Batalla abierta entre el Sindicato de Inquilinos y Blackstone

En mayo de 2019 comenzó a gestarse un movimiento. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid decidía plantar cara a Blackstone, un fondo de inversión estadounidense —o fondo buitre, como señalan desde el sindicato— dueño de sus casas. Su casero había enviado un burofax de renovación del contrato de alquiler con subidas abusivas, de entre el 60% y el 100%, según detallan desde el sindicato, al que comenzaron a unirse vecinos de todas partes de la región. Tras dos años de protestas, presión vecinal y una demanda colectiva, el sindicato lograba un acuerdo. Los inquilinos consiguieron firmar 84 nuevos contratos sin subidas abusivas, por una duración de siete años y con otros tres más prorrogables. 

El hecho de que el fondo buitre cediera ante la presión, accediera a negociar y aceptara las exigencias del sindicato, supuso un hito que los inquilinos no olvidan, y recuerdan en cada manifestación. “Ya ganamos una vez”, corean, porque creen que pueden conseguirlo de nuevo con el resto de contratos que van expirando. Su lucha continúa y las manifestaciones y protestas también.

El último golpe

El mes pasado, los huéspedes y trabajadores de los hoteles Axel de Madrid y Ramblas Vincci de Barcelona, ambos propiedad de Blackstone, presenciaron la última protesta del sindicato. “Fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos de nuestras casas”, coreaban los manifestantes mientras atravesaban las puertas del hotel Axel. El objetivo de los manifestantes era exigir, a través de este “método de presión”, la negociación colectiva de los alquileres de sus casas, que son propiedad del mismo fondo.

En la entrada del hotel situado en el centro de la capital, micrófono en mano y con los turistas, la Policía y los cerca de 50 manifestantes como público, Valeria, una de las coordinadoras del Sindicato, explicaba cuál era su lucha: “Acabar con la especulación”. “Este es un modelo de negocio centrado en hacerse cada vez más y más rico, en medida que nosotras nos hacemos cada vez más y más pobres”, aseguraba la activista, que daba voz a sus compañeros, que denunciaban las venta de sus casas, destinadas en un principio a alquiler social, “a precio de ganga”. “Con gente dentro, gente con pocos recursos”, espetaba uno; “con niños dentro”, añadía otra de las manifestantes, y Valeria lo matizaba: “Con gente que lo único que queremos es tener un sitio y construir un hogar”. “Basta de cargarse nuestros barrios a la vez que nos echa de ellos”, coreaba.

Los manifestantes no solo buscaban conseguir la negociación colectiva de los contratos de sus pisos, sino también denunciar la especulación de Blackstone a través de la compra y gestión de hoteles, con la consecuente gentrificación de los barrios del centro. Las protestas, que han sido coordinadas por el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de las dos ciudades, buscaban que los turistas que se hospedaban en los hoteles recibiesen el mensaje de que “Blackstone abusa de sus inquilinos como parte de su modelo de negocio”.

En un comunicado remitido a este diario, la compañía niega estas acusaciones y asegura que cumple “rigurosamente con las normas vigentes en España” y que actúa con “profesionalidad, responsabilidad y transparencia”.

1.806 viviendas para alquiler social vendidas a Blackstone

Los inquilinos son víctimas de la especulación pero, también, de la mala gestión y del abandono de la Administración madrileña. Son los que sufren las consecuencias de la venta de sus casas de protección oficial a un fondo buitre. En 2013, durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, el fondo de inversiones adquirió 1.806 viviendas públicas, dedicadas al alquiler social, por 128,5 millones de euros. El escándalo llegó a los tribunales y sentó en el banquillo de los acusados a los responsables directos de la venta: Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, sin embargo, ambos fueron absueltos. El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a su equipo a pagar 25 millones de euros por esa venta, pero finalmente revocó la condena gracias al voto de dos consejeros propuestos por el PP.

Rosa, vecina de Vallecas, es una de las afectadas. “Mi piso era de la Empresa Municipal de la Vivienda y lo compró el fondo buitre Blackstone el 2013”, cuenta. Este mes, tras el fin del contrato y de dos prorrogas por la situación derivada de la pandemia de la COVID, el propietario de su casa le da dos opciones: pagar un 40% más o irse. Rosa señala que, hasta ahora, pagaba 610 euros, pero desde la compañía quieren que le se sume 240 más, un precio que, explica, no puede afrontar porque supone casi la totalidad de su sueldo. “Cuando les dices que no, te dicen que no van a negociar con el sindicato bajo ningún concepto y que es lo que hay”, explica , aunque ella continúa con la lucha por su casa, en la que vive desde hace 12 años y que le fue adjudicada tras 13 años de espera. Rosa cuenta que muchos vecinos de su bloque, construido por la Administración para viviendas de alquiler social y vendido por la misma, atraviesan la misma situación que ella. “Los vecinos (aquellos que tenían un contrato público) se han ido por miedo, y ahora, hay muchos con contratos engañosos de los que entraron nuevos”, detalla la mujer.

Divide y vencerás, la estrategia del fondo buitre

Desde el sindicato también denuncian que, ahora, Blackstone se ha centrado en vender parte de su su cartera de vivienda, y que su estrategia principal pasa por expulsar a los inquilinos a través de subidas de precio de hasta el 60% y la no renovación de contratos. Para conseguirlo, juegan al “divide y vencerás”, explican desde el sindicato, es decir, ofrecen condiciones distintas o prorrogas diferentes para “debilitar” a todo el grupo, que lo que busca es una negociación colectiva, aunque, aseguran, no van a ceder. Como Antonio y Mari, que han renunciado a la propuesta del fondo americano de blindar su alquiler sin subidas, porque la compañía se lo había ofrecido solo a ellos. El matrimonio busca que la compañía se siente a negociar con todos los afectados.

El mayor propietario de vivienda y hoteles en España

Blackstone es el mayor casero de España. El fondo buitre supera las 30.000 propiedades en territorio español, según datos de 2019, y la mayoría se encuentran en Barcelona y Madrid. Pero no solo cuenta con viviendas para venta y alquiler en su cartera, también con hoteles repartidos por toda España. Desde el sindicato, señalan que se ha convertido en el “mayor propietario de hoteles del estado” a través Hotel Investment Partners (HI Partners), que se define como “principal inversor en hoteles vacacionales en el sur de Europa, con 21.352 habitaciones ubicadas en los principales destinos turísticos de España, Italia, Grecia y Portugal”. El fondo ya cuenta con más de 70 propiedades de este tipo, bajo conocidas firmas como Meliá, Marriott o Axel.

Los activistas denuncian que, con este tipo de turismo, que pretende “seguir creciendo cada año”, va a continuar “agravándose la expulsión de vecinas, la pérdida del comercio de proximidad, la saturación de calles, plazas y transporte público, la contaminación ambiental y la precarización laboral que caracteriza el sector de la industria turística”. “Con la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles, se refuerza un proceso de turistificación insostenible en Barcelona, Madrid y otros tantos lugares”, aseguran.