Cada vez más dinero en la educación privada. El sector educativo particular registró el pasado curso 2020-2021 en conjunto, desde Infantil hasta la Universidad, unos resultados de explotación (beneficios antes de impuestos) de 756 millones de euros. Esta cifra supone una mejora del 27% desde el curso 2014-15, según la encuesta de financiación y gasto de la enseñanza privada del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento en las ganancias del sector sucede mientras en ciertas etapas –en la Universidad no sucede– el Estado incrementa con fuerza las subvenciones públicas al negocio privado.
Como se observa en el gráfico, las etapas no universitarias –incluyendo todas las obligatorias– aportan más de la mitad de los beneficios obtenidos por las empresas privadas: un 54,2% y 408 millones de euros del dinero que ganaron las empresas educativas en el curso 2020-21 van a parar a colegios e institutos frente al 46,2% y 348 millones que se embolsan las universidades. El balance se está equilibrando en los últimos años en favor de estas últimas: hace seis años los campus privados eran responsables de un 27% de las ganancias del sector, hoy rozan la mitad.
La enseñanza privada concertada –subvencionada por el Estado– acoge en España al 25% del alumnado. Pese a que este número se ha mantenido invariable en los últimos diez años, la financiación que recibe ha aumentado un 22% en la última década, pasando de suponer el 10,1% del gasto educativo total al 12,8% por el estancamiento de la financiación pública, que acaba de recuperar diez años después el nivel de inversión de 2010.
Pese a que estos centros están integrados en el sistema público por recibir financiación de la administración, diferentes investigaciones señalan que los sistemas en los que convive la escuela pública con la concertada, como el español, “tienden a aumentar la segregación escolar y las desigualdades educativas”, según concluye la Fundación Bofill en un informe presentado esta misma semana.
El estudio sostiene que la escuela privada subvencionada no acoge la proporción de estudiantes humildes ni extranjeros –que son los que presentan con carácter general más dificultades de aprendizaje– que les corresponderían: “Los centros públicos españoles escolarizan un porcentaje de alumnado de bajo nivel socioeconómico 2,2 veces superior a los centros concertados y 1,6 veces más alumnado de origen inmigrante”, reza el informe. El problema que detecta la Fundación es normativo: “La regulación actual en España convierte los conciertos en una subvención sin definir claramente sus deberes”.
El sistema de cuotas mensuales que pagan las familias para colaborar con la financiación de los centros –porque el módulo que paga el Estado es insuficiente, según los titulares de colegios e institutos: 25% de alumnado, 13% de fondos– es en parte responsable de esta segregación. Cuando se convierten en obligatorias (algo que sucede en un 90% de los casos, según un informe de centros privados y asociaciones de familias) por un lado son ilegales, porque al ser educación financiada por el estado debería ser gratuita, y por otro expulsan de facto a aquellas familias que no se las pueden pagar, como ya han concluido otros estudios.
La Lomloe o ley Celaá ha intentado poner coto a esta situación con medidas como la supresión de la “demanda social” –un término que introdujo el PP en su Lomce– y priorizando la escuela pública sobre la privada concertada en la provisión de plazas escolares y obligando –intentando al menos– a los centros a admitir alumnado más diverso. Está por ver si funciona, aunque la Fundación Bofill advierte en su informe de que “es necesario que estos cambios tengan una traducción en la regulación autonómica del sector concertado y que se enmarquen en una clara apuesta por una mayor corresponsabilización del sector concertado en la escolarización del alumnado más desfavorecido desde el punto de vista social y educativo”.
Un 6,5% mejor
En conjunto, las etapas no universitarias –obligatorias mayoritariamente, aunque no todas– vieron cómo su beneficio mejoraba un 6,5% respecto al curso 2014-15. Lo hacen impulsadas sobre todo por la subida de las subvenciones públicas a colegios e institutos privados.
Las comunidades autónomas transfirieron a los centros privados con concierto un 20% más de fondos el curso 2020-2021, mil millones de euros extra para superar en total los 7.100 millones de euros de transferencias a la escuela privada con concierto y que estas presenten 24 millones de euros más de beneficios que hace seis años.
Esa cifra, 7.100 millones de euros, es el 12,8% de los 55.184 millones que se invirtieron en todo el sector educativo en 2020. Las familias, la otra gran pata en la financiación de los centros privados, también elevaron su aportación, en este caso un 8%.
Traducido al reparto de ingresos de los centros privados con concierto, más de la mitad de los fondos que facturan (57%) provienen del Estado, las familias aportan el 40,4% y las donaciones de instituciones diversas el restante 2,6%. En datos absolutos, esto supone que los centros privados facturaron un total de 12.533 millones de euros el curso de referencia incluyendo todas las etapas.
Desglosadas las fuentes de ingresos, se observan diferencias entre las etapas educativas. Mientras la Primaria y la Secundaria –la parte obligatoria– reciben el grueso de los fondos públicos y obtienen el mayor beneficio absoluto, es en la FP donde se gana más dinero de manera relativa. Los grados superiores dejan una rentabilidad de 434 euros por alumno y año y los medios 271 euros. En Primaria y la ESO no llegan a 200.
La Universidad tira del carro
La Universidad privada cada vez tiene más presencia y alumnado y reporta más beneficio: en el curso objeto de estudio los resultados de explotación mejoraron un 21% por cada alumno (742 euros ganados por estudiante), mientras los no universitarios lo hicieron un 4,6% (hasta llegar a los 151 euros/año de beneficio por alumno).
Desglosado al detalle por etapas, solo la Infantil de primer ciclo –de 0 a 3 años– fue deficitaria el curso 2020-2021, con pérdidas acumuladas de 37,7 millones de euros. El INE destaca en la nota de prensa que acompaña los datos de la encuesta que ese curso fue el de la pandemia (específicamente, el primero tras el confinamiento) y que esa circunstancia puede alterar algunos resultados. La Educación Infantil fue la que más sufrió las restricciones, con cierres prolongados y miles de escuelas echando la persiana definitivamente.
Por el contrario, como se observa en el gráfico, Primaria y Secundaria ofrecieron beneficios brutos por encima de los cien millones de euros ese curso.
Si se atiende al dato por alumno, la Formación Profesional privada es la más rentable de todas las etapas: la superior deja hasta 434 euros por cada alumno y año.
La encuesta del INE también desagrega los datos por comunidades autónomas. Por comunidades autónomas, la subvención media por alumno alcanzó sus mayores cotas en el País Vasco (4.174 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (3.607), mientras los niveles más bajos se registraron en la Comunidad de Madrid (2.138 euros) y Canarias (1.687).
Se da la circunstancia de que Madrid es la segunda autonomía que menos dinero público aporta por alumno, pero sin embargo es en la que más beneficios obtuvieron los colegios privados por cada estudiante, según se puede observar en el gráfico.
La diferencia entre un indicador (una menor financiación pública) y el otro (el mayor beneficio) la solventan las familias: las madrileñas pagaron el curso 2020-21 un total de 2.720 euros por cada hijo que estudiara en un centro privado. Le supera Catalunya, sin embargo, con 2.832 euros al año por estudiante. Las cuotas más bajas en educación no universitaria se abonaron en Extremadura (481 euros) y en las ciudades autónomas de Melilla (288) y Ceuta (66).
En conjunto, las familias de la educación privada no universitaria pagaron de media en cuotas 1.421 euros por alumno en el curso 2020-21, mientras el coste medio de la enseñanza privada universitaria fue de 5.604 euros anuales.