La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha remitido este lunes una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, en la que muestra su “sorpresa” por la reacción de la institución tras el discurso de Belarra en el Congreso en el que afirmó que “la Iglesia ha sido cómplice en los casos de abusos a menores” en su seno, dijo durante el debate parlamentario de la nueva ley de protección de la infancia. El cardenal Omella emitió una nota de prensa en la que acusaba a la ministra de “ensuciar” la labor de la Iglesia. Ahora, es Belarra quien contraataca y les acusa de estar “lejos de cumplir con los compromisos exigidos por el Papa Francisco”.
“Tengo que transmitirle nuestra sorpresa ante su declaración a través de una nota de prensa puesto que su adhesión y compromiso público con los postulados del Papa Francisco a este respecto son de sobra conocidos”, asegura la misiva enviada por el Ministerio de Derechos Sociales al cardenal Omella y a la que ha tenido acceso elDiario.es. “El Papa Francisco se ha mostrado en los últimos años especialmente beligerante contra esta lacra, llegando a exigir la renuncia de los obispos que encubren estos casos. Además, ha pedido a las autoridades y miembros de la Iglesia que no se guarde silencio sobre estos graves delitos y que se haga lo necesario para que salgan a la luz de forma transparente, ya que, según ha manifestado, 'el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”, prosigue.
Belarra afirma que, pese a este llamamiento, “la Iglesia católica española está lejos de cumplir con los compromisos exigidos por el Papa Francisco”, y denuncia que no se ha “investigado aún en profundidad el problema de pederastia en el seno de su Iglesia”. De haberlo hecho, prosigue la misiva, “parece evidente que, de hacerlo, los datos se asemejarían a los de otros países europeos”.
El ministerio que encabeza la dirigente de Podemos pone como ejemplo las investigaciones llevadas a cabo por las instituciones eclesiásticas en otros países, como Francia, “que en diecisiete meses llegó a identificar en torno a 3.000 víctimas. Y apunta a que en España ha sido el periódico El País quien, precisamente este fin de semana, ha lanzado la primera base de datos sobre el tema.
De hecho, tal y como denuncia Belarra, “la propia Fiscalía General del Estado en el año 2019 reclamó a la Iglesia católica española que dejase de filtrar las sospechas de abusos sexuales que le llegan y las comunique directa e inmediatamente a las autoridades competentes”. “Algo que, por el momento, sigue sin ocurrir”, apunta la carta, que zanja: “es precisamente la Iglesia católica, por respeto al trabajo desinteresado y de inestimable valor que realizan miles de católicos y católicas por amor a su prójimo cada día en nuestro país, la principal interesada en que todos los casos de agresiones sexuales se conozcan, así como que los agresores sean juzgados y las víctimas reparadas”.
Respuesta del Vaticano
El nuncio del Vaticano ha salido precisamente al paso de la polémica también este lunes. “Nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia”, ha asegurado el embajador del Papa Francisco en su discurso ante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, donde el presidente de los obispos, Juan José Omella, ha denunciado “la imposición ideológica” y las “soluciones populistas” en mitad de la crisis.
“Nadie puede interpretar falta de trasparencia o negativa a secundar los que el Papa pide al respecto”, ha recalcado el Nuncio, quien apoyó explícitamente la nota que este viernes publicaron los obispos en respuesta a la ministra Ione Belarra, y señaló “el trabajo bien realizado por parte de todos ustedes que, secundado los deseos del Santo Padre, prestaron enseguida atención y dieron presto cauce institucional, a nivel Diocesano, en materia de abusos de menores”.