El borrador que debatirán Sanidad y las comunidades incluye la declaración del estado de alarma si fuera necesario para restringir la movilidad

El borrador del documento que esta tarde van a debatir el ministro de Sanidad y todos los consejeros autonómicos de la rama incluye que, en los casos de riesgo extremo por el nivel de transmisión de COVID-19, se podrán tomar  “medidas excepcionales y ”restricciones adicionales“. El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, tiene el formato de actuación coordinada entre comunidades para el control del virus, y ha sido modificado respecto a versiones anteriores para, entre otros cambios menores, contemplar el estado de alarma si esas medidas excepcionales lo requieren. En la fechada a 21 de octubre concretamente expresa que solicitarlo será responsabilidad de las autonomías. ”En el caso de que su adopción“ lo requiriera, ”el Presidente de la comunidad autónoma solicitará al Gobierno la declaración de estado de alarma“, se lee.

El martes, el ministro Salvador Illa explicó que, si la Comunidad de Madrid, como habían dicho en público, quiere que se imponga un “toque de queda” en la comunidad, se necesitará un estado de alarma, y para eso hace falta el compromiso de que el Partido Popular lo apoyará en el Congreso. El estado de alarma actual expira este sábado y fue impuesto unilateralmente por el Gobierno, para alargarlo más de 15 días haría falta mayoría parlamentaria e Illa ya avanzó que no van a intentarlo. Castilla y León y la Comunidad Valenciana han anunciado que también quieren pedir un toque de queda al Gobierno central.

En el documento anterior no se especificaba esa necesidad del estado de alarma en algunos supuestos muy graves, pero con esta última modificación, previa a la aprobación de todos los consejeros en Consejo Interterritorial, sí. Los acuerdos del Consejo Interterritorial son en principio de obligado cumplimiento para las partes, aunque el formato definitivo del texto que salga de la reunión y su redacción aún puede sufrir algún cambio. Precisamente la decisión sobre meter o no el estado de alarma había sido el principal escollo en las conversaciones entre Sanidad y las comunidades durante estos últimos días.

Estas medidas excepcionales que requieren estado de alarma –y que podrían ser el toque de queda pero también el cierre perimetral de las ciudades y confinamientos domiciliarios– estarían reservadas para el escenario “extremo” de riesgo. Se mide basándose, por un lado, en criterios epidemiológicos: una incidencia acumulada superior a 250 casos por 100.000 habitantes, de 150 si los infectados son en su mayoría mayores de 65 años; una positividad del 15%; y trazabilidad menor al 30%. Por otro, criterios asistenciales: 25% de ocupación de UCI y 15% de camas convencionales solo por pacientes COVID-19–. Los otros tres niveles –riesgo alto, medio y bajo– tienen otros umbrales. Y para alcanzar un escenario hay que superar dos de los indicadores epidemiológicos y uno asistencial, Sanidad especifica que “es importante recalcar que ningún indicador por sí sólo es capaz de dar una visión completa de la situación”.

El nivel “extremo” incluye todo lo reservado para el “alto”, pero sumándole medidas específicas de movilidad. Y el nivel de alerta “alto” define ya la “recomendación” de salir del domicilio solo lo necesario y la “valoración” de que se restrinja la entrada y salida de áreas afectadas, también que el trabajo presencial se limite a actividades o reuniones “excepcionales” y que la autoridad sanitaria “deberá valorar” el cierre de interiores de establecimientos –no obliga a ello–, y establece la reducción del aforo en locales comerciales a un tercio y que se acepten clientes solo hasta las 22:00. Todos los “establecimientos y servicios que la autoridad sanitaria considere esenciales” permanecerán abiertos u operativos en todos los niveles de alerta.

Este borrador que llega a la reunión entre ministro y consejeros sustituye al que se filtró a la prensa la semana pasada, una versión anterior del mismo trabajo que llevan discutiendo los técnicos de Sanidad y de las comunidades varias semanas. El portavoz Fernando Simón ya avisó en rueda de prensa de que ese texto podía tener cambios “sustanciales” porque se seguía debatiendo.