Aunque ha pasado desapercibido, las parejas de mujeres llevan cinco meses pudiendo inscribir a sus hijos en el Registro Civil a nombre de ambas sin tener que casarse obligatoriamente. Es uno de los requisitos discriminatorios al que seguían sometidas las lesbianas y bisexuales al formar una familia con el que ha acabado la Ley Trans desde su entrada en vigor en febrero. Sin embargo, la amenaza de que un gobierno del Partido Popular y Vox salga de las urnas este 23 de julio hace aflorar el miedo entre las parejas de mujeres y hay quienes, aunque la norma ya no se lo imponga, están decidiendo casarse ante el riesgo al retroceso.
Es el caso de Roma de las Heras y Pau García, una pareja que está actualmente inmersa en el proceso de reproducción asistida en la sanidad pública de Madrid. Aún no han tenido a su bebé, pero ya han tomado la decisión de que contraerán matrimonio. Roma asegura que lo harán empujadas por el “clima político” que tiene en la diana a los derechos LGTBI, una ola reaccionaria a nivel global que ha escalado en la Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni hasta empezar a borrar a la mujer no gestante de los registros de hijos de dos madres, como ya está ocurriendo en la ciudad de Padua.
Pero más allá de Italia, tanto PP como Vox llevan en sus programas electorales la derogación de la Ley Trans, la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y ante ello, hay familias de dos madres que prefieren prevenir y no esperar a ver qué pasaría en ese caso con la filiación conjunta de sus hijos sin ellas estar casadas. “La decisión final de casarnos llega por apoyarnos ante este contexto político en todos los resquicios que nos pueden dar una mínima protección. Si tumban la ley y nos quedamos como antes sabemos que estar casadas hace la diferencia”, explica Roma.
La decisión final de casarnos llega por apoyarnos en todos los resquicios que nos pueden dar una mínima protección
Hasta febrero la única opción que tenían las madres no gestantes para aparecer en el Registro Civil si la pareja no contraía matrimonio era iniciar un proceso de adopción de su hijos. Y si no lo hacían, las criaturas se inscribían solo con una madre. Esto era así porque el Código Civil solo reconocía la posibilidad de filiación sin matrimonio a las parejas heterosexuales, a las que solo bastaba con que el hombre declarara ante el Registro Civil que era al padre, independientemente de que lo fuera o no en términos biológicos o hubieran usado técnicas de reproducción asistida. La Ley Trans lo que ha hecho es ampliar esta posibilidad a las madres no gestantes.
Sin embargo, para Roma no solo no ha dado tiempo a que la legislación se consolide plenamente “y confiarnos”, sino que además duda de que “socialmente vaya a haber una defensa fuerte de la ley si la derecha la quiere tirar”, afirma haciendo referencia al calado que ha tenido “la campaña contra ella” desplegada tanto por la derecha como un sector del feminismo contrario a la autodeterminación de género. Lo que tiene claro esta mujer de 33 años es que contraer matrimonio es una decisión “que no hubiera tomado si no tuviera una pareja que no es un chico” y apunta a cómo la boda es en su caso también “una forma de visibilidad”.
El desconocimiento de la ley
Que muchas parejas de mujeres están optando por casarse para filiar a sus hijos e hijas es una realidad que constatan en la asociación estatal de familias homoparentales Galehi. “Por un lado hay miedo a que deroguen la ley y que en ese caso cuando quieran ir a registrar a los peques no puedan y por otro, la ley es muy reciente y todavía estamos encontrándonos casos de registros que no tienen constancia de ella, así que para evitarse problemas acaban casándose”, sostiene Sara del Olmo, presidenta de la organización.
Es algo que ha vivido en su propia piel Sofía, que prefiere usar un nombre ficticio “por motivos laborales” y vive en un pequeño pueblo de Lugo junto a su pareja y su bebé de apenas un mes de vida. Ellas han sido de las primeras parejas en hacer uso de la nueva norma y filiar a su hijo sin casarse previamente, pero el periplo que han vivido no se lo ha puesto fácil. Y es que el secretario del Juzgado de Paz de su pueblo se negó a hacerlo a pesar de que con la Ley Trans tenían todo el derecho. “Nos hizo sentir muy mal, nos denominó familia anormal en toda la cara”, denuncia Sofía.
Incluso a pesar de la intermediación de la alcaldesa del municipio, la pareja no logró que el secretario del juzgado diera su brazo a torcer, según cuentan, y se vieron obligadas a inscribir a la criatura en el Registro Civil de Vigo acompañadas por la asociación LGTBI gallega Nós Mesmas. Esta vez sin ningún problema. “No tenemos nada en contra del matrimonio, pero que nos obliguen y sea una imposición nos parece discriminatorio cuando a las parejas 'hetero' no se lo exigen”, sostiene Sofía, que puede entender que “la ley sea desconocida” pero no que el secretario del juzgado “se negara” incluso tras haberse puesto en contacto con él una asesora jurídica a la que pidieron ayuda.
La pareja consiguió el pasado mes de junio finalmente su objetivo, pero ahora planean casarse debido al “miedo a retroceder en los derechos conseguidos”. Ya no les da tiempo a hacerlo antes de las elecciones del próximo domingo, pero sí se lo plantean antes de que se conforme el futuro Gobierno. “El objetivo es prevenir la posible pérdida de derechos y el retroceso. Sobre todo para proteger a nuestro hijo y no tenga ningún tipo de problema”, afirma Sofía, que nombra lo ocurrido en Italia.
Un PP que las excluyó de la reproducción asistida
La sombra italiana se erige como una amenaza para las familias homoparentales, que ven en la conexión Meloni-Santiago Abascal una posibilidad real de que este tipo de políticas acaben llegando a España y más aún cuando el presidente popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha respaldado que la presidenta italiana forme parte del PP europeo. El eliminar de los registros a las madres no gestantes “puede parecer algo de casi ciencia-ficción, pero nos tiene a las familias muy preocupadas y es una amenaza clara y directa”, cree la socióloga de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carmen Romero Bachiller, que forma parte del colectivo Familias Heterodisidentes.
Aún así, la situación “no es la misma” en ambos países, sostiene la experta. En Italia ni siquiera están permitidas las técnicas de reproducción asistida para mujeres lesbianas o solteras y en España “ya somos muchas las familias que tenemos hijes”, afirma Romero. Estos registros llevan siendo posibles desde 2007 y se trata de una ley estatal, por lo que no está muy claro que jurídica y legalmente pudiera hacerse lo mismo que en Italia de forma retroactiva. Además, piensa la socióloga que en ese caso “habría una gran contestación social” en España, un país con un alto nivel de aceptación de las personas LGTBI.
De todos modos, no desdeña Romero los efectos “de la normalización de discursos LGTBIfóbicos” ni Del Olmo, de Galehi, que también opina que sería difícil calcar el modelo italiano, minusvalora la posibilidad de que “otras medidas similares” sí puedan ponerse en marcha.
Y es que la familia es una de las grandes disputas de la batalla ideológica que da la extrema derecha en todo el mundo. “Todo lo que tiene que ver con diversidad familiar les escama. Su ideario está marcado por la protección de la familia, pero no es cualquiera, es la nuclear, 'hetero', de un padre y una madre con sus hijos a cargo y todas sus medidas van encaminadas a reproducir ese modelo y restringir los demás”, cree la socióloga.
Esta “imposición moral” no es nueva y ya cristalizó en 2014 en la decisión que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy de restringir la reproducción asistida en la sanidad pública a mujeres lesbianas, bisexuales con pareja mujer solteras. “La falta de varón no es un problema médico”, argumentó la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato. Aunque las comunidades fueron revirtiendo desde entonces esta exclusión, no fue hasta noviembre de 2021 cuando el Gobierno de coalición aprobó una orden ministerial con la que recuperó el derecho e incluyó también a las personas trans con capacidad de gestar.
Las políticas directamente discriminatorias con las parejas de mujeres han convivido con la invisibilidad que ha atravesado históricamente el colectivo. Es paradigmático en este sentido lo que ocurrió con la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. La norma, que puso a España a la vanguardia del mundo en derechos LGTBI, reguló la adopción, a la que empezaban a poder acceder los hombres gays, pero pasó por alto la posibilidad de que las parejas de mujeres pudieran tener hijos biológicos que filiar conjuntamente. Así que la madre no gestante, incluso aunque estuviera casada con la gestante, debía adoptar al niño para ser considerada legalmente su madre. Así fue hasta dos años más tarde, cuando en 2007, aprovechando la Ley de Identidad de Género, se incluyó esta previsión.
“Aún así las trabas para acceder al registro continuaron”, aclara Romero, que pone como ejemplo su caso: en 2014, ella y su pareja quisieron filiar a su criatura y “aquello fue un periplo” en el Registro Civil “donde nos hicieron dar vueltas por todos los departamentos porque nadie sabía cuál era el proceso para dos madres lesbianas”, recuerda.