El 51% de las personas que viven en España y tienen algún tipo de discapacidad ni trabajan ni lo han hecho antes. La tasa de inactividad en este grupo de población duplica a la del resto de población, del 24%. Es una de las conclusiones más preocupantes a las que llega la Encuesta de Integración Social y Salud 2012, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado por primera vez en España. “El problema del paro es serio, pero lo realmente preocupante es la inactividad laboral”, destaca Agustín Huete, sociólogo asesor del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI).
Por su parte, UGT denuncia que se continúan llevando a cabo “políticas no inclusivas y segregadas”. Con motivo de la celebración del Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad, este martes, el sindicato recuerda en un comunicado la discriminación que sufre el colectivo: más dificultades para encontrar un trabajo, de encontrarlo, peores condiciones laborales, el doble de probabilidades de estar desempleados... “Excluir a las personas con discapacidad del empleo supone un grave coste para la sociedad. Según un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo, anualmente se pierde entre un 3 y un 7% del PIB”, insisten.
Jerónimo Angulo conoce la sensación de sentirse rechazado. Comercial afincado en Málaga, a los 48 años perdió las manos en un accidente. Tardó tres meses en sentir que así no podía seguir. “Trabajar te hace feliz”, reivindica. Por eso fundó la Asociación de Discapacitados Activos ESAL. Lleva tres años haciendo de intermediario entre personas con discapacidad que buscan empleo y empresas que necesitan trabajadores en la provincia de Málaga. En este tiempo ya han conseguido más de 60 contratos; 20 de ellos, indefinidos.
“Las empresas tienen que darnos una oportunidad, porque un discapacitado no es un incapacitado”, reivindica. Angulo explica que a las personas que se contrata se les exige “lo mismo” que al resto de trabajadores. También cobran lo mismo. No obstante, reconoce que aún queda muchísimo por hacer. Es la asociación la que asume la responsabilidad laboral (las bajas, los despidos, las indemnizaciones) de las personas contratadas. La asociación, sin ánimo de lucro, se financia a través de una especie de cuota que la Junta de Andalucía les paga por cada contrato que realizan. “Si no fuera así, no querrían a personas con discapacidad. Es por el estigma. Piensan que van a ser una carga y se equivocan”, lamenta Angulo.
El 12,2% de la población percibe algún tipo de discriminación, según la Encuesta de Integración Social y Salud. El estudio muestra que el 16,7% de las personas mayores de 15 años tiene algún tipo de discapacidad. Esta no es la primera encuesta que realiza el INE sobre discapacidad. Pero su importancia radica en que por primera vez, estos resultados se podrán cruzar con los de otros países de la Unión Europea, gracias a la supervisión de la agencia europea de estadística, Eurostat, que ha definido una metodología común.
Relacionada con la problemática del empleo, la encuesta del INE también muestra cómo el nivel de formación de las personas con discapacidad es inferior al del resto de población. Así, el 43,1% de las personas con discapacidad tienen estudios primarios o inferiores, frente al 15,6% del resto. En cambio, cuando nos referimos a los estudios secundarios o superiores, el porcentaje pasa del 22,6% en personas con discapacidad al 50,9% en el resto. “El sistema de enseñanza está avanzando, pero aún le queda en materia de discapacidad”, explica Agustín Huete. El asesor del CERMI añade que cuando se introduce la variable de sexo, las diferencias se disparan.
La doble discriminación de la mujer con discapacidad
Aunque la reciente encuesta del INE no diferencia entre sexos, Huete insiste en que “es necesario observar la discapacidad con la perspectiva de género”. Según asegura, basándose en otras encuestas y estudios, las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación. Esperanza Adriá lo tiene claro. Es miembro de la Comisión de Mujer del Cermi Comunidad Valenciana, que precisamente acaba de sacar a la venta un calendario “erótico-artístico” con el que pretenden recaudar fondos para sensibilizar a la población. “Con los beneficios vamos a organizar mesas redondas en tantos municipios de la comunidad valenciana como sea posible con mujeres con discapacidad que han sobrevivido a la violencia de género”, explica.
Esperanza Adriá es administrativa y trabaja como técnica de proyectos del Cermi Comunidad Valenciana. Su discapacidad auditiva y física no le han impedido desarrollarse, pero explica que a muchas otras mujeres sí. Va a celebrar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad con otras mujeres. Han organizado una charla donde debatirán sobre los logros profesionales de las mujeres con discapacidad.
Adriá explica que este tipo de actividades son más necesarias que nunca. El domingo pasado, su organización salió a las calles de diversas ciudades españolas denunciando “la precaria situación que vive el sector”. Según explica, los recortes en el sector de la discapacidad están dejando a las familias en el más absoluto abandono. “En la asociación se ha multiplicado un 100% el número de personas que vienen para que les ayudemos a reclamar sus derechos. No damos abasto. Mi compañera y yo estamos trabajando incluso los fines de semana y hay días que nos acostamos de madrugada. Pero es lo que hay que hacer, estar ahí con las familias”, asegura. Los recortes se traducen, relata Adriá, en la rebaja del grado de discapacidad, por ejemplo, de modo que muchas familias dejan de cobrar la paga no contributiva. Otras, que optaron por pedir una ayuda por la vía de la Ley de Dependencia, cobran con retraso, o ni siquiera cobran, explica.
Denuncia de los recortes en el sector
Varias asociaciones de personas con discapacidad van a centrar sus actos institucionales del día en la denuncia de los recortes en el sector de la discapacidad. El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Mario García, ha avanzado su denuncia en un comunicado: “A la bancarización de las cajas de ahorro y su devastador efecto sobre las obras sociales, hay que sumar los enormes recortes de subvenciones para atención al colectivo de personas con discapacidad en distintas comunidades autónomas y el retraso en la aplicación de la ley de Autonomía Personal [conocida como ley de Dependencia]”, ha denunciado.
Por su parte, el CERMI alerta de que “las políticas de austeridad seguidas por los distintos gobiernos están teniendo efectos devastadores para la participación, la inclusión, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias”. Ya en junio, varias de estas organizaciones denunciaron al Consejo de Europa el “brutal” impacto de los recortes en el sector.
Como consecuencia, la incorporación de estas personas a una vida social activa se está retrasando. “Hay que hacer visibles a las personas con discapacidad en todos los escenarios. Las políticas deben ser transversales”, insiste Agustín Huete.
El BOE recoge este martes la Ley General de Discapacidad que aprobó el Gobierno la semana pasada. El texto no es más que una unificación de las tres normas anteriores que existían en esta materia. De esta forma, España adapta su legislación a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ratificó en 2007. El colectivo confía en que la realidad se vaya ajustando a la norma.