Vitale está convencido de que la regulación del cannabis es inevitable. Y no es cualquier persona opinando sobre el tema. Vitale es el exdirector del Instituto de Regulación de Control de Cannabis de Uruguay (IRCC) y uno de los impulsores de la ley que legalizó el consumo “de uso adulto” en su país. Sabe de lo que habla. “Si se archiva este debate [en España] se está perdiendo tiempo en una tendencia que se está dando en sociedades que hacen autocrítica de sus políticas de drogas frente a otras que no”, advierte. “Alemania lo hace ahora [en alusión al nuevo gobierno germano, que acaba de acordar la legalización integral], Canadá lo hizo. Nosotros tuvimos que cambiar también”, explica este psicólogo de formación.

Vitale llegó a Madrid el pasado viernes para participar en las jornadas de presentación de la ley de regulación integral que Unidas Podemos ha registrado en el Congreso que se celebrará este lunes y contar la experiencia uruguaya, que no fue fácil en su arranque pero se ha ido asentando. “La opinión pública en el momento se quedó shockeada”, concede Vitale, “cuando se aprobó [la ley uruguaya, en 2013] había un 20% de apoyo, pero José Mujica [el expresidente que impulsó la normativa] tuvo una impresionante voluntad política y unos años después el apoyo ha crecido por encima de la mitad de la población”, explica.

La normativa uruguaya se realizó bajo el espíritu “de la restricción” y de poder llegar a las personas que ya estaban consumiendo cannabis, especialmente los llamados consumos problemáticos, pero que no tenían dónde acudir para recibir ayuda. “Mujica lo explicaba todo el tiempo, que esto no se hacía para dar acceso al cannabis a nadie, sino para atender a los que se pasan” con su uso, cuenta Vitale. Durante la conversación, casi independientemente de la pregunta, este experto volverá recurrentemente a términos como “reducción de daños” y “acceso a la sanidad”.

Porque, guste o no guste, el cannabis es una realidad. “Hay un riesgo mayor cuando el cannabis está en la calle o en lugares oscuros, cuando hay una gran normalización o acceso, que en ponerle reglas, que haya un instituto de control, que se penalice a quien haga un mal uso y que participen también actores a nivel empresarial”, reflexiona Vitale. El proceso en el país sudamericano no fue sencillo. “Hubo mucho diálogo con las instituciones, con la sociedad civil, hicimos 30 debates en cada ciudad capital y del interior, donde se escuchaban los parlamentarios a favor y en contra”, recuerda.

Este proceso contrasta con la situación en España, donde pese a que hay abierta una subcomisión que previsiblemente acordará regular el cannabis medicinal –para el uso lúdico aún falta recorrido porque no tiene el imprescindible, según la artimética parlamentaria actual, apoyo del PSOE– el debate público brilla por su ausencia.

Tres vías de acceso

El fruto de todo aquel proceso uruguayo fue un modelo de regulación centrado en el usuario y que, resumidamente, contempla tres vías de acceso con precios de la marihuana establecidos por el Estado, y las tres requieren registrarse ante el Gobierno so riesgo de caer en la ilegalidad. Los consumidores pueden optar por el autocultivo, con un máximo de seis plantas por hogar, por abastecerse en clubes, que pueden tener hasta 99 plantas, y a través de la venta en farmacia, vía que habilita al usuario a comprar un máximo de 40 gramos de marihuana al mes. De momento, el acceso está solo permitido para residentes en el país, aunque Vitale explica que en este momento “se está estudiando un acceso para turistas” después de que durante los primeros años se temiera una especie de efecto llamada en la región por la legalización que no llegó a producirse, o al menos no en niveles alarmantes.

Pero lo importante, destaca Vitale, era llegar a los consumidores problemáticos que operaban en los márgenes del sistema. “El uso problemático de drogas se da cuando está estigmatizado y la persona siente que no puede acudir a resolver sus problemas ni a un policía ni a un centro de salud, y empieza una segunda exclusión o autoexclusión de los servicios disponibles”, expone. “Hubo mucho trabajo con esto, desarrollamos muchas estrategias que permitieron no ver a estas personas que usan drogas como personas a excluir, sino a explicar”. Se afrontó el problema desde varios ángulos, siempre con la idea de atraer a los consumidores. “Hubo un despliegue de centros de bajo umbral, de atención, escucha y tratamiento comunitario para usuarios problemáticos de droga, distinta de una atención sanitaria. Eso permitió vincular a mucha gente a los servicios de salud de mucha gente que antes no lo hacía”, relata.

Pero el cannabis no deja de ser una droga –igual que otras también legales, como el tabaco o el alcohol– que tiene efectos psicoactivos y puede provocar brotes psicóticos, sobre todo entre los jóvenes, se le objeta. ¿Cómo se afronta que el Estado ampare esto, especialmente un psicólogo como él?

“El uso problemático en general no supera el 10%, aunque eso no deja de lado que cada sustancia tiene sus riesgos y sus posibles daños, y el cannabis tiene un efecto psicoactivo probado y hay mucho que trabajar en el acceso de menores”, concede. “Se dedicó un capítulo entero al tema educativo. La sociedad de psiquiatría fue de las que más alertó de que en personas predispuestas puede generar efectos indeseados o generar crisis puntuales, pero también observaba que la oportunidad de manejar qué sucede cuando está regulado era una oportunidad muy buena. Una de las organizaciones más críticas con la ley valoró la oportunidad del debate y de ensayar una experiencia de regulación. Hay una complejidad que hay que atender para regularlo adecuadamente. Tiene que ser responsable, por eso no hay promoción, esto no es un objeto común del mercado”.

Y va más allá: “Incluso nos habría gustado que el alcohol fuera un objeto menos de mercado, rebajar la accesibilidad que hay al alcohol y el tabaco. No soy un cruzado, pero si sabes que la prohibición llevó a la guerra contra las drogas y que esta acabó siendo contra los usuarios...”, critica la política mundial de drogas desde que en los 60 la ONU incluyó el cannabis “sin ningún tipo de evidencia” entre las drogas más lesivas y sin propiedades medicinales.

Otro de los aspectos que se buscaban con la regulación era reducir el papel del narcotráfico, muy presente en el país y en la región y “que pone en solfa instancias de la vida de la gente con los ajustes de cuentas o las luchas por el territorio”. “El 80% del mercado ilegal de Uruguay era el cannabis”, explica Vitale. Con dos tercios de los principales consumidores “adheridos” al sistema, el mercado clandestino no ha desaparecido, pero sí ha sufrido un notable retroceso por la vía de ofrecer un producto de calidad, mejor que el llamado prensado del narco, que convenciera a los usuarios. “Con la calidad de lo que se ofrece en el mercado regulado se ha visto una mucho menor presencia del prensado, se ha observado un cambio de tendencia”, cierra, aunque admite que el narcotráfico no desaparece interviniendo solo sobre el cannabis mientras haya demanda de otras drogas.