El Ayuntamiento de Madrid prepara una denuncia contra la PAH por responsabilizarle de un suicidio
El pasado martes, cientos de personas acudieron a la llamada de la PAH frente a la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) bajo el lema “No son suicidios, son asesinatos”. La plataforma ciudadana, respaldada en redes sociales con la etiqueta #EMVSasesina acusaba a dicha empresa y al Ayuntamiento de provocar el suicidio de una mujer de 45 años, que ocupaba la vivienda junto a su marido, tres hijos menores y dos nietos. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a eldiario.es que sus servicios jurídicos “están preparando una demanda contra la PAH” por las acusaciones vertidas contra la empresa municipal.
Este miércoles, el equipo de comunicación municipal había amenazado con denunciar también a los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos en general que en redes sociales hubieran dado la noticia vinculando la muerte con las decisiones de la EMVS. La denuncia finalmente se está preparando contra la PAH al entender que se trata del origen institucional de la acusación.
La mujer, residente del barrio de Carabanchel, había tomado la decisión de quitarse la vida tras recibir una carta del EMVS que indicaba la decisión de “no prorrogar la vigencia del arrendamiento” de su vivienda pública de alquiler social y renta antigua, que caducaba el 19 de octubre de 2013. También advertía que, de incumplirse el plazo, acudirían “ante los tribunales para asegurar la restitucion de la vivienda”.
La mujer vivía junto su marido, con el que tenía seis hijos. Tres de ellos, menores, vivían en la casa. También dos nietos que estaban a su cargo.
Recibió en su domilicio la carta el lunes. En ella se le informaba que el 19 de octubre se vencía el contrato de alquiler y que la EMVS había decidido “no prorrogar la vigencia del arrendamiento”. Y advertía que “si llegara la fecha indicada”, la empresa acudiría “ante los tribunales para asegurar la restitucion de la vivienda”. La fecha límite: 21 de octubre.
La familia, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno municipal, llevaba en la vivienda desde 1989, cuando pertenecía al Consorcio de la Población Marginada. Pagaba un alquiler de 69 euros. La PAH ha difundido un listado de impagados a nombre del marido de Amparo, José Carmona Amador, que suma 971 euros. Su familia asegura que tenían el dinero para saldar la deuda. El Ayuntamiento cifra la deuda en 2.284 euros de alquileres atrasados y 1.360 de gastos de comunidad. Y niega que hubiera una reclamación judicial por este dinero. De acuerdo con su vecino, los ingresos familiares, con cinco menores en la casa, eran escasos. Carmona trabaja como vendedor ambulante de fruta tres días a la semana.
Desde la PAH aseguran que llevan meses denunciando los desalojos acometidos por la empresa municipal de vivienda sin ofrecer otras alternativas. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento afirman que no se trata técnicamente de desahucios dado que no hay orden judicial ni sentencia condenatoria previa.
