En España hay 44 balsas de residuos mineros abandonadas que suponen una grave amenaza ambiental y para la salud
La rotura de un dique en una mina de hierro en Brasil el pasado 25 de enero ha provocado una riada de lodo que ha matado a 58 personas y ha traído recuerdos funestos como el reventón de una presa parecida en Aznalcóllar en 1998. En España hay 44 balsas que acumulan residuos mineros abandonadas por las empresas extractivas catalogadas como “impacto ambiental grave” por el Gobierno.
Suponen, además, una alta amenaza para la salud y el medio ambiente, según las describe el Inventario de Instalaciones de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica. A eso hay que añadirle 29 escombreras con la misma calificación. En total, 73 depósitos tóxicos –a noviembre de 2015– cuya evaluación concreta de riesgos fue declarada confidencial por el Gobierno, según explican en el Instituto Geológico y Minero (IGME).
España estaba obligada por la normativa europea a elaborar un listado con este tipo de instalaciones antes del 1 de mayo de 2012. La directiva era de 2006 y se transformó en regulación española en 2009. El Instituto Geológico y Minero recibió el encargo y “realizó una revisión de aquellas estructuras mineras que supusieran amenaza grave”, cuentan en el departamento de Geoquímica y Seguridad Minera.
El IGME seleccionó una lista del antiguo inventario de balsas mineras (de 2002) sobre el que hizo “una evaluación de riesgos”, explican. Una versión mínima de ese trabajo es lo que expuso la Dirección General de Minas que consideró reservada la información sobre el análisis de peligrosidad, aclara el Instituto.
En el antiguo inventario se habían incluido 986 presas y balsas de las que 385 ya estaban abandonadas. Una de las fichas de evaluación que sí aparece en un documento del IGME se refiere a una balsa de grandes dimensiones en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). El análisis, exhaustivo, indica que se trata de una “gran presa” de 24.200 m y 328.000 metros cúbicos de capacidad. Allí encontraron productos como arsénico, plomo, zinc y cobre.
En la ficha se indica que hay un “marcado colapso del vaso” y que se ha extraído material, lo que hace que los diques no sean ya verticales. También incluye que hay erosión por “procesos de tubificación” en las chimeneas de las estructura.
El responsable de minería en Greenpeace, Julio Barea, asegura que “no se hace mucho hasta que pasa algo”. Y explica que, prácticamente, todas las explotaciones mineras deben tener un “lugar donde echar escombros o llevar los restos líquidos cuando se separa la mena de la galga de los metales”. Ese lugar puede ser una escombrera o una balsa. Barea critica que el sector “todavía se rige por una ley antigua de tiempos de la dictadura franquista que era muy garante con las empresas”.
Peligros actuales
Hace poco más de 20 años, en 1998, en Aznalcóllar (Sevilla) reventó una balsa minera realizada “con la misma técnica que en Brasil: a base de acumular restos”, indica Julio Barea. La riada afectó a los cursos de agua que llegan al Parque Nacional de Doñana. Dos décadas después, varios grupos ecologistas han señalado que todavía persisten riesgos en las presas mineras operativas en España.
La principal señalada es la mina de Riotinto explotada por la chipriota Atalaya Mining. “Es extremadamente peligrosa. Una bomba de relojería”, advierte Elena Solís, de Ecologistas en Acción. Esta organización obtuvo en septiembre de 2018 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulaba la Autorización Ambiental de la instalación por haber ocultado datos cruciales en el periodo de información pública.
Los ambientalistas insisten en el riesgo que representa actualmente esta balsa. Atalaya, por su parte, asegura a eldiario.es que trabaja “en un escenario de riesgo cero. Entre otras cosas, porque la presa contiene muy poca agua: esta se recircula y reutiliza en el proceso industrial”. La minera matiza que “a diferencia del caso de Brasil, en Riotinto se ha implementado un gran proyecto de refuerzo rocoso de los muros y se cuenta con las últimas tecnologías de control de estabilidad, que deben aportar absoluta confianza a la sociedad”.
El fallo judicial ha sido recurrido ante el Supremo. Mientras, Atalaya Mining informó en su junta de accionistas el 26 de septiembre pasado en Londres, justo después de la sentencia, que “a pesar de anular la Autorización por aspectos de procedimiento, deja muy claro que el permiso es correcto y rechaza todos los argumentos [en contra] y confirma la decisión de la Junta de no suspender la Autorización”. Ecologistas advirtió por escrito a las autoridades de las bolsas de Londres y Toronto porque considera que Atalaya ha dado información engañosa a los inversores.
Incidente en la mina Las Cruces
Dos días antes de la tragedia brasileña, se produjo un deslizamiento de tierras en la corta minera Las Cruces que la canadiense First Quantum explota en la localidad de Gerena (Sevilla). La empresa aseguró que no se había “producido ninguna afección a instalaciones o terrenos ajenos al complejo” donde se extrae cobre. Se paralizó la producción para investigar el suceso, añadieron.
Este lunes, Ecologistas en Acción ha contrapuesto que “las imágenes aéreas” muestran que “un 50 % de la Instalación de Estériles de Mina se ha desplomado arrastrando una balsa de aguas de contacto y desplazando varios millones de metros cúbicos de estériles no inertes y contaminantes hasta el fondo de la corta minera”. También indican que “otra balsa ha quedado al borde del colapso”.
Y rematan diciendo que “parece más evidente que las causas de este derrumbe están en la negligente gestión de las aguas subterráneas del acuífero Gerena-Posadas, que ha podido producir un hundimiento del terreno donde se asienta el complejo minero”. Se basan en que no se han registrado fenómenos naturales en fechas próximas –un temblor o lluvias torrenciales– que hayan podido provocar el corrimiento.
