La 'cartilla COVID' de Ayuso para señalar a las personas con anticuerpos arranca envuelta en dudas éticas y científicas

El proyecto experimental de la 'cartilla COVID–19' de Isabel Díaz Ayuso ya es una realidad. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid han confirmado que en los próximos días se pondrá en marcha una tarjeta sanitaria virtual con el historial clínico de los resultados de PCR, test serológicos y pruebas de antígenos para el SARS-CoV-2. La intención de la comunidad es que sea una herramienta meramente informativa, pero los epidemiólogos temen que acabe afectando al cumplimiento de las normas colectivas.

El anuncio coincide con el plan de Madrid y Catalunya de convertir las farmacias en centros de test de antígenos masivos, y cuyo fin, según ha dicho el Ejecutivo madrileño, es que cualquier prueba realizada en boticas, centros de salud o laboratorios privados se pueda leer en la cartilla. Otro uso es el de los viajes internacionales, ya que los ciudadanos podrán acreditar su PCR negativa desde una app en el móvil en los países que lo soliciten –España entre ellos–. En su día, Ayuso no descartó que también fuera útil “en el futuro saber tu inmunidad para empleos o para lo que sea”.

En apenas cuatro meses, el proyecto que desaconsejaron las autoridades internacionales desde un punto de vista científico, ético y social arranca con las mismas dudas sobre su funcionamiento. Además de la OMS, otras instituciones sanitarias como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y diversos expertos en salud pública lo han rechazado por carecer de respaldo científico en estos momentos. 

Fernando Simón, responsable de Emergencias y Alertas Sanitarias, ha dicho este jueves al respecto que “habrá que pensarse muy bien su utilización” puesto que “las medidas poblacionales no se pueden individualizar”. En cambio, Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), cree que la idea del pasaporte inmunológico sigue teniendo bases endebles respecto al comportamiento de los anticuerpos del coronavirus y que, en general, “puede ser peligrosa”.

Existen nuevos estudios, como el publicado por epidemiólogos de La Jolla (California), que concluyen que la reinfección es poco probable y que las células inmunitarias pueden durar meses e incluso años en el cuerpo. Esto se suma a otro hallazgo reciente que ha demostrado que algunos supervivientes al primer SARS han mantenido su inmunidad hasta 17 años después. Aunque ambas investigaciones arrojan un punto de luz sobre esta pandemia, tanto Simón como Gullón apelan a la cautela.

“Solo tenemos una experiencia de ocho o nueve meses con esta enfermedad, pero basándonos en el funcionamiento de la inmunidad humana, es posible que la del coronavirus dure más tiempo del que podemos garantizar por ahora”, ha reconocido el portavoz de Sanidad, aunque no se ha atrevido a situar un horizonte. “Es cierto que de las dos respuestas inmunológicas del organismo –celular y humoral–, los anticuerpos hacen que sea más difícil que te puedas reinfectar”, comparte el portavoz de la SEE, pero “aún así existen casos”.

El peligro de una inmunidad de rebaño ficticia

Pedro Gullón admite que “la reinfección dura menos y suele ser menos agresiva”, pero no existen evidencias de que esas personas “no sean portadoras y no lo vayan a transmitir”. Por otro lado, como advirtió la divulgadora científica Esther Samper en julio, la mayoría de las pruebas de anticuerpos cuentan con grandes limitaciones en su sensibilidad y especificidad, lo que se traduce en varios porcentajes de falsos positivos y negativos. Estos resultados irreales podrían provocar que las personas con un falso positivo para anticuerpos contra el virus SARS–CoV–2 se convenzan de que son inmunes.

Además, también habría personas que podrían ser inmunes al coronavirus y darse la paradoja de que no lo puedan acreditar en la cartilla COVID por varias razones. Una posibilidad es que la prueba de anticuerpos dé un falso negativo, cuando, en realidad sí hay anticuerpos protectores presentes. Otra situación es que la persona, pese a no contar con anticuerpos detectables, posea células de memoria (linfocitos T, entre otras) que le protegen frente a otra infección por coronavirus.

“Si se van a tener en cuenta este tipo de pruebas, más vale que descarten los test rápidos de anticuerpos”, opina Gullón, que únicamente recomienda los conocidos como eLISA. En cuanto a las PCR y antígenos, el peligro es que se sucedan los falsos negativos. La “fotografía” que aportan este tipo de pruebas se olvida del periodo ventana, el intervalo de tiempo en el que una persona está infectada en una fase inicial y que no se refleja como positivo en la PCR porque el virus no es aún detectable. 

Este, junto al debate ético, es el que más preocupa a los epidemiólogos. La gente con una “cartilla limpia” podría abandonar o relajarse frente a las diferentes medidas de prevención contra la COVID–19, cuando, en realidad, siguen siendo vulnerables a la infección y podrían contagiar a otras. “Me parece peligroso dar carta blanca a ciertas personas para que hagan actividades sociales sin tener conciencia del virus, cuando no podemos garantizar que se vayan a mantener en grupos burbuja ni vayan a aislar las cadenas de transmisión”, abunda Pedro Gullón.

El debate ético

Aunque en esta ocasión Isabel Díaz Ayuso no ha hecho referencia a que “las personas que no contagien puedan seguir una vida normal” y puedan “acceder a establecimientos como gimnasios, museos, cines o cualquier recinto cerrado”, el debate ético sigue presente. En su momento la presidenta autonómica aseguró que esto no produciría ningún tipo de discriminación, a pesar de que según ella “tiene lógica que pongamos nombres y apellidos a quienes están protegidos y a quienes no”.

“Me genera muchísimas dudas éticas”, responde Pedro Gullón. “No podemos discriminar a las personas según su estado inmunológico, eso va en contra de los derechos humanos”, afirma. “En un problema de Salud Pública como este no se puede individualizar la responsabilidad de la pandemia”, opina Manuel Franco, investigador en Salud Urbana y Epidemiología Social en las universidades de Alcalá y en la Johns Hopkins. Muy al contrario, “la responsabilidad institucional es proteger la salud de la población”, concluye.