La superficie de costa urbanizada en España se ha duplicado en los últimos 30 años
La superficie de costa urbanizada en España se ha duplicado en los últimos 30 años. Desde que se publicó la ley de costas en 1988, el cemento y el hormigón en las áreas costeras han pasado de 240.000 a 530.000 hectáreas. Eso supone que el 13% del litoral está urbanizado, según el recuento realizado por las organizaciones Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad.
Complejos residenciales, infraestructuras, negocios turísticos...El urbanismo se ha ido comiendo el litoral hasta doblar su ocupación, en especial en la línea de playa: un tercio de la raya entre la tierra y el mar soporta construcciones con la consecuente “destrucción de los ecosistemas costeros”, apuntan en Greenpeace. En la Comunitat Valenciana, el 74% de sus playas está cubierto de cemento. El Observatorio ya explicó en 2016 que el ritmo de construcción en los primeros 500 metros de costa fue de dos hectáreas diarias entre 1987 y 2011.
La ley de costas, aunque redactada para proteger el litoral, no ha conseguido detener la degradación costera, una parte de España que supone el 8% del territorio, pero alberga la mitad de la población. Una presión incesante que se vio alimentada por la reforma legal que realizó el PP en 2013 y que amnistió a unos 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas que se emplazaban en dominio público.
Nada más llegar al Gobierno, el ministro de Medio Ambiente del PP, Miguel Arias Cañete (ahora comisario europeo) puso en marcha la reforma de la ley de costas de manera que la zona protegida menguara de los 100 a los 20 metros. También amplió el plazo de concesión de ocupaciones hasta los 75 años. Sin esa media rápida del Ejecutivo popular, este 2018 habría visto una cascada de demoliciones y desocupaciones de construcciones costeras. La ley de Cañete salvo esas propiedades privadas.
La ocupación masiva deja “una costa saturada e incapaz de generar los bienes y servicios necesarios para un desarrollo sostenible futuro”, opina la responsable del estudio Paloma Nuche. Esos bienes y servicios que han analizado son el aporte de alimentos, de minerales, el suelo litoral, la generación de lluvias, la conservación de especies, el control de la erosión o el disfrute humano. De manera general, todos han decaído excepto el número de áreas con protección legal.
“La costa es clave para la actividad económica del país”, analiza la ONG. Y, precisamente, uno de los agentes que más presión ha ejercido sobre el litoral, el turismo, depende de estos ecosistemas: “Es fundamental para un sector económico que supone el 11% de PIB”, añade Greenpeace. “El turismo masivo supone un voraz consumidor de recursos a la vez que un tremendo generador de residuos”, cuentan desde la organización.
