Las abejas son fundamentales para la polinización. Es decir, para garantizar el intercambio de polen entre las flores, cuyo fin es lograr la reproducción de algunos tipos de semilla y de frutas, fundamental para la vida en el planeta. ¿Y cuál es el problema? Que las abejas están cada vez más amenazadas.
La Comisión Europea ha dado curso este miércoles al registro de una iniciativa ciudadana europea llamada “¡Salvemos a las abejas! Protección de la biodiversidad y mejora de los hábitats de los insectos en Europa”.
Los impulsores, alemanes, solicitan a la Comisión que “adopte legislación para mantener y mejorar los hábitats de los insectos como indicadores de un entorno intacto”.
La iniciativa ciudadana se centra en la creación de objetivos vinculantes “para convertir la promoción de la biodiversidad en un objetivo general de la política agrícola común; reducir drásticamente el uso de plaguicidas, prohibir los plaguicidas nocivos sin excepción y reformar los criterios de admisibilidad; fomentar la diversidad estructural en los paisajes agrícolas; reducir eficazmente los nutrientes (por ejemplo, Natura 2000); establecer de forma efectiva zonas de conservación; intensificar la investigación y el control y mejorar la educación”.
Ante el alarmante declive de las abejas y otros polinizadores, el Gobierno español también ha lanzado un Plan de Acción Nacional para revertir la delicada situación a la que se enfrentan estos insectos, asediados por el uso de fitosanitarios, una de sus principales amenazas.
Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el 16,5 % de los polinizadores vertebrados están en peligro de extinción a nivel mundial, mientras que en Europa, el 9 % de las especies de abejas y mariposas están amenazadas y las poblaciones disminuyen en un 37 % en el caso de las abejas y un 31 % en el de las mariposas.
Solo en España existen más de 7.000 especies de dípteros, 4.000 de lepidópteros, 9.500 de himenópteros- el grupo de las abejas- y más de 10.000 coleópteros que desempeñan un papel primordial en la polinización.
Las principales amenazas son el inadecuado empleo de insecticidas, herbicidas y fertilizantes, que causan la muerte de manera directa o indirecta de polinizadores silvestres o domésticos. Además del uso de productos tóxicos, entre los factores más relevantes que causan la mortandad de estos insectos sobresalen la pérdida y degradación de hábitats (incluyendo la generada por la intensificación agrícola y otros cambios de uso del suelo), los agentes patógenos y enfermedades, las especies exóticas invasoras y el cambio climático.
De acuerdo con los Tratados, la UE puede emprender acciones legales en ámbitos como el mercado interior, la política agrícola así como la protección de la salud pública y la calidad del medio ambiente. Por consiguiente, la Comisión considera que la iniciativa es jurídicamente admisible y ha decidido registrarla. La Comisión no ha analizado en esta fase el fondo de la iniciativa.
El registro formal de esta iniciativa tendrá lugar el 27 de mayo de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.
El Tratado de Lisboa introdujo la iniciativa ciudadana europea como una herramienta a disposición de los ciudadanos a partir de abril de 2012. En 2017, la Comisión Europea presentó una serie de propuestas de reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea para simplificar el proceso. En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron esa reforma. Se han registrado 34 iniciativas durante esta Comisión, frente a 29 de la anterior.
Una vez registrada oficialmente, la iniciativa ciudadana europea permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.
Los requisitos de admisibilidad son “que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión”.