El catedrático Enrique Álvarez Conde ha hablado públicamente por primera vez desde que avalase el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, en una rueda de prensa. Álvarez Conde ha montado un discurso destinado a salvarse personalmente. No le ha importado inculpar a cualquier nombre que haya asomado en el caso del curso de la política del PP de Madrid.
1 “No tengo ninguna responsabilidad legal, pero le hice caso al rector por mi trabajo institucional”
Según su relato, el catedrático se limitó a cumplir órdenes. Fue el rector quien le obligó a falsificar –él habla de “reconstruir”– un documento el 21 de marzo, cuando eldiario.es publicó su primera exclusiva sobre el máster de Cristina Cifuentes, un acta falsa que sirvió de coartada para justiticar su título a la presidenta de Madrid. Aunque ahora se presenta como director del máster y como tutor de Cifuentes, en un primer momento aseguró que no recordaba quién era el tutor y que lo estaba buscando.
Álvarez Conde se desmarca completamente de cualquier responsabilidad, a pesar de que él es el único director que ha conocido el Instituto de Derecho Público que organiza ese curso. Y de haber dirigido las carreras de las profesoras que se presentaron como miembros del tribunal evaluador del trabajo de la política, a las que este viernes ha llamado “mis discípulas”. Álvarez Conde ha escurrido el bulto y se muestra ahora como un mero soldado que obedeció las órdenes de un superior.
2. Cualquier tribunal se pone de acuerdo con cualquier alumno para ver qué día le viene bien al alumno
No es lo que dicen los testimonios de muchos alumnos de diferentes másteres. Pero es que tampoco dice eso la normativa de la Universidad Rey Juan Carlos vigente en el año 2012. Allí se explica que las fechas de las defensas de los trabajos fin de máster tienen que hacerse públicas con antelación, al menos, de diez días: un documento en el que aparecen los nombres de los alumnos, el título del trabajo, el tutor, la fecha, la hora y la sede donde se debe celebrar el acto. Una agenda que queda registrada en el expediente general del máster, según explican fuentes de la universidad. Conde ha insistido en que “el día 2 de julio estaba fijado con mucha antelación, estaba pactado anteriormente”.
3. “El tribunal lo propuse yo como director del máster”
Aquí se juntan varios agujeros negros en una frase corta. La directora del máster, según las presentaciones oficiales del curso y los documentos de evaluación de calidad interna, era Cecilia Rosado. Es la misma profesora, “discípula” de Álvarez Conde, que firma como secretaria en el acta falsificada. Incluso así estaba recogido en una ficha docente de Rosado en otro curso impartido por la URJC.
Pero, además, el catedrático ha repetido que la comisión de evaluación exhibida y compuesta por Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos fue propuesta por él mismo. Tres docentes, “mis discípulas”, totalmente vinculadas a la URJC. Y también al propio instituto organizador y que, por lo tanto, no cumplían con la exigencia del reglamento universitario que pedía que hubiera un profesor o un experto externo para garantizar independencia en la evaluación. Según sus palabras, eligió a tres profesoras de su círculo más cercano, de las que es su jefe jerárquico en el organigrama universitario para calificar el trabajo de su alumna Cristina Cifuentes (ya que era él el tutor). Eso sin tener en cuenta que López de los Mozos ha confesado ya que el tribunal y evaluación de Cifuentes realmente nunca existió.
4. “El acta existía y debe estar en los servicios administrativos de la universidad, en aquel momento no había servicio informático”
El acta distribuida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Cristina Cifuentes era una fabricación. Pero Álvarez Conde ha afirmado que existe un documento original. Si es así, no fue el que se hizo llegar a los medios de comunicación como prueba irrefutable de que todo estaba correcto. La fecha ofrecida es el 2 de julio de 2012. ¿No había sistema informático en la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2012?
5. “Con Cifuentes no he hablado nunca, la he visto una vez en mi vida. Concertamos el tema en enero o febrero”
No ha hablado con la alumna cuyo trabajo fin de máster dirigía. Le adjudicó el tema de investigación en enero o febrero cuando la normativa de los TFM exige que se haga en noviembre. Pero, claro, habían permitido que Cifuentes se incorporara a este curso de “impartición presencial” cuando el primer trimestre había terminado ya.
“Yo lo corregí, tendía unos 50 folios, la versión definitiva no la vi. Las correcciones las he hecho no por correo, sino por un medio que no recuerdo ahora”
El celebérrimo trabajo fin de máster que no aparece. Álvarez Conde ha dicho que lo tutorizó. Y lo fue corrigiendo. Eso aunque también ha dicho que solo vio “una vez” a Cristina Cifuentes. El canal de comunicación es ignoto todavía. La presidenta de Madrid afirmó en su comparecencia del miércoles que se había producido una correspondencia electrónica muy abundante con sus profesores pero que había sido destruida al abandonar la Delegación del Gobierno y darse de baja su cuenta de correo electrónico.
Además, en el acta falsa aparece como correo electrónico de contacto de la alumna una cuenta de la Asamblea de Madrid (Cifuentes fue diputada allí) aunque se matriculó en el mes en el que fue nombrada delegada del Gobierno.
6. “El tribunal existió, pero no sé si Cristina Cifuentes se presentó porque yo no estaba físicamente”
Ha dicho que el tribunal existió, no que se celebrara la defensa personal del trabajo por parte de Cristina Cifuentes. Eso aunque su departamento vivía una de las jornadas más importantes en el calendario académico: la inauguración de los cursos de verano en el Real Sitio de Aranjuez a 50 kilómetros del campus de Vicálvaro en Madrid. Ahora aduce que él por el tribunal no apareció porque estaba en Aranjuez.
7. “Nunca en mi carrera he encargado la reconstrucción de un acta”
En 2018 ha estado en el corazón de la fabricación de una coartada para justificar porqué la presidenta de la Comunidad de Madrid ostenta un título oficial de máster cuyas calificaciones se retocaron a posteriori de una manera irregular. Dice que el rector Javier Ramos le “compelió” a presentarle un acta. En su propia versión, no explicó que no había acta que presentar.
8. “Todo se destruyó, lo de la alumna afectada y de todos los alumnos”
Se ha escudado en que la normativa interna “exige” que a los dos años “se destruya todo”. Con esa excusa, no habría TFM que poder mostrar, desde luego. Pero ¿y el resto de rastro académico que todo un curso de máster oficial de 60 créditos europeos debería dejar detrás? 60 créditos se traducen en más de 1.500 horas de dedicación, según la normativa. Según las versiones, dedicación evaporada, a excepción del título final.