La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha comparecido con el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, el concejal de Economía, Pedro Calvo, y el concejal de Seguridad, Antonio Guindos, para dar explicaciones de la trágica fiesta de Halloween en el Madrid Arena que acabó con tres muertes y dos heridas muy graves.
Botella ha afirmado: “A colaborar en todo lo necesario con la investigación. Tienen mi palabra. Nos personaremos en la causa judicial si se demuestra que la empresa incumplió alguna norma. He aceptado crear una comisión de investigación para que sea un foro de debate para mejorar la regulación municipal y elevar a otras administraciones los cambios convenientes. Que nunca unos sucesos tan tristes vuelvan a ocurrir. Queremos la máxima transparencia. La vida humana es demasiado valiosa y el riesgo es demasiado grande”. A partir de aquí, todas las macrofiestas y fiestas “como la del jueves” que estuvieran comprometidas quedarán canceladas, si bien no concretó los criterios para discriminar qué actos se albergarán y cuáles no, aunque dejó la puerta abierta a que se celebren ciertos tipos de conciertos.
Y añadió: “Hemos actuado conforme a la legislación vigente y cumpliendo nuestras obligaciones. El equipo médico era responsabilidad de la empresa que organizó el acto. Pero si se deduce de la investigación judicial que no era el adecuado, este Ayuntamiento acudirá como acusación particular”.
Por último, aseguró con firmeza: “Nunca más, nunca más, mientras yo sea alcaldesa ni cederemos ni alquilaremos ni consentiremos en ningún edificio propiedad del ayuntamiento sean alquilados para este tipo de usos mientras sea alcaldesa. Nunca más porque la vida humana es demasiado importante, el riesgo es demasiado grande, mucha gente, mucho ruido y mucho alcohol”.
Pedro Calvo, el concejal de Economía y presidente de Espacios y Congresos, propietaria de Madrid Arena, afirmó que no hacía falta que la empresa organizadora, Diviertt, estuviera al corriente de pago de la Seguridad Social como es preceptivo para hacer negocios con la administración porque “Espacios y Congresos no es la administración sino una empresa diferente”. Según se ha publicado, la empresa debía 26.0476,13 euros al Estado. Además, dijo: “No es una evidencia que se haya superado el aforo. Hay que esperar a la investigación. Ni siquiera el Samur ni agentes de policía percibieron que hubiera más gente de lo permitido. Si hubieran tenido esa impresión, habrían reclamado la presencia de la Policía Municipal”.
“Hemos reclamado por burofax a la empresa Dator, subcontratada por Diviertt, que son los que controlaban la entrega de entradas, el control de los tornos”, insistió Calvo.
En cuanto a la menor que está ingresada de gravedad en el hospital 12 de Octubre, Calvo aseguró que “la empresa tiene la obligación de asegurarse de que no entran menores. Si había menores de edad, están de manera ilegal. No se tenía que haber vendido la entrada ni haber permitido la entrada. Una de las formas de mentir es llevar un carné de identidad falso, pero si la empresa no lo hizo, lo hizo mal o de manera insuficiente, y tendrá que atenerse a las consecuencias”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, defendió la gestión de la contratación y afirmó que había 10.600 localidades autorizadas, cifra que facilitó la organización: “Nos dijeron que se vendieron 9.600 entradas, si se superó el aforo, el Ayuntamiento actuará en consecuencia. Si la empresa ha mentido, el Ayuntamiento recurrirá a las acciones legales. Pero nos lo dirá la investigación”.
Calvo informó de “que había 38 personas de seguridad, 35 en las entradas, de la empresa Seguriber. Y otros 75, de la empresa Control34 para comprobar documentación, la distribución interna de los asistentes y que no se acumulen personas”.
Guindos explicó que “las normas de 2008 sobre espectáculos públicos establecen y fue calificado como riesgo medio por contar como seguridad privada, pero los medios se aplicaron como riesgo alto: un sargento, un cabo y 14 policías. Para control de acceso y cierto cordón de seguridad a 50 metros para prohibir venta ambulante. En previsión había otros 24 policías municipales de apoyo que se incorpora cuando se produce el primer aviso en el 112, a las 4.15”.
“El control del exterior era municipal, para evitar aglomeraciones, el de accesos al interior, de la seguridad del recinto privada”, explicó el jefe de Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo.
Calvo aseguró que “con más de 5.000, se aplica la exigencia de máximo aforo. Y el plan de control que tienen que aplicar, que incluye el servicio médico, es el que consideramos adecuado para el máximo previsto, los 10.600, o las 12.000 que tiene en sí la infraestructura. Y según nos informaron, lo cumplían”.
En relación con los petardos y bengalas, Monteagudo explicó que “la capacidad de detectar cualquier irregularidad, correspondía a la seguridad privada en los accesos. No había Policía Municipal ni Nacional. Antes de la fiesta, la policía y la empresa recorrieron las instalaciones, y tanto la Policía Nacional como Municipal tienen la potestad para realizar esa inspección, pero nada nos hizo ver irregularidades en el interior con antelación, por lo que no había agentes dentro. Nuestro control era en el exterior, y que haya bengalas, nos lo dirá la investigación”.