Las graves carencias del Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) de la sanidad española convierten esta unidad de atención en una de las áreas asistenciales donde mayor es el riesgo para la seguridad de los pacientes y donde, debido a su saturación, aumenta el riesgo de error humano y de mortalidad. Así lo pone de manifiesto un informe de la Defensora del Pueblo, que ha contado con la participación de varios defensores autonómicos.
El estudio Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes presentado hoy por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, critica que, pese a los avances de las últimas décadas, las urgencias hospitalarias siguen presentado “inadecuaciones”. Entre ellas, que médicos residentes “asuman un grado excesivo de responsabilidad”.
El informe —que ha contado con la colaboración de los defensores del pueblo de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Navarra— exige “la presencia y suficiencia de profesionales adecuados” en todas las franjas horarias y denuncian la “excesiva dependencia” que hay en estos servicios de los médicos internos residentes, “que estarían supliendo en muchos momentos la insuficiencia de profesionales de las diversas plantillas implicadas”.
Ante esta situación y “atendiendo a la importancia” que tienen los servicios de Urgencias, los defensores del pueblo piden “la definición de una especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencias” que forme específicamente a estos profesionales y delimite sus competencias clínicas.
Repetidas situaciones de saturación
El informe también denuncia la “repetición de situaciones de saturación” en los servicios de Urgencias y critica que, tras una primera atención y a la espera de ser hospitalizados, se ubique a los pacientes en dependencias del propio Servicio de Urgencias. Esta situación “perturba la gestión del servicio” e impide que al enfermo se le facilite la atención que requiere y que se garantice su privadidad.
Por las condiciones de trabajo de las Urgencias, los defensores del Pueblo los consideran “entornos de riesgo por estrés laboral o lugares propicios para el desarrollo del conocido como «síndrome del trabajador quemado» (burnout)” y denuncian la falta de herramientas para limitar estos riesgos.
Los defensores del pueblo advierten de que se asume “una significativa incidencia de efectos adversos” en los servicios de Urgencias “evitables en buena parte”.
Única vía de atención para muchos inmigrantes
En cuanto a la atención a los inmigrantes en situación irregular, el informe recuerda que tienen derecho a ser atendidos en Urgencias y que su derecho no finaliza con el alta de urgencia sino con el “alta médica” de manera que “la asistencia debe prolongarse hasta la resolución del problema de salud que dio lugar a la urgencia”.
Los defensores consideran también que las urgencias deben contar con mas trabajadores sociales expertos en la atención a personas en situación vulnerable (discapacidad, riesgo social, maltrato o violencia, enfermedad mental), especialmente en los horarios de tarde y noche. También aconseja que las personas “especialmente frágiles” puedan estar acompañadas por un familiar o allegado durante su estancia en Urgencias.
Por último, el estudio advierte de la necesidad de tener en cuenta el envejecimiento de la población para evitar “una hiperfrecuentación innecesaria de pacientes crónicos” y establecer protocolos en la atención a personas en exclusión social que permitan detectar problemas de salud complejos y revelar potenciales alarmas de salud pública.