El departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña tiene un mes para responder a los requerimientos interpuestos desde el Ministerio de Educación los pasados días 27 de septiembre y 6 de octubre sobre actos de adoctrinamiento en aulas con menores.
Lo han explicado a Efe fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo, que han especificado que de no obtenerse respuesta se iniciaría un proceso “contencioso”.
Las denuncias sobre centros catalanes recogidas por Educación se refieren a diversos actos que comenzaron el 21 de septiembre y que se produjeron, en especial, con motivo de la jornada del referéndum del 1 de octubre declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
En su segundo documento, el Ministerio recuerda que agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han denunciado casos de acoso escolar que tienen como víctimas a sus hijos menores de edad en algunas escuelas e institutos de Cataluña.
En otras ocasiones están siendo ciudadanos a título individual quienes dejan constancia del trato que están recibiendo en Cataluña por su no apoyo o promulgación de ideas independentistas.
Y resalta que los alumnos víctimas del acoso escolar en las aulas catalanas “lo sufren tanto por sus compañeros como por el profesorado del centro”.
“Se ha constatado que, desde las aulas y las direcciones de los centros educativos, se permite y fomenta el adoctrinamiento del alumnado menor de edad, incitando al rechazo hacia España y utilizando el horario lectivo para realizar actividades cargadas de ideología política”, se señala en el segundo requerimiento de Educación.
Entre los muchos ejemplos aportados por Educación, se encuentra el de un colegio de los jesuitas del Clot (Barcelona), donde se escenificó un cuento para niños de 7 años donde se presenta un “final feliz” consistentes en que “se mata el rey y a los policías malos”.
En el colegio Albert Vives, en La Seu d'Urgell (Lleida), una madre ha denunciado que la profesora de su hijo de segundo de Primaria les dijo que “los guardias civiles y los policías son malos”, que los “únicos buenos son los mossos”.
Educación concluye que con todos estos actos la Administración catalana vulnera hasta nueve artículos de distintas normativas como la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Lomce o la Ley de Protección de Datos.