El Gobierno prevé aprobar el próximo martes la norma que sustituirá a la actual Ley del Aborto, aprobada en 2010, con la que se pretende blindar el derecho la la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. El borrador de la norma del Ministerio de Igualdad, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, devuelve el derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento e incorpora varias medidas en el ámbito de la salud menstrual, que será concebido como un estándar inherente al derecho a la salud. Fuentes del departamento dirigido por Irene Montero confirman que la norma sigue negociándose, por lo que puede sufrir cambios, pero su previsión es que el Consejo de Ministros le dé luz verde el 17 de mayo.
Algunas de las líneas fundamentales del texto ya las avanzó la ministra Irene Montero en el Congreso el pasado febrero. Entre otras cuestiones, la idea es garantizar que los abortos se llevan a cabo en centros del sistema sanitario público. Actualmente estos son una minoría. El modelo imperante en España son los conciertos con clínicas acreditadas, donde se llevan a cabo el 85% de las interrupciones, porque existen hospitales enteros que aducen objeción de conciencia para no realizarlas. Como hay provincias en las que no hay centros con los que concertar el servicio, miles de mujeres deben desplazarse para ello cada año.
Para intentar corregirlo la ley prevé regular la objeción de conciencia de los profesionales y que todos los centros cuenten con profesionales de ginecología y obstetricia que puedan realizar las intervenciones. Se hará mediante una regulación al estilo de la Ley de Eutanasia, que establece la obligación de que las comunidades hagan registros con el objetivo de saber a ciencia cierta cuántos profesionales objetan y cuántos no para poner en marcha el servicio. El borrador especifica que las mujeres podrán elegir entre el método farmacológico y quirúrgico y los hospitales deben garantizar que hay profesionales sanitarios suficientes.
La norma que maneja Igualdad recupera además el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento de sus progenitores después de que el Partido Popular reformara la norma para excluirlas en 2015. Esta posibilidad sí estaba incluida en la ley de 2010, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y funcionó así durante cinco años. Con la llegada de los populares a la Moncloa, se produjo el intento de contrarreforma de la ley de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia. Gallardón dimitió tras la fuerte oposición social y feminista a su propuesta de restringir el derecho al aborto en España, pero sí se llegó a aprobar el cambio en lo que respecta a las jóvenes.
Blindarse ante el recurso del PP
La intención del Ejecutivo es que con la nueva ley pueda desactivarse el recurso que el Partido Popular interpuso contra la norma anterior y que el Tribunal Constitucional ha reactivado recientemente tras más de una década congelado. El borrador, de aprobarse tal y como está redactado, mantiene los plazos para abortar actuales, pero deroga la norma vigente, según ha adelantado la Cadena Ser por lo que el recurso de inconstitucional quedaría vacío de contenido y desactivado.
Está por ver si esto ocurre de esta forma porque dependerá de si el Tribunal Constitucional, que ha reactivado el recurso, dicta sentencia antes de que la norma entre en vigor. A la ley le queda aún un largo camino por delante y el presidente del tribunal anunció que habrá un borrador de sentencia “en unos meses”, pero cosa distinta es cuándo se llevará a pleno. Se baraja, además, que se aplace la decisión si no hay un cierto consenso y el tribunal está muy dividido. El tribunal podría decidir no estudiar el recurso si hay una ley que deroga la recurrida en trámite, pero el escenario está marcado, sobre todo, por la incertidumbre. Eso teniendo en cuenta, además, que en junio se prevé una renovación de algunos miembros que, de llevarse a cabo tal y como está prevista, hará que el recurso lo estudie una mayoría progresista mientras que si se vota antes de ese mes, será conservadora.
Salud menstrual
Parte del texto está dedicado a todo lo que tiene que ver con la salud menstrual, entre otras cosas, bajas de tres días por reglas dolorosas, según la Cadena Ser. Sin embargo, está por ver cómo se configura este precepto, que en sí ya existe como posibilidad y si acaba plasmándose así en la ley. Además, Igualdad prevé también bajas para las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria del embarazo, la obligación de que los centros educativos tengan a disposición productos para la regla o acceso gratuito a los mismos en los centros de servicios sociales para las mujeres que se encuentren en riesgo de exclusión o en prisión.
También, según el borrador que ha adelantado la Cadena Ser, la ley recogerá la gestación subrogada como una forma de violencia sobre la mujer, prohibirá la publicidad de las agencias intermediarias y establecerá que los tribunales podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para acceder a esta práctica, ilegal en España.