El 'caso Becciu', visto para sentencia: la fiscalía vaticana pide siete años y tres meses de cárcel para el cardenal

Dos años después, el 'caso Becciu' está visto para sentencia. El macrojuicio celebrado en la sala multiusos de los Museos Vaticanos ha culminado este miércoles tras 66 sesiones en las que se ha juzgado a una decena de personas por fraude a la Santa Sede, entre ellas el que fuera número 3 del Vaticano, Angelo Becciu, acusado de malversación y abuso de poder. El fiscal Alessandro Diddi solicita para él siete años y tres meses de cárcel y la incautación de 14 millones de euros por el escandalo financiero por el que se calcula que el Vaticano ha perdido entre 130 y 180 millones de euros.

El mayor juicio de la historia de la Santa Sede, cuya sentencia se conocerá antes de Navidad, comenzó en julio de 2021 y afrontaba una causa en la que supuestamente se sustrajeron cientos de millones de euros en operaciones fraudulentas de compraventa de edificios de lujo en lo que sería una estafa piramidal, además del uso del dinero del Óbolo de San Pedro (con el que el Papa financia obras de caridad) para la creación de una “diplomacia paralela”. El activo más famoso es el palacio de Sloane Avenue, en Londres, una operación en la que la Iglesia se dejó, al menos, 55 millones de euros.

La suma total de penas alcanza los 73 años y un mes de prisión junto a la petición de condenas de inhabilitación y multas para los diez implicados en la trama. Así, junto a Becciu, la Fiscalía vaticana ha solicitado 9 años y seis meses de prisión para Gianluigi Torzi, el broker de Becciu, acusado de quedarse con buena parte del 'pellizco' del edificio de Londres, y tres años y ocho meses para René Brülhart, el primer presidente laico de la Autoridad Financiera Vaticana.

Mauro Carlino, uno de los 'monseñores' de la trama, podría pasar 5 años y cuatro meses en la cárcel por extorsión y abuso de poder, mientras que las penas más grandes son parea Gabrizio Tirabassi (13 años y 3 meses), 11 años y 5 meses para Raffaele Mincione y 10 año y nueve meses para Enrico Craso, el intermediario de las operaciones, por corrupción y fraude. En cuanto a Cecilia Marogna, la 'dama de Becciu', una supuesta espía de la diplomacia paralela forjada por Becciu, y que cobró más de medio millón de euros gastados en artículos de lujo, el fiscal Diddi reclama para ella 4 años y ocho meses de cárcel.

En la última sesión, Diddi dedicó más de 70 páginas a glosar las “operaciones desconsideradas” llevadas a cabo por el cardenal defenestrado por el Papa Francisco durante su etapa como segundo de la Secretaría de Estado vaticana. Así, señaló el fiscal de la Santa Sede, durante el proceso, la defensa de Becciu “nos llenó de documentos falsos”, obstaculizando las investigaciones “en todos los sentidos posibles”. A pesar de la presencia generalizada de “huellas dactilares”, insistió, el cardenal Angelo Becciu siempre ha adoptado “actitudes irreverentes” hacia la autoridad judicial, interfiriendo en la investigación y sin “cooperar con la Oficina del Promotor”, desde los registros de octubre de 2019.

Becciu acusa al fiscal de “fabricar una narrativa”

“Montar estas operaciones no fue fácil”, ha apuntado el fiscal en relación a la operación de compraventa del palacio de Londres, una investigación en la que figuran verdaderos “sobornos” para lograr los objetivos. Diddi agradeció el trabajo de la Gendarmería vaticana y criticó a los “periodistas cortesanos” que dieron pábulo durante meses a las sucesivas versiones de Becciu.

En las indagaciones ha cobrado especial relevancia el testimonio de monseñor Peña Parra, actual 'número 3' de la Santa Sede y quien, al sustituir a Becciu en su puesto, se dio cuenta de la trama corrupta. Después, fue el Papa quien arrebató a Becciu todos sus derechos cardenalicios, en una decisión inédita en la historia reciente de la Iglesia, y modificó las normas para asegurar la independencia de los tribunales vaticanos.

Por su parte, la defensa del cardenal ha emitido un comunicado de prensa en el que acusa al fiscal de “fabricar una narrativa mediática fuerte pero carente de toda lógica” y señala que cada paso dado por Becciu contaba con el conocimiento y aprobación de Francisco. Los abogados del purpurado hicieron pública una grabación ilegal de una conversación de su cliente con el Papa, la última escalada de “un ranking de situaciones innobles”, tal y como la calificó el fiscal vaticano. Parece que este argumento se mostró falso.

“El cardenal es inocente, lo hemos demostrado y no es subiendo el tono y utilizando epítetos ofensivos como se puede cambiar la realidad. No nos dejaremos asustar por los gritos y la vehemencia expresados y seguiremos proclamando su inocencia, ya puesta en evidencia para todos por la audiencia preliminar”, insistieron los abogados de Becciu.

El cardenal también hubo de enfrentarse a su particular relación con la “autodenominada analista geopolítica” Cecilia Marogna, que “a pesar de no tener credibilidad” fue asignada para seguir el delicado asunto de la monja colombiana secuestrada en Malí, en febrero de 2017. “Ella vino aquí dentro sólo por deseo del cardenal Angelo Becciu”, señaló el promotor de justicia, y por un supuesto servicio prestado se le pagaron “575.000 euros”. Este dinero, sin embargo, no se destinó a “un fin institucional” ni a “una misión humanitaria”, sino que se despilfarró en cosméticos, restaurantes o vacaciones en las termas, al igual que el dinero que, supuestamente, se utilizó para financiar negocios de la familia Becciu.

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