Una beca era, hasta ahora, una “subvención para realizar estudios o investigaciones”. Y, siempre según la RAE, becar era “sufragar o conceder a alguien una beca o estipendio para estudios” a quien no pudiera por su situación económica, costeárselos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha añadido a esa definición un anexo condicionante que podría resumirse así: una beca o estipendio que se otorga sólo a los estudiantes cuyo rendimiento académico sea superior al necesario para aprobar y cuya cuantía depende de las calificaciones obtenidas.
Con esta salvedad el Ministerio de Educación ha cambiado por completo la fórmula con la que se calculaban estas subvenciones con el objetivo de premiar a los alumnos brillantes. O para dejar fuera a los sencillamente buenos. Lo ha defendido el ministro José Ignacio Wert al asegurar que si un universitario saca menos de un 6,5 “debería estar estudiando otra cosa”. El borrador del nuevo decreto que regula las ayudas hace lo propio con el mismo argumento pero con algo más de tacto: “La política de becas y ayudas al estudio debe ser un instrumento de estímulo a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, especialmente de los estudiantes de los niveles superiores del sistema educativo”.
El problema es que incorporar el elemento académico a la ecuación podría no sólo dejará fuera a miles de estudiantes –el propio ministro ha reconocido 18.840 becados menos el último curso con requisitos menos restrictivos que los que propone para 2013-2014– sino además generar desigualdades entre los propios beneficiarios. Esto es, que a un estudiante con menos recursos le tocara una asignación más baja que a otro con mayores ingresos pero mejores notas. “No se sabe aún cómo va a funcionar. Ni siquiera el ministerio podía explicarlo con claridad”, explica Montserrat Milán, profesora miembro del Consejo Escolar del Estado.
Esto genera, además, un doble inconveniente para los estudiantes y las universidades. Hasta que no se resuelva la solicitud –y esto puede ser bien entrado el curso– no se sabe cuánto dinero se asigna al becario, y por lo tanto las familias no pueden calcular si con esa ayuda bastará para cubrir los gastos. Muchos universitarios se han enterado hace un par de meses de que su solicitud había sido rechazada, por lo que han sido o están siendo expulsados por no poder abonar la matrícula después de haber cursado todo el año. Los estudiantes se quedan sin carrera y las universidades sin ingresos, en un momento en el que la financiación es un verdadero problema para ellas.
“Antes cuando solicitabas una beca sabías qué es lo que te tocaría porque estaba muy establecida la cuantía en relación con los requisitos de renta o distancia del centro de estudios, pero con el nuevo decreto será todavía más complicado y más difícil de calcular”, adelanta Julio Serrano, de CCOO.
Un fijo de menos de la mitad
El decreto de 2007, que el ministro Wert modificó por primera vez el curso pasado, establecía unas cuantías (en el caso de las rentas más bajas y jóvenes cursando estudios en otra ciudad) que sumadas alcanzaban hasta los 6.056 euros anules, más la matrícula en el caso de los universitarios (en Bachillerato y FP es gratis). “Este dinero, complementado por la aportación familiar y muchas veces por eventuales trabajos de los estudiantes, ayudaba a pagar una residencia o piso, comida, material educativo y traslados”, enumera Serrano. El mismo caso (el de mayor necesidad económica) obtendría con la nueva regulación unos 3.000 euros. Más 60 euros como mínimo del variable por nota. Esta cantidad dependerá, además del expediente académico del año anterior, de lo que haya 'en caja'. “Serán tus notas y tu renta compitiendo con las notas y la renta de los demás solicitantes por el dinero disponible”, explica Serrano, responsable de la Secretaría de Universidad e Investigación de la FECCOO. El ministerio cubriría para empezar las asignaciones fijas y el resto se repartiría en las proporciones variables. Aunque los sindicatos sospechan que con la bajada de la cuantía y del número de becas el ministerio busca ahorrar más de 200 millones de euros.
En resumen: menos dinero y más difícil de obtener. Y no es que España destaque en cuanto a la generosidad de sus becas. Si la media europea es dedicar un 0,28% del PIB, España se queda en un escaso 0,11%. Porque recibir (y conservar) esa “subvención para realizar estudios” que el borrador del nuevo decreto argumenta como “el deber constitucional de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la educación” dependerá de unos umbrales académicos que “rompen con la igualdad de oportunidades”, según la Conferencia de Rectores. Un 6,5 en la prueba de acceso a la universidad (un 5,5 en el caso de la FP) o la aprobación del 100% de los créditos en el caso de muchas carreras no son un logro al alcance de todos pero sí una barrera para acceder a las aulas. A menos que lo puedas pagar.