Están en juego ventas millonarias en herbicidas. La Comisión Europea está apurando los plazos legales para allanar el camino que autorice la utilización del glifosato en la Unión Europea, un producto al que la Organización Mundial de la Salud declaró “probablemente cancerígeno” en 2015.
Fuentes relacionadas con la negociación explican que “no pueden arriesgarse a una mayoría en contra” así que la Comisión ha pedido a los países una nueva postura sobre su propuesta para vencer las fuertes resistencias de diversos estados y conseguir la licencia para este químico: ese plazo terminó el pasado 18 de marzo. La decisión final no puede llevarse más allá de junio.
Desde el Parlamento Europeo, organismo que solo puede emitir una opinión, fuentes de grupos políticos analizan que las negociaciones “van encaminadas hacia conseguir un compromiso que reduzca los años de licencia y restringa los usos pero no que lo prohíba definitivamente”. Las mismas fuentes esperan que la votación definitiva sea “en abril”.
La importancia radica en que el glifosato es el herbicida más vendido del mundo. Pero sobre esta sustancia sobrevuela la sospecha de su peligrosidad para la salud: La OMS expuso hace un año su potencial cancerígeno. Su panel científico lo colocó en el grupo 2A: probablemente cancerígeno, como la carne roja. Sin embargo la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no lo considera peligroso.
El Ejecutivo comunitario pretendía obtener el visto bueno de los estados el pasado 8 de marzo. Apoyado en la opinión de la agencia europea, pidió que el glifosato pudiera comercializarse en Europa otros 15 años. Pero hasta cuatro países anunciaron que rechazarían el permiso. No eran actores menores, ya que estaban en contra Francia, Holanda, Italia y Suecia. Incluso Alemania planeó abstenerse: su propia Agencia de Evaluación de Riesgos había llamado en abril de 2015 a la prudencia y a un mayor estudio antes de dar el respaldo al herbicida.
Era una situación insostenible. No solo porque las decisiones precisan una mayoría cualificada sino porque “si hay varios países que lo rechazan, éstos pueden regular en contra del producto en sus territorios, lo que es un inconveniente para las empresas que lo comercializan”, analiza Dolores Romano, experta en químicos de Ecologistas en Acción. Sin garantía de apoyo, la Comisión no se arriesgó a un rechazo directo a la autorización y dilató la votación.
“Todavía hay tiempo para seguir negociando, ya que el límite para decidir sobre una posible autorización es a finales de junio”, ha contestado un portavoz de la Comisión Europea a eldiario.es. También han confirmado que “aunque la siguiente sesión del comité sobre pesticidas está prevista para mayo, el asunto puede llevarse a otra sesión anterior”.
24 corporaciones implicadas
Las reticencias para seguir vendiendo glifosato chocan contra de los intereses de 24 empresas que lo comercializan en Europa. Los herbicidas en la Unión Europea compusieron un mercado de 127.000 toneladas de químicos en 2013. Las estadísticas oficiales no ofrecen datos individuales por producto, pero algunos estudios por países arrojan porcentajes altos: el 35% de los cultivos en Dinamarca o el 39% en Alemania reciben glifosato.
Entre las corporaciones pendientes de la decisión está la inventora de este producto: Monsanto que coloca sus compuestos con glifosato con el nombre de Roundup. Uno de los pilares de su modelo de negocio.
La división de Monsanto que distribuye este herbicida ingresó 4.100 millones de euros en 2015. El beneficio neto ascendió a 1.064 millones, según las cuentas de la compañía. Con todo, Monsanto consideró que fue un mal ejercicio: había ingresado 316 millones de euros menos que en 2014 por estos productos. En enero pasado, la multinacional anunció que se desharía del 16% de sus empleados: 3.600 puestos de trabajo hasta 2018.
El análisis de la OMS no solo menoscabó la posición comercial de los productos a base de glifosato. Tras la declaración de riesgo, la autoridad alimentaria de EE UU (FDA) ha iniciado una investigación en busca de restos de glifosato en alimentos. Además, otro organismo comunitario, la Agencia Europea de Químicos (ECHA) está estudiando este producto para establecer cómo se etiqueta.
No es un detalle menor. La ECHA tiene la potestad de obligar a que el Roundup (y otras marcas) lleven avisos sobre su composición y toxicidad lo que condiciona que pueda venderse o no en Europa. Su análisis, explica la agencia, se concentra en “carcinogénesis, mutación de células, y toxicidad en la reproducción” y no se espera que llegue antes de 2017 porque sigue en curso.
Mientras se resuelve el permiso o la prohibición, los productores de glifosato no han parado de subrayar la seguridad de su compuesto. Monsanto explica que la OMS “no se apoya en datos científicos” y que no se corresponden con las conclusiones de “las evaluaciones realizadas por cientos de científicos encargados de la seguridad pública”. Al mismo tiempo, sostiene que los estudios que empleó la organización para dar su opinión habían sido “previamente revisados y considerados por las agencias reguladoras europeas”. También asegura que “al ser consumidores nosotros mismos, la seguridad es una prioridad”.
También en el negocio transgénico
El glifosato del Roundup es un eslabón clave en el desarrollo de la agricultura con organismos modificados genéticamente como los que vende Monsanto, aunque no se aplica exclusivamente a esos cultivos. Diversas variedades de transgénicos son creadas para resistir la acción de este herbicida. De esta manera, puede utilizarse a discreción en las plantaciones: mata la maleza, no la soja o el maíz resistentes.
Desde Bruselas, el portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, entiende que “la posibilidad de permitir más uso de glifosato durante 15 años es escandalosa”. Marcellesi considera que representa un “peligro para la salud y el medio ambiente” además de permitir “más poder para las multinacionales de la agroindustria”.
En España, el Gobierno se ha mostrado tradicionalmente favorable a seguir las directrices de la Comisión Europea basadas en el informe de la EFSA. El pasado 17 de marzo, el diputado del grupo Podemos Juan López de Uralde, pidió por escrito al Ejecutivo cesante que hiciera público cuál ha sido la última posición fijada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de cara a las sesiones que decidirán el futuro comercial del glifosato. “La transparencia lo exige”.