Madrid retoma un Campus de la Justicia 'low cost' tras enterrar 120 millones de dinero público en el proyecto
El Campus de la Justicia de Madrid lleva enterrados más de 120 millones de euros de dinero público. Con la sociedad gestora del plan disuelta, el presidente regional, Ignacio González, no se da por vencido y ha resucitado un antiguo proyecto de Esperanza Aguirre para concentrar las sedes judiciales. Esta vez, a bajo coste. El sitio es el mismo, una parcela de 20 hectáreas donde sólo se ha levantado un edificio de los 15 diseñados.
La Asamblea de Madrid recibió el decreto de disolución de Campus de la Justicia S.A. el pasado lunes, según publicó El País. Ese proyecto había muerto el 21 de diciembre de 2012 cuando el consejo de administración (el Gobierno regional) decidió cerrar la empresa. Una vez tomada la determinación de no seguir adelante, lo único que le restaba por hacer era... seguir pagando los compromisos adquiridos hasta acabar consumiendo recursos por valor de esa cifra de, al menos, 120 millones.
Ahora, para no firmar la defunción del campus, el Gobierno de Ignacio González echa mano de una fórmula ya avanzada en 2012: sacar a concurso la construcción de las sedes y pagar a la empresa que gane el contrato –de 30 años– el dinero que, dicen, les cuesta alquilar los juzgados a día de hoy: 40 millones de euros. En 2012 se hablaba de 33 millones.
El contratista debería estar elegido “en el primer semestre del año”, apuntan en el Ejecutivo. De momento no han explicado si mientras se construyen los nuevos edificios se seguirán abonando los alquileres, lo que duplicaría el gasto. La planta judicial de la Comunidad de Madrid, según su Consejería de Justicia, es de “70 inmuebles y 315.000 metros cuadrados”.
Nacido en la cabeza de la expresidenta Esperanza Aguirre y su consejero de Justicia en 2004, Alfredo Prada, la primera piedra del campus primigenio se colocó en 2007. También en 2008, cuando se organizó otro acto de inauguración con Aguirre en las fotos de nuevo. Dos años despues, en 2010, el sucesor de Prada, Francisco Granados, ya reconocía que se había abonado casi un centenar de millones. “Las partidas del Campus de la Justicia se han llevado 96 millones de euros”, recordaba la diputada socialista Amparo Valcarce en una comisión parlamentaria el 5 de noviembre de 2013. Para entonces, Madrid había abandonado el plan pero todavía estaba pagando facturas que iban a inflar el bocado a las arcas madrileñas.
Los principales responsables políticos, como el presidente Ignacio González o su mano derecha Salvador Victoria, han intentado esquivar el tema hasta ahora, cuando han decidido desempolvar esta versión low cost del proyecto. Las explicaciones del Ejecutivo ha habido que buscarlas en las intervenciones parlamentarias de, por ejemplo, la viceconsejera de Justicia, Elena González-Moñux. Esta responsable reconocía el 20 de mayo que las cuentas públicas tuvieron que hacerse cargo de los pagos después de que fallase la financiación de la construcción a base de vender “sedes judiciales distribuidas por la ciudad de Madrid”.
El dinero que se ha dilapidado es materia oscura. La Comunidad de Madrid dejó de enviar las cuentas al Registro Mercantil a partir del ejercicio 2009, por, dijeron, no existir “obligación”. “Nadie sabe lo que se ha pagado realmente”, cuenta un funcionario de Justicia.
Además de los comentarios de los trabajadores, la Cámara de Cuentas de Madrid ya dejó por escrito el 30 de diciembre pasado que “la sociedad Campus de la Justicia de Madrid S.A. ha incumplido su obligación de rendir cuentas”. La fiscalización de la Cámara había encontrado una petición de 20 millones de euros al Estado mediante el Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores. Un último empujón millonario al montante del complejo que no vio la luz.
González-Moñux fue, una vez más, la enviada para contar en febrero de 2014 que esos millones cubrieron facturas guardadas que se pagaron a constructores. La cuenta detallada de ese banquete final fue la siguiente: 15,9 millones que se le adeudaban a la contratista que levantó el edificio del Instituto de Medicina Legal – apodado el 'donut' y cuyo coste ha sido de 19,3 millones–, 202.294 a la empresa TIPSA, 200.699 euros para Ferrovial-Agromán y 4,2 millones para Isolux-Corsán, que ganó una demanda porque el aparcamiento que tenía adjudicado no fue construido.
Los últimos coletazos de fondos utilizados vienen reflejados en los resultados de los ejercicios de la sociedad. En 2010 perdió 846.438 euros, en 2011 99.050, en 2012 se sumaron 161.016 euros y en 2013 otros 144.505. Para este ejercicio de 2014 se prevé perder 98.500 euros. Un total de 1.349.509 euros a modo de broche. El presupuesto de 2009 de Campus de la Justicia S.A. fue de 75,2 millones de euros.
En medio de la parcela de Valdebebas, un solar seco, hoy se levanta únicamente un edificio de planta circular que debía albergar el Instituto de Medicina Legal. Madrid cree que estará ocupado, “en dos o tres años”. Un nuevo anuncio.
