Un juez anula dos plazas de catedrático en la Universidad de Salamanca por favorecer a candidatos concretos

Hace un año, el profesor Francisco Martín Labajos, de la Universidad de Salamanca, propuso el perfil de una plaza de catedrático a sacar a concurso público. Propuso los nombres para el tribunal que la otorgaría. Su departamento aceptó ambas. La plaza le fue adjudicada meses después a... Francisco Martín Labajos. Algo similar, aunque no tan evidente, ocurrió con otra cátedra del mismo departamento en la misma Universidad de Salamanca, que obtuvo la profesora Raquel Trujillano Hernández.

Un año después, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Salamanca ha anulado las dos convocatorias tras la denuncia de una profesora que se consideraba perjudicada, según consta en sendas sentencias a las que ha tenido acceso eldiario.es.

Sostiene el juez, que da a la demandante la razón parcialmente, que la universidad no ha motivado ni justificado la peculiaridad ni singularidad de los perfiles convocados y que por tanto no son válidas las convocatorias. Sin embargo, el hecho de que la misma persona que propone el perfil de la plaza y el tribunal que la otorgará se presente como candidato le resulta “curioso”, pero legal.

Dicho de otra manera: “En los juicios celebrados quedó demostrado que cada uno de esos perfiles beneficiaba a uno de los candidatos que se presentaba a la plaza”, explican desde la Asociación para la Transparencia Universitaria, entidad que ha asesorado a la demandante durante el proceso de denuncia y posterior juicio.

Ninguno de los dos profesores ha querido dar su versión de lo sucedido a este diario, que ha contactado con ellos. La profesora Trujillano se ha limitado a explicar que todo el proceso fue público y conocido, y el profesor Martín no ha respondido.

La Universidad de Salamanca asume la sentencia y, a través del vicerrector de Profesorado, José María Díaz, confirma que no tiene intención de recurrirlas. El juez da a la universidad la opción de convocar las plazas con un perfil más genérico que no beneficie de partida a ningún candidato o, en su defecto, que motive bien la necesidad de un perfil tan específico.

Dos plazas, dos perfiles, dos candidatos

Los hechos se remontan a finales del año pasado, cuando el Departamento de Química Inorgánica convocó dos plazas de catedrático, una en la Escuela Politécnica Superior de Zamora y la otra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar.

Ambas plazas requerían un perfil muy específico, algo que no suele ser habitual en este tipo de convocatorias, según denuncia ATU y admite el propio vicerrector de la USAL. Una era “Docencia en Química Orgánica - Química general, Ciencia de Materiales, Gestión y Planificación de la I+D+i - Investigación en Sólidos de interés industrial con propiedades avanzadas”. La otra, “Docencia en Química Inorgánica - Química para ingenierías - Investigación en Síntesis y modificación de sistemas laminares: hidrotaicitas y saponitas”.

En la universidad, el perfil de la plaza que se va a convocar y la composición del tribunal que decidirá qué candidato reúne más méritos lo deciden los Departamentos que convocan la plaza. Al menos en este caso fue así, y en dos reuniones ocurridas a principios de este año se trataron ambas convocatorias.

En los dos casos el proceso fue similar, según el relato de la sentencia. En el primero, el profesor Martín Labajos propuso el perfil tan específico para la plaza y asumió como propia la propuesta de miembros del tribunal, según admitió ante el juez. En el segundo, este papel le correspondió a Raquel Trujillano Hernández, también profesora del mismo departamento que Martín. En ambos casos, sus compañeros de departamento aceptaron las propuestas. También lo hizo la dirección de la universidad.

Bajo esas condiciones, ambos obtuvieron las cátedras que ellos mismos habían propuesto y que se ajustaban a sus perfiles académicos e investigadores.

Respecto a la profesora Trujillano, el juez explica: “No existe motivación ni justificación de la peculiaridad y singularidad de dicho perfil, tratándose de un perfil que limita el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad” que debe regir toda oposición. En el caso del profesor Martín Labajos, dice el magistrado: “Fue él mismo quien propuso el perfil de la plaza, que coincide con la actividad docente e investigadora desarrollada por él mismo”.

Y anula la concesión de ambas.

“Los tribunales empiezan a emitir sentencias en firme, en segunda instancia, que ponen límite a estos abusos por parte de las universidades que convocaban a concurso público plazas ya asignadas de antemano, de modo que aunque se presente como candidato un premio nobel no la obtendrá, pues la oposición está amañada para que la consiga un candidato local”, valora Jorge Lirola, miembro de ATU y asesor de la profesora denunciante en el proceso.

Una victoria a medias

Sin embargo, la victoria no ha sido completa para la profesora demandante. El juez ha considerado que el hecho de que una misma persona proponga los miembros de un tribunal y que luego obtenga una plaza por ese mismo tribunal es “curioso (...) cuando debería garantizarse la imparcialidad en la plaza a la que se concursa”, pero no lo ve ilegal, por lo que desestima estos recursos.

“Creemos que queda mucho por trabajar aún ante las muy extendidas prácticas fraudulentas en las universidades, dado que el juzgado salmantino ha considerado admisible el que uno de los candidatos, D. Francisco Martín Labajos, haya sido el que ha propuesto a los miembros del tribunal que había de juzgar el concurso al que él mismo se presentaba, votando a favor del mismo, y lo ha decidido así por el simple hecho de que la mayoría de sus compañeros lo habían secundado en la votación”, lamenta Lirola.

Ahora, la universidad volverá a convocar las plazas, y ni desde ATU ni la propia demandante lo acaban de ver como una victoria completa. Se ha deshecho la injusticia, sí. Pero puede repetirse. “Harán el paripé de volver a convocar la plaza con un perfil genérico y la obtendrá el mismo candidato”, augura Lirola. “Por eso era interesante insistir en el punto en el que no ha entrado el juez, debería estar prohibido que una persona que propone un tribunal se presente a esa plaza”, añade.

Silvia Raquel González Carrazán, la profesora que denunció por verse perjudicada por el proceder de sus compañeros, relata que “el proceso ha sido agotador”. Primero jugó sus cartas a nivel interno, pero cuando sus recursos fueron rechazados uno detrás de otro acabó acudiendo a la justicia como última opción.

Sentencias aparte, todo el caso ha tenido consecuencias graves para ella. “Emocionalmente me ha afectado bastante”, cuenta. Además, todavía tiene que acudir a trabajar y ver a los otros dos profesores por la universidad. “Solo me hablan tres compañeros. Yo les explico que no voy contra las personas, pero no he podido hacérselo entender. Voy contra la forma en que quieren hacer las cosas y justificarlas”, explica. “Cuando les dije: '¿No veis que esta forma de proceder no es correcta?' La respuesta fue: 'Siempre se ha hecho así y por lo tanto está bien hecho'”.