Los cazadores acusan de “traición” a la vicepresidenta Ribera por proteger la tórtola como ha exigido Europa

Los cazadores consideran una “gravísima traición” que el Gobierno planee declarar la tórtola europea especie vulnerable porque eso impedirá que sea trofeo de caza. No podrán matar estas aves de las que han abatido más de 700.000 ejemplares de media anual durante años. Una medida que llegará, en todo caso, después de que la Comisión Europea abriera un expediente sancionador a España por no proteger suficientemente esta especie como ordena la ley medioambiental de la UE ante el desplome de un 40% de su población en tan solo una década.

La Real Federación Española de Caza cree que la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene un “plan anticaza” por avanzar en el proceso de salvaguarda de la tórtola cuya falta ha hecho que España tenga activo ese proceso de infracción “por no haber tomado las medidas necesarias para mejorar su protección”, según describió la Comisión Europea. También incluyen en lo que denominan “deslealtad de la ministra” el hecho de que España votara en septiembre pasado a favor del nuevo reglamento europeo de productos químicos que ha recomendado prohibir la munición de plomo a la hora de cazar en cualquier humedal por la toxicidad de este metal: las aves se envenenan al ingerir los perdigones de plomo abandonados en estos ecosistemas que suman toneladas de metal cada temporada cinegética (hasta ahora solo se aplicaba esta restricción en los parajes con protección legal). Las instituciones europeas han calificado de “riesgo para la salud” la cantidad de plomo que la caza deja en la naturaleza.

Lo cierto es que la tórtola europea padece desde hace años un declive acelerado en todo el continente en general y en España en particular. Sobre esa regresión no existen dudas. De hecho, un comité científico convocado en 2016 por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Isabel García Tejerina (PP) dictaminó que la especie “está sufriendo el efecto de la intensificación agrícola en sus áreas de cría. Esta delicada situación, como en otras aves, se ve empeorada por el hecho de ser una especie cinegética cazada en los países ribereño del Mediterráneo”. Y concluyó que las principales amenazas eran “el uso de biocidas, la concentración parcelaria, la caza y captura de animales silvestres y el cambio en las condiciones climáticas”. Su resolución final fue “proponer la inclusión de la Streptopelia turtur en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable”. Nada de caza.

700.000 ejemplares al año a pesar de los avisos

Esta recomendación iba en la línea de la evaluación que un año antes había realizado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) que había incorporado a la tórtola a su Lista Roja de Especies. Pero la opinión científica quedó olvidada en un cajón. Ese año 2016 fueron cazadas 890.000 tórtolas europeas en España. Al año siguiente llegaron a 797.000. Y en 2018 se añadieron otras 749.000 aves abatidas, según los registros del Ministerio de Agricultura.

Avisos sobre la “delicada situación”, como lo llamaba el comité científico y llamadas a racionalizar la caza de la tórtola se han ido sucediendo: justo en 2018, la Comisión Europea, aprobó un plan especial para esta ave. Incluía una moratoria de caza hasta que los estados aseguraran unos niveles de caza sostenibles. No prohibían definitivamente los lances contra las tórtolas, pero sí instaban a los países a parar, evaluar y trazar una estrategia para no seguir matando ejemplares mientras se desplomaba la especie.

A pesar de todas estas señales, en España se siguió autorizando la caza de tórtolas hasta que, en julio del año pasado, llegó el expediente de Bruselas. Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas, que son las competentes, hicieron oídos sordos y permitieron que se cazaran tórtolas en sus órdenes de veda de 2019. Solo Canarias, Asturias, Cantabria y la Comunitat Valenciana (además de Álava) impidieron cazar esta especie para la llamada media veda que se abre en verano. Los registros cinegéticos se actualizan con retraso por lo que todavía no se sabe cuántas tórtolas se mataron cuando España ya estaba inmersa en el proceso de sanción. En octubre de ese año, la Fiscalía de Medio Ambiente envió un oficio a los gobiernos autonómicos para recordarles que debían paralizar las autorizaciones de caza.

Una vez iniciado el proceso para proteger la especie, los cazadores replican que el Gobierno “ha obviado los intereses del sector cinegético” y le achacan “ignorar la ciencia para imponer los criterios ideológicos”.