Si hubo de verdad un tiempo en el que una ardilla podía cruzar la península ibérica de rama en rama sin tocar el suelo, la España actual está muy lejos de aquella imagen: autovías, vías de tren o presas han ido encapsulando los ecosistemas poniéndolos en riesgo de convertirse en islas –condenadas a menguar y desaparecer–. La fragmentación del territorio por infraestructuras es una de las principales amenazas naturales y Europa es el continente que presenta los mayores niveles de carreteras o vías férreas ejerciendo de muros entre hábitats.
España se encontraba en un nivel medio dentro de la muy fragmentada Unión Europea, según reveló un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente en 2011. Aun así, por el territorio cruzan 166.000 kilómetros de carreteras de los que 17.000 son de vías de alta capacidad (autopistas o autovías): el primer país de Europa. Además se le unen los 2.700 kilómetros de alta velocidad (segundo país del mundo) o las 1.000 presas que regulan los cursos fluviales. Los canales de riego son innumerables.
Todas esas infraestructura suponen cemento, acero, hormigón y asfalto que impiden la movilidad de la fauna. Y sin movilidad, se llega al empobrecimiento y la desaparición a largo plazo. Un ejemplo muy ilustrativo: las cifras de linces ibéricos atropellados y muertos en carretera cada año en su deambular. Es la principal causa de muerte no natural de esta especie estrictamente protegida y a la que se dedica un multimillonario programa de recuperación.
“Las infraestructuras se han ido proyectando sobre un mapa mudo y en blanco. Sin tener en cuenta por dónde pasaban”, explica el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo. Su organización ha hecho un estudio y propuesto 12 corredores naturales en la península que conectan áreas protegidas de la Red Natura 2000. “Unos corredores ecológicos que palíen la dramática fragmentación que ha se ha acelerado en España los últimos 20 o 30 años”.
Atender a este problema no es una opción. Es un mandato legal que debe llevar a cabo el Gobierno según indica la ley de Biodiversidad retocada en 2015. El texto conmina al Ejecutivo a crear y desarrollar una Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes. Y establece un plazo máximo de tres años que vence este 2018. “Debemos tenerlo en los próximos meses”, augura la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez quien explica que “ya se están aplicando estos criterios a la hora de proyectar infraestructuras”.
El estudio de WWF llega mientras el Ministerio de Medio Ambiente está redactando esa estrategia. “Autopistas salvajes”, lo denomina la ONG. Se trata de corredores por donde la fauna pueda desplazarse sin quedar varados por alguna construcción infranqueable: “El movimiento de las especies y otros flujos ecológicos a través de las diferentes zonas naturales o seminaturales”. Aunque las construcciones son la principal barrera, la degradación de hábitats (que los hacen inhóspitos) y la agricultura intensiva también ejercen de muro.
La idea es que la protección ambiental no se quede aislada en las zonas que han sido declaradas con alguna figura de protección (un parque natural, un parque nacional o una zona de especial consevación). “Debe ir má allá de esas fronteras para que sea efectiva”, resume el estudio. Esa interconexión es la que permite que los ecosistemas funcionen a largo plazo.
Los corredores que WWF ha remitido al Ministerio, según el análisis desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid, discurren por la cornisa cantábrica, por la cuerda de los Pirineos o por todas las sierras del litoral mediterráneo en el noreste. También se ha señalado la importancia de las sierras béticas como pasaje natural en el sur así como el Duero, el alto Ebro y el Sistema Central. Si se mira el mapa, se trata de conectar manchas verdes más o menos extensas de manera que la península no sea un mosaico aislado.