Los basureros irregulares que han llevado a España ante el Tribunal Europeo

De grandes montañas de residuos a una simple escombrera, por España se extienden decenas de vetederos que, sin ser piratas, incumplen la ley. La Comisión Europea (CE) ha decidido llevar a España al Tribunal de Justicia Europeo ante la falta de diligencia para regularizar estos depósitos. La pereza española se ha prolongado cinco años: la fecha límite para la regularización venció en 2009. En enero de 2013 hubo un serio toque de atención al Gobierno español –le dio dos meses para responder–. Un año y medio más tarde, ha llegado la demanda. Este es el panorama:

“No se trata de vertederos piratas, ese es otro asunto”, explica el Daniel López, responsable de residuos de Ecologistas en Acción. “Aunque parezca extraño, muchos están legalizados, aunque actúan irregularmente”, analiza.

La Unión Europea dictó en 1999 una directiva sobre vertederos que, básicamente, establecía que todos los residuos que fueran susceptibles de ser reciclados no podían terminar en un basurero sino en una planta de tratamiento. Entró en vigor en julio de 2001. Así que a los estados se les dio ocho años para, o bien adecuar los vertederos con licencia a las nuevas exigencias o clausurar los que no pudieran seguir funcionando. España ha incumplido la directiva, de acuerdo con la CE, en ambos sentidos.

Por un lado, la denuncia incluye tres vertederos para los que España “debería completar los trabajos de acondicionamiento”. En la lista están las plantas de Ortuella (Vizcaya), Zurita (Fuerteventura) y Juan Grande (Las Palmas). Cada uno de los tres está en una situación muy dispar, ejemplo de la falta de acción para adaptar las infraestructuras en el plazo legal.

En Fuerteventura, la planta de Zurita está en plena ampliación. El Gobierno canario anunció en mayo de 2014 que pagaría 8,9 millones de euros para agrandar el vertedero de los 300.000 m2 a 528.000. El complejo ha recibido la Autorización Ambiental Ampliada a pesar de estar denunciado por la Comisión. El otro vertedero canario, Juan Grande, tenía paralizada la ampliación por el Tribunal Superior de Justicia desde 2013, un parón que fue ratificado en abril de este año. El Consejo de Gobierno del Cabildo decidió este junio levantar la suspensión para que la nueva contrata (CESPA-AYAGAURES) iniciara los trabajos por los que recibirá 40 millones de euros.

En el tercer caso, la poca diligencia de las administraciones ha hecho que Europa meta en la denuncia el vertedero de Ortuella cuando en mayo de 2014 se convocó el concurso para “la recuperación y el sellado” de la zona.

Cada vertedero debe ser “evaluado repecto a los requerimientos de la normativa” que establece la Unión Europea. Las autorizaciones de estos depósitos corresponden a los ayuntamientos pero bajo la normativa autonómica que es la autoridad ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente (Magrama) está en la coordinación y recopliación de información. El Magrama ha contestado a eldiario.es que “desde que comenzó el proceso de infracción se ha pasado de 123 vertederos iniciales a los 31 incluidos en la demanda, que no ha sido todavía notificada oficialmente”. Respecto a la demanda, Medio Ambiente cuenta que está, junto al Ministerio de Exteriores, “coordinando una estrategia coherente frente al procedimiento comunitario”.

Deberían estar cerrados

El otro grupo de vertederos que incumple la ley lo componen aquéllos que España debería haber cerrado. La denuncia ante el tribunal se refiere a 28 de estos basureros ya sean de residuos “no peligrosos o inertes”. Clausurar un vertedero no es simplemente candar las verjas o prohibir más vertidos. Según explicaba la propia CE en su dictamen motivado de enero de 2013: “La Comisión opina que cerrar no equivale a dejar de admitir temporalmente la llegada de residuos. Además, una vez cerrado, el vertedero debe someterse a los requisitos de mantenimiento posterior que dispone la Directiva.

Según la Comisión, todo vertedero que se cierre sin cumplir estas condiciones debe considerarse en funcionamiento incluso aunque haya dejado de admitir residuos“. Es decir, hay que, no sólo cesar las actividades sino completar las obligaciones de cuidado, vigilancia y recuperación de los terrenos en los que, durante años, se acumuló basura. La ley obliga en todo caso a una ”inspección final in situ“ y al ”mantenimiento, vigilancia y control durante el tiempo en el que el vertedero pueda albergar riesgos“.

Aquí, la variedad de casos es muy amplia. La denuncia incorpora cuatro vertederos en Aragón (Alcolea de Cinca, Barranco de Sedasés, Barbastro y Tamarite de Litera). El de Alcolea (Huesca), por ejemplo, se supone que está clausurado y sin uso. Sin embargo, el 1 de marzo pasado, el vertedero y su montaña de basura ardió “como en otras ocasiones” dijeron los vecinos. En Fraga (Huesca), el Ayuntamiento decidió en febrero de 2014 adjudicar un contrato para legalizar el vertedero de Barranco de Sedasés que no podía funcionar por no cumplir los requisitos europeos. “La opción era sellar o legalizar”, argumenta el consistorio.

En realidad, esa opción expiró en julio de 2009. Tanto es así, que la misma Comisión Europea abrió un expediente de sanción a España sólo por este vertedero el 25 de marzo de 2013 cuando pidió que “limpie el vertedero del barranco de Sedases, Fraga, que no cumple las normas”. El dictamen relata que “dado que no se ha tomado ninguna medida administrativa adecuada para poner término a esta situación, la Comisión envía ahora a España un dictamen motivado, dándole dos meses de plazo para responder. Si las autoridades españolas no dan una respuesta satisfactoria, la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE”.

El reproche de la Comisaría de Medio Ambiente llama la atención sobre el vertedero de Jumilla (Murcia). Allí, en enero de este año la Consejería de Presidencia de la región ordenó la “ejecución forzosa subsidiaria del sellado de los vasos 1, 2 y 3” ante el incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de la orden de cierre decretada en marzo de 2013. El límite de regularización había terminado un lustro antes.

Depósitos no regenerados

Para completar la denuncia, Bruselas subraya 19 depósitos en Andalucía. Cabe reseñar que el dictamen de enero de 2013 contenía una lista de 37 vertederos andaluces que no estaban regenerados adecuadamente. La Junta de Andalucía ha expuesto que su Plan de Gestión de Residuos recuperó 18 vertederos incontrolados.

Con todo, el texto remitido a los jueces incluye: sierra Valleja, carretera Pantano del Rumblar, Barranco de la Cueva, Cerrajón, Las Canteras, Hoya del Pino, Bellavista, Patarín, carretera Arahal-Morón de la Frontera, carretera Almadén de la Plata, El Chaparral, carretera A-92, carretera 3119 Fuente Leona, Cumbres Mayores, Llanos del Campo, Andrada Baja, Las Zorreras, carretera de Los Villares, La Chacona, El Chaparral.

Algunos de los vertederos que la Comisaría de Medio Ambiente considera que no se han clausurado ya no existen (como el de la carretera de Arahal) según contestó la Diputación sevillana al conocerse la denuncia europea. Sin emabargo, un portavoz de la Comisión Europea ha explicado a eldiario.es que los listados que utiliza para denunciar a España ante el Tribunal de Luxemburgo se basan en “la información disponible” en el momento de tomar la decisión. Esta información debe remitirse por parte del Gobierno español.

Así, la Comisión reitera que “una mera declaración” de que el vertedero está clausurado no es suficiente, ya que hay que acreditar un cierre de acuerdo con la normativa así como una vigilancia y regeneración ambiental adecuadas. El Magrama asegura que “procedera a la remisión de información actualizada a la Comisión Europea para que el número de vertederos se reduzca al haberse adapatado a la normativa”. Pos su parte, Daniel López, de Ecologistas en Acción, insiste en que en la actuación de Bruselas “no están todos los que son” porque suele suceder que “se cierre uno y se abran varios”.

Y añade: “Las comunidades autónomas han mirado para otro lado durante muchos años, y no hay una verdadera voluntad política de mejorar este tema”. Según su análisis, “los vertederos son más baratos que un verdadero reciclaje y las autoridades no se atreven, en definitva, a imponer tasas por financiar el servicio, con lo que las plantas se quedan sin dotación suficiente”. El ministerio difiere y consdiera que “en los últimos 15 años todas las administraciones han dedicado grandes esfuerzos a su adecuación comunitaria en la materia”.

Interactivo: Martín GonzálezMartín González