Existe un lugar en Guatemala en el que se curan las enfermedades antes de que existan, pues el SIDA, antes de infectar los cuerpos, mata por los silencios que lo envuelven. Una derrota, la de las palabras, que condena a la comunidad homosexual en el país: un 11 por ciento tiene el virus.
En “Casa Diversa”, un pequeño local escondido tras un portalón blanco que se abre solo tras un aldabonazo metálico, llevan varios años luchando contra el silencio.
Cuatro jóvenes que apenas sobrepasan la mayoría de edad se acercan al centro. Alejandro, Edison, Emmanuel y Tomás ríen con timidez cuando el educador de la organización “SOMOS” les pregunta si usan preservativos en sus relaciones: son un grupo de riesgo y solo unas prácticas sexuales correctas les protegen de contraer el SIDA.
“El número de casos nuevos en jóvenes tiene una tendencia al aumento por la falta de un programa de educación en sexualidad estatal”, apunta en declaraciones a Efe el director de ONU-SIDA en el país, Ricardo García.
Escondido tras el manto dorado de las luces de Navidad que convierte la “Casa Diversa” en el salón de una casa cualquiera, Emmamuel se atreve a quebrar la mordaza que atrapa a muchos jóvenes homosexuales: no siempre usa preservativo, “depende de la confianza”.
“Las circunstancias tienen mucho que ver. El alcohol, las drogas”, añade Edision, quien ahoga sus palabras en el aliento de su compañero Alejandro.
Aunque la diversidad sexual está legalmente aceptada en Guatemala, el colectivo LGTB, en palabras del activista José Monterroso, está “moralmente penado”: existe una discriminación en el acceso a los servicios públicos, al mercado laboral y un estigma social alimentado por una sociedad machista y dominada por el discurso religioso.
“Las penas morales”, como cuando se impide el acceso al transporte público a una pareja gay que camina agarrada de la mano, “afecta más que si fuera una pena de cárcel”, asegura Monterroso.
Cuando contraen VIH, una enfermedad que afecta a un 11 por ciento de los hombres que tienen sexo con hombres, surge una “doble discriminación”, alerta el activista David Mejía, y detalla que muchos son despedidos del trabajo y repudiados por sus familias, un “círculo vicioso” que los conduce a la exclusión social.
“Estos jóvenes no pueden pagarse sus estudios y sin formación acaban marginados o en trabajos vinculados al sexo donde se multiplican las posibilidades de contraer enfermedades”, subraya.
Actualmente, la prevalencia del VIH entre jóvenes homosexuales en Guatemala es del 8,1 por ciento, un 0,6 por ciento más de lo que era en 2008.
“No es que haya más, es que se hacen más pruebas”, aclara Mauro Vinicio, responsable de la asociación SOMOS.
Solo en “Casa Diversa” se realizan más de 300 pruebas rápidas al mes. Esta tarde, uno de los chicos ha decidido hacérsela: apenas 10 minutos de espera y un ligero pinchazo basta para comprobar si está infectado.
En caso de que sea positivo, cuanto antes se inicie el tratamiento “más adherencia a él hay”, reconoce Mejía.
El pasado 1 de julio, Guatemala suscribió una declaración de compromiso para avanzar hacia el control de la epidemia del SIDA, un acuerdo promovido por la ONU que implicaría elevar la población actualmente en tratamiento, 18.000 personas de una población estimada de 47.800 infectados, a 24.000 en diciembre de 2016.
El objetivo, advierte el responsable de ONU-SIDA, es difícilmente alcanzable, especialmente con la reducción presupuestaria para 2016 que rebajaría los fondos del Ministerio de Sanidad en casi 1.000 millones de quetzales (130 millones de dólares), de los que alrededor de 70 millones (9,1 millones de dólares) se detraerían del programa de respuesta contra el SIDA.
Con estas restricciones presupuestarias, alcanzar la meta de controlar la epidemia en 2030 se convierte en una utopía.