Ayuso desprecia las reivindicaciones de la sanidad pública que otros gobiernos tratan de atender

Que son “34 médicos”, que se trata de un “boicot” para “reventar el sistema sanitario”... Que dos de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en Madrid en la última década son meras herramientas políticas al servicio de la izquierda. La lista de desprecios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a las reivindicaciones a favor de la sanidad pública y sus profesionales es inacabable, como las cuatro columnas que recorrieron este domingo el centro de la capital para denunciar su gestión de los recursos sanitarios. 

La mecha de las protestas por parte de los sanitarios para reclamar la mejora del sistema público de salud ha prendido por todo el país. Pero solo en Madrid la respuesta del Gobierno regional, presidido por Díaz Ayuso, ha sido la de menospreciar e insultar a sus profesionales. La huelga de los médicos y pediatras de atención primaria cumple más de dos meses y el Ejecutivo madrileño ha optado por enquistar el conflicto, acusando a los trabajadores de liderar una huelga “política” por la proximidad de las elecciones, a pesar de que ya hubo dos convocatorias anteriores sin calendario electoral a la vista que se frenaron desde su Gobierno con promesas que nunca cumplió la Comunidad. Una forma de afrontar este problema radicalmente opuesta a la del resto de gobiernos autonómicos que se han sentado a negociar con sus médicos para buscar soluciones. 

La resaca de la multitudinaria manifestación de este domingo, que logró replicar la masiva protesta del 13 de noviembre, o incluso superarla, no ha tenido ningún efecto en la Puerta del Sol. La respuesta de Ayuso ha sido despreciarla asegurando que solo refleja la “frustración” de la izquierda ante las urnas. “Pasó la manifestación y hoy solo hay 34 médicos en huelga”, ha proseguido Ayuso desde Israel, donde ha decidido pasar esta crisis para mostrar su apoyo al Gobierno israelí, el más radical de los últimos años. Unos días antes, durante el Pleno regional, la presidenta ya había acusado a los médicos de convertir en “centros sindicales” los centros de salud. 

El comité de huelga volvía a reunirse este lunes con representantes de la Consejería de Sanidad, en el que ha sido su décimo encuentro, sin que se haya constatado ningún avance en la postura del Gobierno de Ayuso. Pese al clamor de las calles, la gran ausencia ha sido de nuevo la del consejero, Enrique Ruiz Escudero. El máximo representante de la Sanidad madrileña no se sienta con los representantes de sus trabajadores, a pesar de que los comités lo han reclamado en numerosas ocasiones. A la presidenta ni se le espera. La Comunidad de Madrid argumenta que los sanitarios no pueden imponer al interlocutor, pero en conflictos pasados, Escudero, y hasta la propia Ayuso, se sentaron con los profesionales para buscar soluciones. La última vez el pasado verano cuando los médicos residentes (MIR) decidieron ir a la huelga. En las otras regiones donde hay conflicto es el máximo responsable de la Sanidad el que se ha sentado en diferentes territorios con los médicos para desencallar la negociación.

El deterioro de la sanidad pública madrileña escama a unos profesionales que vieron la cara más cruda de los recortes durante la pandemia de la covid-19. El colapso del sistema dejó a los sanitarios exhaustos. Ahora, el Gobierno regional se niega a destinar más fondos para la atención primaria argumentando que no hay dinero, cuando es la región más rica del país pero la que menos presupuesto destina a sanidad por habitante –1.171 euros por persona, frente a los 1.478 euros de la media nacional– y ha aprobado rebajas de impuestos sistemáticas durante los dos últimos años de legislatura. 

Las exigencias de los médicos provienen en realidad de las viejas promesas incumplidas de Ayuso. La subida salarial lineal para todos los médicos de familia y pediatras que ahora la presidenta de Madrid trata de utilizar en contra de los profesionales, alegando que solo buscan mejorar sus condiciones y no defender a la sanidad, fue un compromiso que ella misma adquirió hace dos años con todos los sindicatos. Ayuso anunció en septiembre de 2020, tras los meses más duros de la pandemia, que incrementaría en 479 euros al mes el sueldo de todos los médicos de atención primaria, pero la promesa quedó olvidada en un cajón. Este lunes el comité de huelga ha rebajado la cifra a 400 euros, pero ha sido rechazada de plano por la Consejería. 

Esta mejora salarial, defienden los médicos, ayudaría a evitar uno de los mayores problemas que hay en Madrid y que ahonda en la sobrecarga asistencial y las largas agendas: la falta de profesionales. En junio, más de 300 médicos acabarán su residencia en la región. En convocatorias pasadas, el Gobierno regional logró retener a menos del 10%.También reclaman mejoras para la conciliación laboral y personal y menos burocracia que permita más tiempo a la atención.

“Una decisión clara de no llegar a ningún acuerdo”

“La sanidad pública tiene muchos problemas en el conjunto del país, pero los datos avalan que la situación en Madrid significativamente peor que en cualquier otro sitio. Eso también ejemplifica por qué la respuesta ha sido mucho mayor aquí que en otros lugares”, razona el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, que considera que “el Gobierno de la Comunidad tiene una decisión clara de no llegar a ningún tipo de acuerdo porque piensa que el mantenimiento de la huelga acabará haciéndola desaparecer” y “un empeño en favorecer el deterioro de la atención primaria” para “tener una buena excusa para privatizar el sistema”.  

En Galicia, 35.000 personas se manifestaron, según la policía local, este domingo en Santiago, una ciudad de 100.000 habitantes, para defender la sanidad pública. Aunque el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó a la oposición de intentar “crispar” con la protesta y de “hablar siempre mal de la sanidad”, mostró “absoluto respeto a los que están ahí pidiendo mejoras”. “Es lo que estamos intentando hacer”, aseguró.

En enero, la Xunta frenó una convocatoria de huelga prevista por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que ofreció una tregua a la espera de ver cómo encauza la situación la Consellería de Sanidade. En los últimos días, la administración ha ofrecido al personal médico 5.300 euros en sobresueldos a cambio de cubrir los huecos de los que el sistema sanitario adolece en los Puntos de Atención Continuada, que Rueda desvinculó de la protesta.

Navarra es la otra comunidad con un conflicto en ciernes que se alarga ya todo el mes de febrero. El Gobierno de la socialista María Chivite está negociando a dos bandas. Por un lado con el Sindicato Médico, en huelga desde el día 1, y por otro con una intersindical conformada por LAB, UGT, SAE, ELA y CCOO, que han convocado una huelga indefinida para este miércoles y entre los que hay cierto descontento porque el departamento de Salud hable de tú a tú con una minoría sindical que reclama eliminar la exclusividad. En la Comunidad Foral, los facultativos que ejercen solo en la red pública perciben un extra de 800 euros al mes. El Sindicato Médico reclama ahora que la Consejería elimine este régimen, pero sin renunciar a este concepto. Es decir, que los médicos puedan abrir o trabajar en una consulta privada sin perder esos 9.600 euros anuales, un punto que por el momento no parece próximo a desatascarse. 

Extremadura firma un acuerdo por 12 millones de euros

Mientras la Consejería de Sanidad madrileña finalizaba este lunes sin acuerdo una nueva reunión con el comité de huelga, en Extremadura, el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara comprometía 12 millones de euros para mejorar su sistema sanitario. El consejero José María Vergeles, el director gerente del SES, Ceciliano Franco, y seis de las siete organizaciones sindicales representadas en la mesa sectorial firmaban un pacto que incluye más personal, mayores retribuciones y la exención de noches y guardias para los profesionales mayores de 55 años. El Sindicato de Médicos (Simex) se descolgó a última hora del acuerdo, que incluye la contratación de 400 trabajadores, de los que solo 16 serán personal médico.  

En Andalucía, gobernada por el PP de Moreno Bonilla, el Sindicato Médico arrancó de la Consejería de Salud el compromiso de limitar las agendas en atención primaria para desconvocar la huelga prevista para el 27 de enero. Esta organización es de nueva creación y no mayoritaria, pero profesionales y ciudadanos ya habían mostrado músculo en noviembre con una multitudinaria manifestación contra la escasez de las plantillas, la fuga de talento, una dotación insuficiente en atención primaria y el aumento de las derivaciones a la privada, que continúa con un nuevo plan.

Con todo, el Servicio Andaluz de Salud presentó el pasado jueves en la mesa técnica su borrador de propuestas a UGT, CCOO, CSIF, Sindicato Médico y Satse para hacer efectivas unas agendas de un máximo de 35 pacientes por la mañana y 25 por la tarde. Aunque los sindicatos consideran el plan “insuficiente”, porque no refuerza las plantillas ni los medios ni desburocratiza la asistencia, la Consejería ha emplazado a las organizaciones a una nueva reunión en unos días para continuar abordando el problema de saturación que sufren todos los profesionales, no solo el personal médico, de Primaria.

Las diferencias entre las partes son evidentes y se mantienen las protestas ante los centros de salud, pero el tono en San Telmo no tiene nada que ver con el de la Puerta del Sol. La consejera conservadora, Catalina García, llegó a agradecer el compromiso de los sanitarios con los pacientes, mientras el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla ha verbalizado que “apostar por el diálogo da resultado y hace una mejor Andalucía”. Él tiene mayoría absoluta y no tendrá que someterse a las urnas en mayo, justo el escenario contrario que Ayuso, pero en el recuerdo están las protestas sanitarias a las que se atribuyen el desgaste del Gobierno socialista de Susana Díaz.

En Catalunya, el Govern de ERC y el sindicato mayoritario de médicos lograron alcanzar un pacto justo en medio de un período intermitente de huelgas en el sector. Metges de Catalunya, que representa a unos 12.000 médicos, cerró un documento de consenso tras varias jornadas negociadoras con el Departamento de Salud, que comanda el conseller Manel Balcells, presente en los encuentros. La clave del desbloqueo fue la creación de una mesa permanente de trabajo entre ambas partes para mejorar sobre todo la accesibilidad al sistema de salud y la carga de trabajo que asumen los profesionales.

Los facultativos llevaban meses avisando de que irían a la huelga debido a la saturación del sistema y convocaron dos jornadas el 25 y 26 de enero. Poco después, se sumó a las protestas el sindicato de enfermeras y enfermeros de Catalunya. Las movilizaciones avanzaron esos días en paralelo a las negociaciones, y poco antes de una segunda oleada de huelgas, que debía empezar el 1 de febrero, se logró el acuerdo. Aunque los médicos pedían también mejoras salariales, finalmente aceptaron que estas se tratarán a través de los convenios colectivos, informa Pau Rodríguez.

El Servicio Cántabro de Salud incorporó a principios de este mes a diez médicos de familia en los centros con las agendas más saturadas y las listas de espera más altas. Unas medidas que, según el consejero Raúl Pesquera, van destinadas a facilitar la accesibilidad y disminuir la carga asistencial y mantener los cupos por debajo de los 1.500 pacientes. El Gobierno de Revilla había estado negociando con los sindicatos, tras una huelga de 10 días en noviembre, cuyo pacto se está abordando, a diferente ritmo según se pregunte a administración o organizaciones. 

En Aragón, la Consejería de Salud también llegó a un acuerdo con los sindicatos de Médicos Cesma y Fasamet para desconvocar la huelga que estaba prevista para los días 23 y 24 de enero. Sin embargo, el viernes 3 de febrero, CSIF, UGT y CCOO comenzaron una serie de movilizaciones que culminarán el 31 de marzo en una jornada de huelga general. El motivo de la discrepancia es que el pacto alcanzado solo afecta a los médicos de Primaria y su contenido está pendiente de ser ratificado en la Mesa Sectorial. Este lunes, las organizaciones sindicales han mantenido una reunión con representantes de Salud para acercar posturas. La representante de Comisiones, Delia Lizana, ha lamentado la falta de “talante negociador” por parte de la Consejería, que solo se ha abierto a abordar la apertura de los centros de salud hasta las 20 horas. La titular del departamento, Sira Repollés, había  mostrado su disposición a “intentar solucionarlo [el conflicto] en beneficio de todos”. Aún queda todo un mes y medio para continuar con las conversaciones.