Cuando la recuperación de la memoria histórica baja a la calle, a la tierra, al cementerio o a la fosa, acaba topándose con la ventanilla de un ayuntamiento. Ese ha sido el reciente caso del pueblo leonés de Villadangos del Páramo, que trasladó a su concejo vecinal la concesión del permiso a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de excavar en el cementerio una fosa común en la que se presume que hay unos 70 cuerpos. El pueblo dijo no, pero el vicepresidente de la Junta de Castilla y León se personó el pasado lunes en el pueblo para zanjar el asunto y activar la exhumación de inmediato.
El nuevo modelo de memoria en el que trabaja la Secretaría de Estado de Memoria Democrática articula su gestión en los diferentes niveles de estructura del Estado, desde el estatal al municipal, en línea con lo que ya dibuja la futura Ley de Memoria Democrática, que está en fase de tramitación parlamentaria. Los ayuntamientos ya tienen en su mano la manera de abordar la memoria, aunque podrían haberlo hecho anteriormente, con voluntad y presupuesto propio, lo cual es difícil en el caso de consistorios pequeños. Todas las administraciones tendrán que cumplir con la política pública de búsqueda de fosas, tanto de manera directa como indirecta, colaborando y financiando a las asociaciones que presenten proyectos para realizarlo.
Sin necesidad de esperar a esta ley y basándose en la Ley de Memoria Histórica de 2007, esta articulación a nivel municipal ha comenzado en octubre de 2020 con la transferencia de 750.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para los trabajos técnicos de investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas. Con ese dinero, la FEMP financió 92 actuaciones, la mayor parte de ellas, exhumaciones y, en su mayoría, en cementerios.
Los 92 ayuntamientos pertenecían a todas las comunidades autónomas salvo cinco: Cantabria, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja. Por ejemplo, los restos de 10 mujeres en la fosa del cementerio de Farasdués (Ejea de los Caballeros, Zaragoza), con la iniciativa del concejal que había escrito un libro al respecto y realizada por la Asociación Charata de Recuperación de la Memoria Histórica y el Colectivo de Historia y Arqueología Memorialista Aragonesa (CHAMA).
En ese momento, la ARMH, que lleva 20 años realizando exhumaciones y es una de las principales entidades memorialistas, planteó sus temores a este trasvase de responsabilidad a los ayuntamientos. Su portavoz, Bonifacio Sánchez, calificó de “despropósito” que “dependa de la voluntad de cada ayuntamiento”. Sánchez no dejó de pasar por alto que la FEMP está presidida por Abel Caballero, también alcalde de Vigo, “que se niega a cumplir la Ley de Memoria Histórica en su propia ciudad”, dijo. Caballero recurrió en 2014 una sentencia judicial para la retirada de la Cruz do Castro, un monumento franquista. Este fue el propósito que estuvo años persiguiendo, social y judicialmente, la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, sin conseguirlo; la cruz sigue en pie. De igual manera, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, explicó recientemente que se trata de “un mecanismo que va a generar discriminación entre familias que sí van a tener apoyo municipal y otras que no van a tenerlo”. Silva ha reiterado su petición de que los familiares puedan dirigirse directamente a una instancia superior, como es el Gobierno de España, a través de las delegaciones y subdelegaciones.
Esta partida de la FEMP era solo un aperitivo, los municipios recibirán un millón de euros a lo largo de cuatro años y la primera convocatoria para que los ayuntamientos pidan subvenciones ya está abierta.
Tropezar siempre con la misma piedra
Los antecedentes de impedimentos y confrontaciones en el nivel municipal son sonoros y de ahí viene el miedo de la ARMH, así como también de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, a la que también preocupa que las responsabilidades e iniciativas dependan de los ayuntamientos. “Como defendemos que todas las exhumaciones deben hacerse dentro de un procedimiento judicial, los ayuntamientos no tienen nada que decir”, señala su presidente, Arturo Peinado. No se trata solo de la búsqueda de desaparecidos, pues la prioridad del movimiento memorialista organizado alrededor de los foros está más en “la ritualización” que en las exhumaciones. Xulio García Bilbao, del Foro por la Memoria de Guadalajara, señala los esfuerzos del Ayuntamiento de Guadalajara por “invisibilizar” todo el trabajo de memoria. “Se están cumpliendo ahora los acuerdos tomados hace cinco años”, indica, cuando gobernaba el PP. La ciudad ha tenido que esperar a que gobernara un edil del PSOE para activar cuatro mociones presentadas por Ahora Guadalajara que ya estaban aprobadas: un memorial para los deportados, el cambio de nombre de seis calles dedicadas a golpistas —se aprobó en 2015 y se han cambiado hace pocos días—, la instalación de un monumento en el cementerio y, por último, que no se cobrara a la ARMH una tasa por realizar exhumaciones.
Los intereses partidistas que instrumentalizan la memoria son clave a la hora de entender la crítica hacia la gestión municipal. Si en el caso de Guadalajara, al pasar de un gobierno del PP a uno del PSOE se desbloquean las acciones de reconocimiento, en Oviedo, con la transición de una alcaldía de PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida a una del PP con Ciudadanos, se esconde y no se inaugura una exposición anteriormente subvencionada. Así le sucedió a Su Alonso e Inés Marful con su muestra sobre los represaliados del franquismo Ereignis. Vox Clamantis.
Tasas más disuasorias que recaudatorias
La ARMH volvió a topar con los obstáculos de un ayuntamiento en Almadén (Ciudad Real) que demoró los plazos dos meses para concederles los permisos. Además de la trampa de la burocracia, los consistorios han echado un pulso a los memorialistas con la aplicación de tasas. Así sucedió en Guadalajara, donde se cursó un recibo de 2.057 euros a la ARMH por la exhumación de Timoteo Mendieta y otros 27 cuerpos víctimas de la represión franquista, un impuesto que se suele aplicar a las empresas funerarias que llevan a cabo actividades en los cementerios, por las que cobran dinero a las familias que se las solicitan.
Exactamente igual procedió Funespaña, empresa privada concesionaria de la gestión del cementerio de Arganda del Rey (la primera que se hacía con garantías forenses en la Comunidad de Madrid, en 2013) cuando quiso cobrar a la misma asociación 728 euros por la exhumación de una fosa común en la que había tres cuerpos de fallecidos en la Batalla del Jarama. La explicación del Ayuntamiento de Arganda, que en ese momento estaba gobernado por el PP, era que las inhumaciones estaban identificadas en el libro correspondiente y, por tanto, se trataba de “un enterramiento regular”. Este no fue el único impedimento, ya que el servicio jurídico intentó desvincular de la exhumación a la ARMH introduciendo juicios históricos: la Batalla del Jarama enfrentó “a dos ejércitos regulares” por lo que “están excluidos los elementos que legitimarían a la asociación peticionaria para su actuación”. La Ley de Memoria Histórica llevaba siete años aprobada.
Las diputaciones también aparecen, de manera inesperada, pidiendo tasas, como los 150 euros que requirió la de Ávila por una exhumación de tres fusilados del franquismo en el municipio de Casillas. Este mismo verano, otro organismo, esta vez la Cuenca Hidrográfica del Duero, cursó una tasa que provenía del franquismo a la misma asociación por exhumar una fosa común en León. En todos los casos, los memorialistas se han negado a pagar y no es hasta que los medios se hacen eco y asoman las protestas que, lo que parecía inapelable, se diluye como papel mojado.