La justicia rechaza exhumar al amigo de Antonio Machado y otros cinco maestros fusilados en Soria
La justicia española no sacará de una fosa común al amigo de Antonio Machado y otros cinco maestros de escuela asesinados por franquistas en Cobertelada (Soria) en 1936. El Juzgado de Instrucción 1 de Almazán lideraba las labores de exhumación, lo que supone que el Estado se hace cargo de los costes económicos, hasta que cambió de rumbo a petición de la fiscal jefe de Soria, que pidió el sobreseimiento del caso.
La Audiencia Provincial ha desestimado ahora el recurso de apelación que había puesto la Asociación Recuerdo y Dignidad, cerrando definitivamente la puerta a la exhumación, que retomarán las propias familias y esta misma organización memorialista. Según han anunciado van a iniciar una campaña de captación de fondos para sufragar los gastos de exhumar: hay que pagar maquinaria para sacar los cuerpos, arqueólogos, antropólogo forense y la identificación genética.
En esta tumba ilegal está enterrado Francisco Romero Carrasco, matemático de renombre mundial y amigo del poeta Antonio Machado. Junto a él yacen Eloy Serrano, profesor del colegio del pueblo; el maestro de Ajamil, Hipólito Olmo; el de La Seca, Elicio Gómez; el maestro de Perdiguera (Zaragoza), Victoriano Tarancón, y Martín Artola, vecino de Ateca.
La fosa de Cobertelada soporta el paso del tiempo junto a una cuneta. Todos fueron ejecutados a balazos. Y enterrados por varios agricultores testigos del suceso en un paraje conocido como Los Tomillares. A finales de octubre de 2016 aparecían los primeros indicios: “Los encontramos a última hora del día, basándonos en indicaciones de los vecinos y un mapa del Archivo Histórico Provincial”, cuenta Iván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad. “Acto seguido denunciamos al Juzgado de Almazán”, recuerda.
El carpetazo judicial a la fosa de los maestros
El Juzgado de Almazán llegó a abrir el procedimiento y emitió sendos oficios al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INTCCFF) de Burgos y al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid. Estas instituciones contestaron ofreciendo “realizar el estudio antropológico y, si se considera necesario, el estudio genético de dichos restos”. Y la Guardia Civil, según la asociación memorialista, había recibido orden de “vigilancia y conservación de la fosa” hasta que se produjera la diligencia de “levantamiento y exhumación”. Cuando un juzgado asume la exhumación de cuerpos, es el sistema el que financia los trabajos.
La Fiscalía de Soria había pedido “en un primer momento” que los trabajos arqueológicos se realizaran conforme a lo previsto en la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, posteriormente la fiscal jefe rechazó “el primer informe del fiscal adscrito al caso”, pidió el sobreseimiento y cambió el criterio inicial del Juzgado de Almazán.
Tras el “varapalo” judicial, la Asociación Recuerdo y Dignidad retoma la exhumación junto a familiares de las víctimas. Sin financiación pública ni soporte del Estado, los trabajos quedan supeditados a encontrar fondos a través de una campaña de captación de fondos. En el proceso exhumatorio recibirán el apoyo técnico de la Fundación Aranzadi. Con la seguridad, dicen, de que sacarán de la fosa al amigo de Antonio Machado, Francisco, y a Eloy, Hipólito, Elicio, Victoriano y Martín: los maestros asesinados por franquistas en Cobertelada.
“Una vez más, la justicia vuelve a dar la espalda a las víctimas”, apunta la asociación Recuerdo y Dignidad en un comunicado. “Es evidente que las víctimas del fascismo español se encuentran ante un desamparo total por parte de todos los poderes e instituciones del Estado”. El carpetazo a la causa ratifica cómo España es “el único país donde los familiares de los civiles desaparecidos, ayudados por asociaciones de voluntarios, tienen que averiguar el paradero de sus seres queridos, localizar sus restos mortales y exhumarlos para poder darles un entierro digno”, lamentan desde la asociación.
No se trata de un caso aislado. España cierra por sistema las causas judiciales que piden investigar crímenes del franquismo y los juzgados suelen dar carpetazo a las exhumaciones.
Un ejemplo es la reciente marcha atrás del juzgado de Paterna (Valencia) para sobreseer la causa por el hallazgo de 12 represaliados en la fosa 113 del cementerio. Son procesos que se cierran alegando la prescripción de los delitos o la aplicación de la de la ley de Amnistía.
La Fiscalía General del Estado reafirmó esta línea de obstáculos con la circular con la que torpedeaba la investigación del franquismo desde la querella argentina, cuando ordenó a los fiscales de todo el país que se suspendieran las declaraciones en los juzgados de los querellantes. Aún así, el país ha logrado mediante exhorto, de manera directa o indirecta, que se exhume a 105 víctimas, con el sonoro caso a la cabeza de Ascensión Mendieta, que recuperó a su padre, Timoteo Mendieta, de una fosa común en el cementerio de Guadalajara porque en este caso el juzgado español sí decidió seguir adelante.
