Cuando Jesús Rodríguez estaba encerrado en aquel calabozo sin apenas luz, escuchaba las pisadas de quienes pasaban al lado atravesando la Puerta del Sol de Madrid. Era 1974 y acababa de ser detenido y torturado por participar en una reunión preparatoria de las protestas contra la pena de muerte de Salvador Puig Antich. Se encontraba en el centro de detención más importante de la dictadura, cuyos sótanos estaban coronados por unos ventanucos situados en la parte alta que daban directamente al exterior. Hoy, 50 años después, cuando pasa por delante de aquellos huecos que se ven por fuera del edificio a ras de suelo, todavía se estremece: “Cuando estaba allí metido pensaba mucho en que aquella gente que oía caminar y no tenía ni idea de lo que allí pasaba. ¿Queremos que siga siendo así?”.
Jesús, que fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria y acabaría encerrado dos veces más allí, se refiere a la estrategia que ha desplegado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para evitar que la Real Casa de Correos, el edificio que albergó la Dirección General de Seguridad y hoy es sede del Ejecutivo autonómico, sea recordado como centro de torturas del franquismo. Es un proceso que el Gobierno de Pedro Sánchez inició hace un mes con el objetivo de declarar al edificio como Lugar de Memoria Democrática, pero el PP de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que usará “todos los resortes legales” a su alcance para evitarlo.
Así, por un lado, el Gobierno autonómico ha presentado alegaciones en las que pide al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que archive el expediente y, por otro, el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado una enmienda a una ley que estaba tramitándose para garantizar que la instalación de cualquier placa o distintivo en el edificio, que es Bien de Interés Cultural (BIC), requiera “la previa autorización” del Consejo de Gobierno de la Comunidad. Además, el texto establece que no se autorizará ninguna “que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia”.
La decisión del ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres de designarla como Lugar de Memoria Democrática, una figura contenida en la ley homónima, se basa en la consideración de la Dirección General de Seguridad como “referente y símbolo de las violaciones de derechos humanos durante el franquismo”. El objetivo es “rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias” y “contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió con la finalidad de que nunca vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.
Pero declarar de este modo un espacio o inmueble no es solo algo simbólico, sino que va acompañado de la instalación de “placas, paneles o algún distintivo memorial”, además de que se impulsen medidas “de difusión e interpretación de lo acaecido” en ellos. Es lo que llevan tiempo reclamando las asociaciones de víctimas –entre ellas La Comuna, a la que pertenece Jesús Rodríguez– y lo que se aprobó el pasado octubre en la Comisión Constitucional del Congreso a través de una proposición no de ley que pedía al Gobierno la colocación de una placa en la fachada que recordara que allí fueron detenidas y torturadas miles de personas.
Las campanadas y el Kilómetro 0
Sin embargo, la oposición del PP madrileño es frontal: “Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad. La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y ha sido testigo de múltiples acontecimientos que ha vivido nuestra ciudad y nuestra región y, además, ha tenido distintos usos”, ha justificado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. El también portavoz del Gobierno ha apelado a “la neutralidad, la pluralidad, el respeto a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia” que define como un “símbolo de concordia para todos los madrileños”.
La Comunidad considera que el ministerio "interpreta de forma sesgada la historia" porque apunta a que el tiempo de uso de la Real Casa de Correos como DGS –entre 1939 y 1979– fue "ínfimo" y esto "no puede transformar su verdadera significación histórica
Además de algunos de los usos que en el pasado tuvo el edificio, entre ellos sede del Ministerio de Gobernación durante la Segunda República, la consejería enumera como argumentos que “en la memoria de todos los madrileños y españoles” la Puerta del Sol “se vincula, por ejemplo, con la celebración cada año de las campanadas y con el Kilómetro 0 de las carreteras radiales”. Así, la Comunidad considera que el ministerio “interpreta de forma sesgada la historia” porque apunta a que el tiempo de uso de la Real Casa de Correos como DGS –entre 1939 y 1979– fue “ínfimo” y esto “no puede transformar su verdadera significación histórica”.
En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid expone que el inicio del trámite por parte del ministerio “vulnera las competencias” autonómicas y “ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno” y denuncia además “la total falta de lealtad institucional” con la que, asegura, “ha actuado el Estado, sin comunicación previa a su publicación en el BOE de un asunto tan relevante”. Y, además, al margen del expediente, el PP de Madrid ha enmendado la proposición de Ley de Medidas para la Mejora de la Gestión Pública con el objetivo de “defender la verdad, la historia y el uso actual de este edificio”.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática defiende su actuación y señala el procedimiento que establece la Ley de Memoria Democrática para estos supuestos. “Las declaraciones de Lugares de Memoria pueden plantearse por dos vías: a petición de asociaciones o instituciones o de oficio por parte de la propia Secretaría. En este caso se han dado las dos”, argumenta una portavoz, que apunta a que “una vez incoado el expediente y hecho público a través del BOE se informa a las entidades que tienen que ver con la propiedad para que emitan informe o presenten alegaciones, como ha hecho la Comunidad de Madrid”.
La DGS, epicentro de la represión
El historiador Pablo Alcántara, que ha investigado a fondo el edificio y ha reconstruido la Dirección General de Seguridad, destaca el papel que este organismo desempeñó durante la dictadura. “Durante más de 40 años no fue un edificio cualquiera de la administración franquista, fue el epicentro de la represión. La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Eso es algo que merece su reconocimiento en cualquier Estado democrático”, esgrime el experto, que acusa al Gobierno autonómico de “doble rasero” al “considerar válidos unos hechos históricos y no otros”.
Se refiere a las tres placas que sí permanecen instaladas en el edificio: una la que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid. “¿Hay un pasado que sí se puede reivindicar y otro que no? Eso es usar la Historia a su antojo, eso sí que no es neutralidad”, reflexiona el historiador.
En el mismo sentido se expresa Jesús Rodríguez, cuyo caso de torturas en la DGS forma parte de la querella en Argentina que investiga los crímenes del franquismo. “Claro que es un edificio que tiene su historia y es muy importante para nuestro país. Eso lo asumimos, de hecho no estamos pidiendo que sea identificado y se considere solo DGS, para nada, pero no se puede negar que lo fue y que quienes allí estuvimos sufrimos una violación muy grave de los derechos humanos. Eso no es anular su historia, es contarla completa”, remacha.
Aunque ahora ha desplegado sus herramientas para intentar vetar la colocación de una placa en el edificio, el Gobierno de Ayuso ya se había opuesto antes a ello. En octubre, cuando el Gobierno inició el trámite, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, aseguró que se trataba de “un intento desesperado de atacar a la presidenta” y en abril García Martín acusó a quienes hacen la propuesta de “estar constantemente revisando la Historia”. “Sobre las placas que están instaladas o que se puedan instalar en la fachada de la Real Casa de Correos, le digo que en este momento hay tres placas y son las únicas que hay y las únicas que habrá”, afirmó en un mensaje reiterado después por la propia Ayuso en redes sociales.
Las víctimas y asociaciones que lo reclaman consideran “una anomalía” que tantos años después aún cueste tanto hacer memoria y miran a otros lugares como la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, el principal centro de tortura de la dictadura argentina hoy convertido en memorial o la sede en Lisboa de la que fuera la policía política de Salazar, donde “hay una placa que lo recuerda”, explica Jesús Rodríguez. Aunque la inmensa mayoría de centros de detención del franquismo que existieron en muchas ciudades no están señalizados, no hace falta irse fuera para ver un ejemplo: en la comisaría de Via Laietana de Barcelona una placa recuerda la represión política que allí se ejerció.
“Fuimos miles y miles de personas las que pasamos por la DGS, el principal centro neurálgico de la tortura en España. ¿Cómo no va a ser recordado esto? ¿Qué otra cosa vamos a recordar? Es un ejercicio de salud democrática, es reparación para las víctimas y una vacuna para que nada así pueda repetirse en el futuro. Un país que no reconoce su pasado es un país enfermo”, zanja Rodríguez.