La caída de la natalidad desata las guerras por el alumnado, y la escuela pública va perdiendo

Hace un par de semanas, la escuela privada y la principal federación de Ampas de la escuela presentaron su estudio anual sobre el pago de cuotas obligatorias (ilegales, por tanto) en los centros concertados. En Escuelas Católicas (EC), la patronal más grande de los colegios privados financiados con fondos públicos, les estaban esperando. El informe tiene “un objetivo, claramente evidente”, aseguraba la organización de la Iglesia en una nota emitida justo después: “Eliminar la competencia que supone la enseñanza concertada en un momento de descenso de la natalidad”.

Más allá de las razones de unos u otros, el mensaje de EC venía a poner negro sobre blanco una situación que se da cada año con más fuerza en la Educación: la búsqueda de alumnado para las escuelas. Como explicaba la patronal religiosa, la natalidad está en claro descenso y sencillamente no hay estudiantes para todos los centros. Con este panorama, los colegios intentan atraer a las familias para evitar un posible cierre total o que se les retire alguna línea (clase), si es que la administración opta por esa vía.

“La competición entre centros se ha ido implantando poco a poco”, conviene el catedrático de Sociología Julio Carabaña. “Se hacen jornadas de puertas abiertas, los colegios tienen cada vez proyectos de centro más diferenciados...”.

De fondo sobrevuela una competición entre modelos que juegan las familias pero dirime en buena medida la administración: escuela pública contra escuela concertada (la privada va a lo suyo). Caen los alumnos y alguien tiene que pagarlo. Todos se sienten agraviados.

Luis Centeno, secretario general adjunto de EC, que representa al 60% de toda la escuela privada subvencionada, asegura que hay un “miedo profundo” entre sus centros a que “se intente que quien pague el descenso de la natalidad sea la concertada porque es más fácil, no se atreven con la pública”. Y asegura que ya está sucediendo en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha.

Pero Jorge Delgado, presidente de la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Infantil y Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) y director del CEIP Blas Infante, de Écija, tiene justamente la queja contraria. “En las últimas planificaciones de escolarización se han cerrado unidades en Andalucía”, explica. “Y le toca casi siempre a la pública y nunca a la concertada. Reclamamos que los criterios de estabilidad de unidades públicas sean iguales para la red estatal que para la concertada”. Porque además, sostiene, la competición entre redes por el favor de las familias se juega en circunstancias desiguales. “No todos los centros públicos tenemos las mismas herramientas para competir con otro tipo de centros. Los concertados se financian vendiendo libros, equipamientos, comedor... Muchas veces juegan en otra liga”, lamenta. Una postura que defienden los sindicatos o las federaciones de Ampas de la escuela pública.

Casi un millón de estudiantes menos

Los datos dicen que por el momento la privada financiada por el Estado está sufriendo menos la caída de la natalidad. Las matriculaciones del segundo ciclo de Educación Infantil, la primera etapa en la que se está dejando notar el descenso de nacimientos, muestran que en toda España en la última década la escuela pública ha perdido un 20,1% de su alumnado por un 13% de la concertada.

Las previsiones solo apuntan en una dirección: más caída. El informe 'España 2050', elaborado por el Gobierno, calcula que dentro de 28 años habrá 800.000 estudiantes menos en la etapa obligatoria (3-16 años) y el INE sostiene que para 2030 se van a perder tres cuartos de millón de estudiantes entre Infantil y Primaria. Dicho de otra manera, en 30 años habrá unas 33.000 aulas menos en el país y de algún sitio hay que recortarlas.

Esta evolución solo deja dos posibles respuestas: o se cierran centros (o líneas) o se bajan las ratios metiendo menos alumnos en cada aula. Para el Gobierno, esto es una oportunidad. El Ministerio de Educación apuesta por aprovechar la circunstancia para avanzar en la segunda línea. El informe España 2050 ofrece un atisbo a lo que podría suceder: “Nuestro país podrá duplicar el presupuesto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo del gasto público”, se lee.

Centeno, de Escuelas Católicas, lamenta que para la concertada eso es elegir entre “lo malo y lo peor” y sostiene que para sus centros supone una estocada. “Menores ratios a priori es positivo porque tienes menos niños en clase, pero en los centros públicos es más fácil de asimilar porque da igual el número de alumnos que tengan, hay un presupuesto que va a costear los gastos de ese centro. Pero en un centro concertado partimos de que el concierto es deficitario y no cubre los gastos reales de funcionamiento”, expone la queja recurrente de estos colegios. “Si tienes la mitad de niños porque no puedes matricular más, esos remanentes que podías generar con actividades complementarias como los comedores, transportes, excursiones, viajes, venta de libros de texto, uniformes... esos otros ingresos extraordinarios, legales, están en función del número de alumnos que tengas. Con la mitad de alumnos, la mitad de ingresos. ¿De dónde recortas?”.

Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT, reclama que las administraciones planifiquen la oferta educativa teniendo en cuenta también la escuela concertada como dependiente que es del sector público, algo que no siempre sucede. “Como depende de las administraciones es más sencillo recortar de lo que gestionan ellas [que cerrar centros privados]. En algunas comunidades nos hemos encontrado con que porque faltaban alumnos han caído unidades de la pública y sin embargo no se han desconcertado unidades en la privada subvencionada”. El sindicato ve en la caída de la natalidad “una oportunidad para fortalecer la educación pública”, en la línea del ministerio.

Cada comunidad, a lo suyo

Pero el problema que tiene el departamento que dirige Pilar Alegría es que la salida a esta incipiente crisis no depende de Educación. Son las comunidades autónomas las que gestionan el sector y cada una lo está haciendo a su manera.

En Madrid, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, apoyada por la caída de la natalidad, ha optado por bajar las ratios a 20 alumnos por clase empezando por el primer curso del segundo ciclo de Infantil mientras cierra concertada en barrios céntricos de la capital, envejecidos (este curso, 200 unidades), y abre en la periferia, más pujante y joven (190 nuevas clases, lo comido por lo servido). También se han clausurado unidades de la escuela pública en los últimos años. Euskadi o Baleares están optando igualmente por el cierre de concertada, y Catalunya tiene un programa para integrar en la pública centros con concierto que por el momento ha logrado seis incorporaciones a la red estatal de colegios privados que iban a echar la persiana. Andalucía está optando por detraer oferta pública.

La situación va por barrios (y políticas educativas). No es lo mismo el campo, donde manda la pública, que la ciudad, coto de la privada subvencionada. Extrapolando, no es lo mismo Madrid, más urbana, que Aragón. Y en consecuencia evoluciona la presencia de unas y otras escuelas en los diferentes territorios y qué se cierra y qué no. Incluso dentro de un mismo municipio puede haber diferencias, como explica Delgado con el ejemplo de Écija.

“Yo tengo dos clases de 25 alumnos cada una, el máximo. Pero hay otro colegio que se ha quedado con 12”. Y eso distorsiona la media, que en ocasiones se utiliza como argumento para defender que la cosa va bien. “En Andalucía es de 18 o 19 alumnos por clase, pero no vale. Las ratios son engañosas, nosotros pedimos que se actúe sobre las zonas más densamente pobladas y que se estudie la convivencia entre las dos redes, porque siempre pierde la misma”, sostiene.

La concertada no piensa quedarse cruzada de brazos mientras les cierran centros, alerta Centeno. “Tenemos colegios a los que se les ha quitado una línea porque la escuela pública de al lado tiene muchas plazas libres”, sostiene, “pero lo estamos recurriendo”. Los expertos recuerdan que revocar un concierto mientras esté vigente (suelen durar entre cuatro y seis años, cuando hay que renovarlos) es complicado de justificar para la administración.

Carabaña recuerda que la historia se repite. Hace más de 40 años, entre finales de los 70 y principios de los 80, los nacimientos se desplomaron, pero apenas tuvo consecuencias. “Se redujo la natalidad a la mitad en seis años. No pasó nada. Simplemente, la capacidad disponible, lo que quedó libre, se utilizó para reducir ratios y ampliar la edad [de escolarización universalizando los tres años], algunos centros cerraron, pero las proporciones [entre la escuela concertada y la pública] no cambiaron. Preveíamos unas consecuencias mayores, pero quedó en eso, en un curso más de escuela”, relata. Ni agravio para la pública ni para la privada con concierto.

Gráficos de Victòria Oliveres.