La intervención ha sido tan corta y contundente que ha finiquitado el debate de raíz pese a que a las dos partes les quedaba tiempo disponible. “Espero que me felicite”, le ha dicho el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, al concejal de Más Madrid José Luis Nieto Bueno, que viene denunciando la ilegalidad de la situación desde hace meses, “porque se ha dictado cese, clausura y propuesta de sanción de 60.000 euros”.
Con esta intervención del responsable de urbanismo el Ayuntamiento de Madrid concede la irregularidad de la construcción y anuncia que va a cerrar el Centro Deportivo Newman, un gimnasio privado construido en una parcela pública que fue cedida en 2003 durante 75 años a la Fundación Internacional para la Educación (FIE) para la construcción de un colegio privado con concierto, el J. H. Newman.
El centro educativo está construido desde 2005, pero se había dejado una esquina de casi 4.000 metros cuadrados de la parcela, que tiene un total de 19.127 metros cuadrados, sin construir. Hasta el año pasado, cuando empezó la obra de lo que acabaría siendo un gimnasio privado de la cadena Dos Deporte, cadena gallega que invirtió unos diez millones de euros en la obra. El gimnasio, abierto al público pero enmascarado como centro educativo porque lo iba a usar el alumnado del colegio, fue inaugurado el pasado lunes 16 de enero, pero ha estado funcionando sin licencia, según Madridiario.
En cualquier caso, ya no la va a necesitar: el consistorio ya les ha notificado el trámite de audiencia previo al cese de actividad. El centro deportivo, un negocio privado construido en suelo público cedidos para fines educativos a cambio de algo que ni la empresa ni el colegio han querido explicar a este periódico en las múltiples ocasiones en que han sido preguntados –hoy mismo la última, sin respuesta–, tendrá que cerrar.
El asunto viene coleando desde que hace meses se hizo público que la obra que estaba realizando el colegio tenía como fin crear un gimnasio privado. Esta construcción parecía incompatible con los usos previstos para este suelo en el acuerdo de cesión entre el Ayuntamiento y la FIE, realizado en 2003. El acuerdo contemplaba la creación de un centro de Infantil, Primaria y Secundaria en una parcela municipal que debe destinarse a dotaciones “de servicios colectivos educativos básicos”.
El delegado de Desarrollo Urbano explicó en junio, a instancias de Más Madrid, que en aquel momento no tenían constancia de que la obra se fuera a destinar a un gimnasio privado abierto al público, pero que estarían atentos al resultado final. “Se ha concedido una licencia de obras para la ampliación del centro docente, con nuevas aulas para distintas enseñanzas, instalaciones deportivas, piscinas y garaje aparcamiento”, explicó una portavoz entonces. “Por tanto, las obras de ampliación solicitadas son para la construcción de un edificio destinado al mismo uso dotacional [...], que es el uso calificado de la parcela”.
Fuentes explicó en una comisión de junio que la actividad que se desarrolla en la parcela debería ajustarse “en todo momento a las condiciones y al derecho de superficie que se concedió en la misma a favor de la Fundación Internacional de Educación. También deberá adecuarse a las condiciones de la licencia urbanística”, expuso, y aseguró que se vigilaría la construcción y que “si lo que se pretende es una actividad distinta a la educativa objeto de la cesión o de los usos asociados al funcionamiento de dicha actividad educativa, se pondrán en marcha todos los mecanismos de respuesta municipal”.
Dicho y hecho, una vez abierto el centro y constatado por el Ayuntamiento su uso irregular, se notifica y comienza el proceso de cierre.
Un centro polémico
El colegio J. H. Newman ha tenido más de un encontronazo con la administración en los últimos años. Ya la cesión del suelo fue un arduo proceso, según relataron los mismos promotores de la FIE, en el que tuvieron que recurrir a conocidos con capacidad de influencia.
El grupo, de marcado carácter religioso (John Henry Newman fue un santo británico que apoyó la vuelta del país al catolicismo), relata el largo proceso hasta que consiguieron la parcela, que ellos mismos habían elegido sobre plano. Contaron con buenos padrinos: en 2001 “se dio a conocer una carta del cardenal [monseñor Rouco Varela, en aquel entonces] al alcalde [José María Álvarez del Manzano] y otra de un diputado del Congreso [el también popular y hoy fallecido Juan Manuel Albendea] amigo del alcalde en la que le ruega que agilice o, al menos, que no paralice la cesión del terreno”, escriben los propios dueños en la memoria del décimo aniversario del centro.
La cosa funcionó y, tras algunos retrasos en la tramitación, el Ayuntamiento le acabó cediendo de manera gratuita la parcela que los propios dueños habían elegido sobre plano. La escritura pública de cesión gratuita se otorgó finalmente el 30 de abril de 2003, y dos años y medio después se obtuvo la de obra nueva. El centro nació con lo que el activista y profesor Enrique García llama “conciertos en diferido”: esa práctica, tan madrileña, por la que la Consejería de Educación le concedió el concierto educativo antes de su construcción, una praxis que la ley no contemplaba por entonces. Hasta que el Gobierno del PP lo legalizó en 2012 a través de su Lomce, los conciertos educativos solo se podían otorgar a colegios en activo, que ya funcionaran, nunca a priori antes de su inauguración. La nueva ley de educación, que ha entrado en vigor en enero de 2021, ha revertido esta posibilidad.
Otro episodio se vivió más recientemente cuando el colegio dispuso que otorgaría un punto extra en la matriculación a aquellas familias que donasen 1.800 euros a una ONG. Dicho de otro modo, favorecería la matriculación de las familias a las que sobraran casi 2.000 euros. La Comunidad de Madrid le obligó a “anular y suprimir de forma inmediata el referido supuesto aprobado por el centro para la adjudicación del criterio complementario en el proceso ordinario de admisión de alumnos para el curso 2022-2023”. Decía la Consejería de Educación que la práctica podría ser “una clara discriminación por motivos socioeconómicos y, por tanto, impedir el acceso en condiciones de igualdad”.