La batalla legal en la que están envueltos Bud Lake y Manuel Santos en Tailandia ha tenido su desenlace este martes. La pareja podrá quedarse con Carmen, que nació hace un año mediante gestación subrogada, y regresar a su casa en Valencia. Un juez ha decidido sobre la custodia de la niña, que ambos se disputan con la madre gestante, la cual no ha firmado el documento que precisan para que la menor obtenga el pasaporte y puedan abandonar el país. “No hay manera de expresar con palabras lo que estamos sintiendo, hoy es un gran día para los derechos LGTB” ha publicado la pareja a través de Facebook tras conocer el fallo del jurado.
El matrimonio, que tiene otro hijo de dos años gestado en India mediante la misma técnica, ha estado viviendo en Tailandia desde enero de 2015, cuando nació la niña, a la que han estado cuidando mientras se soluciona el conflicto. “Carmen es nuestra hija y llevamos 15 meses luchando para que se reconozcan nuestros derechos”, sostiene Santos en declaraciones a eldiario.es. Todo un proceso que, afirma, han seguido “sin ningún tipo de ayuda de nuestras embajadas”. Bud es norteamericano y Manuel, español.
El conflicto se inició al poco tiempo de que Patidta Kusolsang, la mujer gestante, diera a luz a Carmen, concebida con el esperma de Gordon y el óvulo de una donante anónima. Ambos decidieron comenzar el proceso en Tailandia a través de una agencia, ya que en España es ilegal. En nuestro país la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida lo prohíbe expresamente.
Pero el tema está expuesto a un enorme debate entre aquellos que apuestan por regular la práctica, como la Asociación Son Nuestros Hijos y los que consideran que supone “la mercantilización del cuerpo de la mujer y fomenta su explotación”, tal y como considera el Partido Feminista, que la semana pasada interpuso una denuncia contra los organizadores de una feria de vientres de alquiler que se celebrará en Madrid los próximos 7 y 8 de mayo.
El movimiento #BringCarmenHome
Según el matrimonio, días después de que en el hospital Kusolsang diese el consentimiento para que se llevaran a la niña a casa, no acudió a la embajada de Estados Unidos en Bangkok para firmar el documento necesario para que pudiera salir de Tailandia. Trataron de llegar a un acuerdo sin éxito, lo que les condujo a comenzar el proceso en los tribunales.
El motivo que esgrimió entonces Kusolang fue que no son una pareja “ordinaria”, en referencia a su orientación sexual. “Luego conforme el tiempo pasaba, fueron muchas otras excusas y acusaciones, entre ellas, que estábamos involucrados en el tráfico de personas”, afirma el matrimonio.
La defensa de Kusolang asegura que la mujer se enteró de la condición sexual de la pareja el día del nacimiento de Carmen, cuando vio los documentos en la habitación del hospital, según afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian. Pero la razón del conflicto no es esa, sino que se ha arrepentido y “ahora jamás vendería a su bebé por dinero”, sostiene su abogada.
“No es nuestra culpa si la agencia New Life, principal responsable de esta pesadilla, no le comunicó que somos gays”, sostiene Santos a través de Facebook. Las redes sociales han sido fundamentales a la hora de difundir su caso, que se convirtió en el movimiento #BringCarmenHome. La actividad no ha frenado en Twitter e Instagram y la petición online que lanzaron para recabar apoyos alcanzó casi 170.000 firmas.
“Ahora sólo queremos volver a nuestras vidas normales” ha publicado la pareja esta mañana a través de su página de Facebook donde también han agradecido el apoyo recibido y han anunciado que publicarán un libro para contar toda su experiencia. “Amamos Tailandia y prometemos que volveremos a menudo para enseñar a nuestros hijos a amar este país” añaden en su comunicado los padres de la pequeña, quienes proponen que el movimiento que se inició bajo la etiqueta #BringCarmenHome pase a llamarse #Carmensgoinghome.
El cambio de ley en Tailandia
Cuando Carmen tenía ocho meses entró en vigor en Tailandia la ley que prohíbe expresamente la maternidad subrogada a extranjeros y a parejas homosexuales, lo que provocó que la agencia New Life cerrara. Sin embargo, la norma incluye una disposición transitoria a la que pueden acogerse los padres que hayan iniciado el proceso de gestación con anterioridad. En ello se amparan Lake y Santos, que aseguran “haber luchado e intentado que el país reconozca nuestro matrimonio, perfectamente legal en nuestros países”.
Tailandia, tradicionalmente considerado como una de las principales industrias de vientres de alquiler en el mundo debido a los bajos precios y al vacío legal en el que estaba sumido, decidió cambiar la ley por dos casos que le hicieron saltar a las portadas de los medios internacionales. El primero, el de un padre japonés que había engendrado a 16 hijos, en su mayoría a través de vientres de alquiler. El segundo, el de una pareja que abandonó a su hija nacida mediante gestación subrogada por tener síndrome de Down.
Los casos vinculados a la explotación y la polémica que suscita el tema llevaron a Lake y Santos a asegurarse de que Kusolsang “es una mujer con un alto poder adquisitivo, más que nosotros, que aceptó voluntariamente gestar a nuestro bebé”. La batalla legal del matrimonio se ha centrado también en demostrar que “somos una familia preparada para criar unos hijos felices y Carmen debe criarse con la familia que conoce desde el día en que nació”. La ley tailandesa “habla de que, por encima de todo, se velará por el bienestar del bebé”.