La figura del banquero Juan March, que acabaría siendo financiador de la trama golpista de Franco, ha estado íntimamente vinculada a Mallorca, donde nació en 1880. Pero los transeúntes que recorren las calle Reina Maria Cristina, ubicada en el centro de Palma, desconocen que el solar que ahora está lleno de malas hierbas fue, en su día, una importante Casa del Pueblo que el empresario donó a los trabajadores de la isla.
El pasado 20 de enero se cumplieron 98 años de la inauguración de la Casa del Pueblo de Palma, convertida durante la época franquista en un centro de torturas y reducida a escombros en los estertores del régimen. En el solar donde estaba ya han comenzado las obras para construir (más) apartamentos en régimen de alquiler en la capital balear.
“En el inicio del proceso (1918), March sólo se ofreció a financiar la construcción del edificio, con la idea de que el Ajuntament de Palma proporcionara el solar, pero esta institución, de mayoría conservadora, se negó, con lo cual el banquero decidió regalar también el solar. Debemos entender esta maniobra en el contexto de una enorme habilidad estratégica de March, interesado en dar una imagen de 'capitalista moderno'”, comenta David Ginard, historiador y coordinador del libro La Casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca (1900-1936), de editorial Lleonard Muntaner.
Espacio obrero atacado por la Falange
La Casa del Pueblo estuvo en funcionamiento desde enero de 1924 hasta el 19 de julio de 1936, el inicio del golpe de Estado en Mallorca. Ginard explica que era una institución multifuncional al servicio de la clase obrera, con múltiples dimensiones (políticas, sociales, económicas, educativas, culturales y recreativas): “No sólo servía como lugar de reuniones para las organizaciones obreras, también tenía sala de actos y biblioteca, se hacían conferencias, clases, actuaban y ensayaban grupos de teatro obrero y corales, era sede de mutuas y cooperativas, etc.”.
Para Ginard, fue el “espacio de referencia por excelencia de la sociabilidad obrera y de la construcción de la conciencia colectiva de la clase trabajadora”. El historiador añade que sus “dimensiones simbólicas” fueron tales que lo convirtieron en objetivo directo de la extrema derecha, como queda reflejado en el atentado que perpetró la Falange en el edificio, en el cual fueron heridas siete personas.
Centro de torturas del franquismo
Con el golpe de Estado, todas las casas del pueblo fueron un objetivo central de los sublevados y la de Palma no fue una excepción. Ginard relata que fue uno de los primeros edificios que ocuparon los sublevados y que lo convirtieron en un centro de detención y tortura al servicio de la Falange. Por allí pasó Aurora Picornell, la 'Pasionaria de Mallorca', fusilada por comunista, feminista y republicana.
El edificio que albergaba lo que en su día fue la Casa del Pueblo fue derruido en 1975, cuando el Consistorio franquista alegó que estaba en ruinas, una afirmación que desmienten los vecinos: “Las fuentes consultadas dicen que lo de la ruina no es cierto. La dimensión simbólica de los que representa el edificio sigue vigente desde 1975”, comenta Pere Vicenç, miembro de la asociación Amics de la Casa del Poble.
“La demolición del edificio en enero de 1975 tiene que ser leída también en estos términos del deseo de derrumbar la memoria colectiva de los trabajadores, al margen de sus dimensiones más que sospechosas de apropiación de bienes colectivos por parte de personajes afines al régimen”, añade Ginard.
Las malas hierbas serán casas
Para Ginard, hubiera sido de “justicia” que durante la Transición las organizaciones sociales y políticas hubieran recuperado la propiedad del solar y que se hubiera alzado en él un edificio con funciones sociales y culturales, “al servicio de los ideales emancipadores de la clase trabajadora”.
El historiador asegura que la devolución del patrimonio sindical fue objeto de una negociación centralizada donde no se contempló esta opción y que la Administración central se quedó con el solar y a cambio la UGT fue compensada. El solar en discordia pasó a manos privadas en 2014. El Gobierno español hizo dos subastas previas y no fue hasta la tercera cuando consiguió venderlo.
Actualmente, es propiedad de un fondo de inversión, donde está prevista la construcción de un bloque de edificios destinados al alquiler, según la documentación que maneja la asociación Amics de la Casa del Poble. Esta entidad ha presentado un recurso al Ajuntament de Palma para paralizar las obras, que ya han empezado.
Los vecinos han solicitado al Consistorio que retire la licencia de obra mientras el Govern y el Consell de Mallorca estudian la protección del solar por su valor simbólico. Aseguran que, con la ley autonómica de memoria histórica en la mano, hay argumentos para proteger el solar, que podría ser considerado como un “espacio de memoria”, según el cual no es necesario ni siquiera que haya una edificación.
A ellos se le unen varios expertos, como Manel Santana, ex director general de Participación y Memoria Democrática del Govern, quien cree que se puede proteger el solar por la Ley 2/2018 de Memoria Histórica que él mismo impulsó cuando ocupaba el cargo.
Es un espacio dotado de un simbolismo relacionado con la memoria de la democracia y, siguiendo el argumentario de la ley, puede tener la consideración de espacio de memoria
Además, los vecinos recriminan al Govern que no haya publicado el plan general de actuación que está obligado a elaborar en virtud de la norma autonómica, a pesar de que ya ha pasado el plazo que daba la ley para hacerlo (un año). En lugar de la construcción de pisos de alquiler, piden a las autoridades que construyan un equipamiento social, “en el sentido de fraternidad que imperaba en las casas del pueblo”.
La gentrificación se expande
“March donó la Casa del Pueblo con la condición de que fuera en beneficio de los trabajadores y precisamente el proyecto actual busca el lucro y empeorará las condiciones de vida de los trabajadores, que serán expulsados del barrio”, lamenta Pere Vicenç. Este asegura que muchos de sus vecinos en el barrio de Arxiduc de Palma están recibiendo ofertas por sus casas que “difícilmente pueden rechazar”, muchas de ellas por parte de fondos de inversión y de SICAVS, que “están comprando edificios enteros para destinarlos a alquiler”.
Marc Morell conoce bien el proceso de gentrificación de Palma. Este antropólogo social e investigador de la Universidad de Bergen (Noruega) asegura que la capital balear comenzó a sufrir este fenómeno a partir de la década de los 60, con diferentes etapas, cada una acompañada de un aumento del precio del metro cuadrado para la venta y el alquiler. La gentrificación comenzó por el centro histórico y se ha ido extendiendo a los barrios de Blanquerna, Santa Catalina, Nuredduna, Obelisco y parte baja de Arxiduc, donde se han incorporado ya las lógicas especulativas.
“La gentrificación consiste en que hay gente que compra vivienda nueva o vivienda vieja para renovarla y especular. También incluye a gente que accede a vivienda de alquiler ya reformada por otros que la habían comprado cuando los precios estaban bajos”, explica Morell. La clave es que el metro cuadrado de esos barrios haya sido devaluado antes, ya sea porque no se han mantenido las edificaciones o porque la zona ha sido estigmatizada (por ejemplo, por actividades ilegales).
Después viene la subida de precios, ya que son zonas céntricas y, por lo tanto, muy atractivas. Para Morell, la Casa del Pueblo es también un caso de gentrificación: “Los apartamentos que se quieren construir, aunque no sean turísticos, ya representan un proceso de gentrificación, porque donde había una serie de usos para la comunidad y la clase trabajadora se instalan ahora unos usos privados”.
Los especuladores se aprovechan de la caída de los precios en los barrios devaluados, pero céntricos. Sin plusvalía, no hay gentrificación
El antropólogo cree que la lucha contra la gentrificación pasa por varias medidas, como poner un tope a los precios del alquiler y de la venta de vivienda para evitar que la población vulnerable sea desplazada de los lugares céntricos. También propone regular el uso: “No es lo mismo tener un piso de alquiler turístico que uno residencial. El primero hace subir los precios. Palma tiene una normativa local que regula drásticamente el alquiler turístico, pero son necesarias medidas a nivel del Estado”.
Pendiente de ser protegido
El futuro del solar depende de la tramitación de la licencia de obras por parte del Ajuntament de Palma. Los vecinos han pedido al Consistorio que paralice las obras, pero fuentes municipales aseguran que no pueden retirar la licencia porque todos los papeles están en regla: “No tenemos argumentos para rechazar la licencia. Si el Govern no declara el solar como un lugar de memoria histórica, el Ajuntament no tiene herramientas para paralizar las obras”.
Otra posible vía para proteger el solar es, como reconocen desde el Ajuntament, ampararse en la Ley de Memoria Histórica estatal, pendiente de aprobación por el Congreso. “La ley habla de conservar vestigios y en este solar hay una parte de una entrada que podría considerarse un vestigio. Pero esta norma no se termina de aprobar y no se puede hacer nada ahora”, añaden fuentes municipales, quienes reconocen que el solar está en “un lugar privilegiado de la ciudad”.
Por su parte, el Govern asegura que ha solicitado información sobre el caso al Ajuntament, que ha iniciado las consultas pertinentes con los Servicios Jurídicos y que está pendiente de una reunión con la Abogacía de la Comunidad para “analizar diferentes escenarios, teniendo en cuenta, desafortunadamente, que la Casa del Pueblo ya no existe porque el edificio fue derruido”.
Estas mismas fuentes afirman que “el Govern es consciente del valor que tuvo este espacio para Palma” y que por eso están mirando “cuáles son las opciones que contempla la Ley de Memoria para conservar su historia y hacerla accesible a la población, por ejemplo, como espacio de memoria”. “Todo este trabajo se está analizando y se trasladará a la Comisión de Memoria Democrática y Reconocimientos Democráticos, que es la competente para tomar una decisión”.
Vicenç, representante de los vecinos del barrio, asegura que han pedido que se reúna de urgencia dicha comisión técnica. Transcurridos dos meses, no tienen noticias sobre ella. “Desde el Govern nos dicen que están a la espera del expediente de obras, competencia del Ajuntament. Las instituciones se pasan la pelota las unas a las otras. Y, mientras tanto, las obras ya han empezado”, lamenta.