Wert ofrece a las comunidades retrasar la aplicación de la LOMCE

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha mostrado a los responsables autonómicos de Educación en el Senado la disposición de su departamento a revisar el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para que se ponga en marcha de forma “escalonada”, no sin advertir de que esta concesión no va a afectar a la entrada en vigor de la normativa. Así lo ha dicho el titular de Educación durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, celebrada en el Senado, a la que han asistido todos los consejeros de Educación.

“Quiero poner de manifiesto ante esta comisión la disposición del Ministerio de Educación de entablar, en el marco de la discusión de esta cámara y a través del Grupo Popular, la revisión del calendario de aplicación, que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor de la ley, pero que podría plantear un escalonamiento”, ha señalado el ministro, quien también ha apuntado que la financiación está “estrechamente” vinculada al calendario de aplicación y que, por tanto, “irá siendo más exigente en la medida en que la puesta en aplicación de la norma vaya teniendo consecuencias”.

Por su parte, los consejeros de Cataluña, Euskadi, Andalucía, Asturias y Canarias han hecho frente común este martes en la Cámara Alta para expresar su rechazo a la LOMCE, tanto por el contenido educativo como por su incidencia en las competencias de las comunidades, que en algunos casos les ha llevado a declararse insumisos a la ley y a anunciar recursos ante el Tribunal Constitucional en cuanto la norma se apruebe.

Los cinco han ofrecido una rueda de prensa conjunta antes de iniciar el debate de la ley en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que se discute la incidencia de la LOMCE en las competencias autonómicas y en la que participan 15 consejeros y el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Desde el Gobierno vasco, la consejera Cristina Uriarte ha reiterado el desacuerdo con el proyecto de ley de su Gobierno y ha subrayado que tienen “a toda la comunidad educativa” de su lado. Ha insistido en que la iniciativa invade competencias vascas, “carece de consenso político y social” cuando es un proyecto “sensible” que tendría que estar pactado, y ha añadido que los objetivos de la ley están “absolutamente superados” en el País Vasco. “Esta ley no nos sirve para mejorar el sistema de educación de Euskadi”, ha zanjado.

Irene Rigau, consejera catalana, ha cargado contra la LOMCE por no contener “ni una vez” la expresión 'competencia compartida', que es lo que dice la Constitución. “Representa una involución, situaría a Cataluña 32 años atrás, cuando tuvimos el traspaso por real decreto de las transferencias. Y además altera el modelo lingüístico, el catalán deja de ser troncal”, ha subrayado Rigau, que también ha censurado el calendario de aplicación de la ley que se impone, de dos años. “Eso es someter a un gran estrés y a muchas disfunciones nuestro sistema”, ha criticado la consejera.

El consejero andaluz, Luciano Alonso, ha advertido de que “las leyes impuestas y sordas son una barrea infranqueable” y ha asegurado que este es el caso de la LOMCE, una norma que “rompe la igualdad”, impide el apoyo para los más desfavorecidos e incluye herramientas “desfasadas” como las reválidas.

“Esta ley ha roto el consenso de los grupos parlamentarios, de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas. Si no hay rectificación, nos veremos obligados a ir al Constitucional”, ha reiterado. “Nuestra apuesta es una educación integradora. Sirve de poco hacer individualidades ricas en conocimientos y actitudes si quien las posee no está dispuesto a ponerlas en causas comunes”, ha agregado.

Por Asturias, la consejera Ana González Rodríguez se ha presentado en el Senado con el respaldo, ha dicho, del 90% la comunidad educativa del Principado. “Y vengo también en nombre del Gobierno de Asturias para decir además que están invadiendo competencias de nuestra comunidad sólo con la pretensión ideológica de devolvernos a otros modelos educativos de hace mucho tiempo, segregadores, con reválidas. No tiene el objetivo de trabajar por la inclusión de todo el mundo”, ha añadido.

En cuanto al consejero canario, el socialista José Miguel Pérez, vicepresidente además del Gobierno autonómico, ha asegurado que se ha difundido “el desprestigio del sistema educativo” para impulsar esta ley. Pérez ha dicho también que el proyecto aún ha empeorado con la tramitación parlamentaria y como ejemplo, “la desaparición de la educación como servicio público, definición eliminada para convertir el derecho a la educación en un negocio, lo que está buscando en definitiva el PP con esta ley”, ha resumido.

El representante del Gobierno canario ha aprovechado para felicitar también a la oposición por haber logrado convocar esta comisión y que el Senado ejerza de cámara territorial.

Ante el reproche de falta de diálogo vertido por algunos senadores durante la argumentación de los votos particulares al dictamen, Wert ha defendido que el anteproyecto fue objeto de numerosas reuniones monográficas de la Conferencia Sectorial, así como de encuentros bilaterales con las comunidades autónomas que lo solicitaron. “No ha habido por nuestra parte ninguna resistencia”, ha aseverado.