Los efectos cada vez más acuciantes del cambio climático ya están obligando a crear nuevos mecanismos para proteger a la población en España. El calentamiento global no solo tiene consecuencias sobre la salud o el medioambiente sino que impacta de lleno en la situación social de las personas, como ha demostrado la DANA súper destructiva que azotó València y Albacete hace tres semanas. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado un plan de protección social para coyunturas que serán más frecuentes a partir de ahora, según el consenso científico.
Tendrá tres partes, ha avanzado en comparecencia en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): un análisis y diagnóstico de cómo el cambio climático incide en situaciones de vulnerabilidad, un refuerzo de los servicios sociales para hacer frente a situaciones como la provocada por la DANA, y la incorporación de las medidas de protección social a las acciones del Estado contra el cambio climático.
“El calentamiento global está agravando las desigualdades estructurales y con este plan vamos a dar una respuesta social a este desafío”, ha asegurado el ministro. Basta con dos ejemplos, desgranados por Bustinduy. Casi la mitad de las personas fallecidas por la DANA tenían más de 70 años, aunque solo representan al 15% de la población de los 28 municipios afectados. Además, de los más de 700 municipios en situación de riesgo por la inundación fluvial en España, el 42% presentan una tasa de población en riesgo de pobreza extrema superior a la media nacional.
El Gobierno ha desplegado un paquete de ayudas de casi 15.000 millones de euros para financiar la reconstrucción de los hogares y apoyar a las empresas, a los autónomos y a los ayuntamientos golpeados por la DANA. Este “escudo” incluye la transferencia de 50 millones de euros a los ayuntamientos para reforzar sus servicios sociales para lidiar con las situaciones de “pobreza sobrevenida” esperables tras las inundaciones, según el Ministerio de Derechos Sociales.
También se destinó una concesión directa de cinco millones de euros para la Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a 28.000 entidades de España, muchas de las cuales están trabajando en el terreno; 700.000 euros para el Consejo General del Trabajo Social y su Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales; y otros 490.000 para las entidades que cuidan animales extraviados o abandonados cuyas infraestructuras han quedado dañadas.