Cuadro 1, fila 3, letra F (primer orden). Bajo esas coordenadas yace Teófilo Alcorisa en el Cementerio Civil de Valencia.
En 1947 la guerra civil no había terminado para él. Fuerzas franquistas buscaban a su hijo Pedro, convertido en guerrillero. No lo encontraron. Y Teófilo fue detenido. Murió ahorcado tras una semana de torturas en Arrancapins, un centro valenciano de detención. La familia Alcorisa intenta desde hace años exhumar sus restos, pero la dilación administrativa incluso les ha hecho perder una subvención estatal. El Ayuntamiento de Valencia accede ahora a hacerlo, pero “con trampa”: el Gobierno de Rita Barberá (PP) define la actuación como “trabajo arqueológico” y exige que los interesados cubran unos 45.000 euros en gastos.
La visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que conoció el caso, y la intervención del gabinete jurídico del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lograron cambiar la postura inicial del Gobierno municipal. En el pleno del 28 de febrero se daba vía libre a la labor exhumatoria. Aunque más tarde, el 30 de mayo, la Junta de Gobierno ponía condiciones para recuperar esos restos.
La familia denuncia una situación estancada. Acaban de acudir al Síndic de Greuges o Defensor del Pueblo valenciano, que en principio les ofrece apoyo. El tiempo pasa y de los cinco hijos del 'padre del guerrillero', quedan tres vivos. Entre ellos Pedro, de 93 años.
“Van poniendo pegas para hacerlo imposible, no podemos asumir esos costes”, afirma Pilar Alcorisa (73 años), hija de Teófilo. Iniciaron “esta lucha” en 2006. En julio de 2009 tenían todo preparado para proceder a recuperar el material óseo, que sería trasladado al camposanto de Burjassot. La Ley de Memoria les concedía una ayuda de 50.000 euros para ese fin que no se ejecutó por las “trabas” municipales. “Rita Barberá ya dijo que como no lo mandase un juez no había nada que hacer y sigue en esa idea”, subraya Pilar.
“Da igual que sea una víctima del franquismo”
“Se están haciendo los trámites administrativos normales, que son lentos”, indican fuentes del Ayuntamiento de Valencia a eldiario.es. Nada más, ningún tipo de información adicional sobre un caso que la alcaldía de Rita Barberá toma sin especial consideración. “Les da igual que sea una víctima del franquismo”, denuncia el coordinador del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, Matías Alonso.
En este proceso, continúa, el Gobierno local “tardó cinco años antes de decir nada concreto, dejando pasar el tiempo, y en 2010 ya les dijimos que era urgente porque se corría el peligro de perder la subvención, como así fue”. Ahora, precisa, “saben que no tienen posibilidad de costear ese dinero y en la práctica cierran la exhumación, nos encontramos de nuevo con una situación de bloqueo”.
Teófilo Alcorisa Monleón era vecino de Higueruelas, pedanía de Santa Cruz de Moya (Cuenca). La Guardia Civil lo detuvo en abril del 47. Si en aquel momento sabía o no el paradero de su hijo, miliciano, es una incógnita. Pedro, desde entonces, se siente culpable. Espera al menos, dice su hermana Pilar, “poder enterrarlo dignamente junto a nuestra madre”. “Están muy desilusionados”, ratifica Alonso, “y Pedro machacado, no esperaba este trato”. Mantienen en todo caso abierta la posibilidad del recurso a los tribunales por vía administrativa –complementaria a la judicial ya abierta– o presentar iniciativas en el Congreso de los Diputados.
“La ley no dice quién tiene que asumir los costes”
El PSOE valenciano tacha de “indecente” la decisión del Gobierno de Barberá. Se trata de un “tema ideológico claramente”, según el concejal socialista Salvador Broseta. El Grupo Municipal elevó a pleno una propuesta pidiendo que se autorizasen las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de Alcorisa. “Rectificaron”, apunta Broseta, “pero están fuertes porque la ley no dice quién tiene que asumir los costes”. De ahí la imposibilidad de exhumar, sostiene. “No dan ninguna facilidad y si pueden poner trabas, las ponen”, apostilla.
Es el único caso no resuelto de las 18 exhumaciones realizadas en la Comunidad Valenciana, algunas en localidades también gobernadas por el PP como Paterna o Segorbe. Ejemplo de lo que Naciones Unidas señaló como parte del deber del Estado, recuperar a los desaparecidos. El organismo es una de las esperanzas de la familia. También “la solidaridad mostrada por Baltasar Garzón”, añaden, cuyo gabinete trabaja en el proceso.
Y buscan apoyo popular en una petición en la red. Pilar Alcorisa se rehace, con dificultades, para añadir una última frase: “En muchos momentos nos encontramos impotentes, pensamos que nos iremos sin poder conseguir este objetivo de recuperar a nuestro padre, pero aunque lo vemos muy complicado seguiremos luchando”.