Organizaciones feministas piden ampliar la Ley de Violencia de Género de 2004: “No nos podemos quedar ahí”
España incumple los compromisos internacionales contra la violencia de género y la ley de 2004 aprobada durante el gobierno de Zapatero, aunque esencial en su momento, se queda corta: “No nos podemos quedar ahí”. Es la conclusión que se extrae del informe que firman un centenar de organizaciones feministas, dentro del proyecto Plataforma Sombra.
El fin del informe sombra es entregarlo a GREVIO, la comisión de expertas dependiente del Consejo de Europa que tiene que examinar a partir de septiembre de 2019 la aplicación durante los últimos 4 años del Convenio de Estambul sobre violencia machista, ratificado por la UE en 2011 y por España en 2014. Los informes sombra son mecanismos de la sociedad civil para informar a las organizaciones internacionales de situaciones objeto de evaluación.
Para Francisca Guisado Adame, una de las encargadas de explicarlo, precisamente una de las “grandes fortalezas” del informe es que constituye una “visión general de las violencias machistas, un marco global”. Así, no solo contemplan como violencia de género la que se enmarca dentro de la pareja o expareja, como hace la Ley de 2004, sino que incluyen otras formas como la violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado o trata de personas con fines de explotación sexual.
Uno de los principales aspectos que han hecho saber a GREVIO es que faltan datos relacionados con prevención y atención social y judicial a víctimas. Los más recientes, de la delegación del Gobierno a partir del Consejo Superior del Poder Judicial, son el Boletín Anual con estadísticas de 2015, referidos al número de usuarias del Sistema de Protección por Violencia de Género. Ellas piden que estas cifras se actualicen y que además sean anuales, trimestrales y desglosados por tipo de violencia y perfiles.
14 reivindicaciones
La Plataforma Sombra ha hecho público el documento con motivo del 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas. Lo entregará a GREVIO el 12 de diciembre, tres meses antes de que el Gobierno tenga que contestar a un cuestionario que le pasará la comisión internacional. Las ponentes han resumido las reivindicaciones que les harán llegar en 14, relativas a las carencias de las medidas de España en prevención y lucha contra la violencia machista. “Los apoyos económicos son insuficientes”, han valorado.
“Pese a que se estima que el 40% de las víctimas depende económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denunciantes reciben la ayuda económica de 430,27€ por 6 meses”, escriben en el texto. Un porcentaje mayor pero “también muy bajo”, el 23%, percibe la Renta Activa de Reinserción, de igual importe pero mayor duración en el tiempo. Además de las ayudas sociales, que consideran “imprescindibles” en una primera fase de la recuperación de la víctima, exigen que se cree empleo y se instauren más bonificaciones por contratación, por ser la única herramienta realmente “empoderante” para las mujeres, para lo cual llaman a que “tomen nota” los sindicatos.
También empleo público para atender los centros de la administración central, autonómica y local: que los 200 millones destinados al Pacto de Estado y contemplados en la Ley de Presupuestos supongan una “mejora estructural”, y no la externalización o gestión indirecta “que precariza la red de servicios”. Como ya se ha hecho en varias comunidades, reclaman que no sea necesaria la denuncia previa para acceder a apoyos y asesoramientos.
A día de hoy, la Delegación del Gobierno solo destina el 1,09% de su presupuesto a personal de la red de servicios. Piden una revisión general del sistema VioGen y que incluya a hijos e hijas. Denuncian que en varias provincias españolas, como Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias o Madrid, continúa sin haber Unidades de Valoración Forense. Esto se traduce en que el 90% de los casos se estima de riesgo nulo o bajo por lo que analizan que es deficiente el sistema de evaluación: solo se suspendió el 2,6% de los regímenes de guardia y custodia y el 1,4% del régimen de visitas en situaciones de violencia.
Han puesto especial énfasis en adecuar la normativa para combatir la sobreexposición de mujeres y menores migrantes: “Son extranjeras el 9,6% de las personas residentes en España y el 43% de víctimas mortales”. Asimismo, critican que de las mujeres que pidieron asilo en España durante 2017 –el 42% del total de 31.120 personas– solo el 1,95% obtuvieron el estatus de refugiada que otorga protección legal. Respecto a la trata, piden “mejorar los resultados en la persecución” de un fenómeno que afecta a una inmensa mayoría de mujeres extranjeras: solo el 1,1% tienen nacionalidad española.
Las organizaciones también demandan que España aplique el convenio en los casos en los que la víctima tiene distinta nacionalidad o país de residencia que el denunciado, destacando que una de cada siete parejas en España son “mixtas” y por tanto les puede afectar la legislación de dos países. Ponen como ejemplo de esta problemática el caso de Juana Rivas.
Otro dato que manejaban, según la Macroencuesta de 2015, es que se producen 330 agresiones sexuales diarias, que piden calificar como violencia machista. En ese año fueron 120.641 las mujeres que habían sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el 40% de ellas violadas. Actualmente, consideran “insuficiente” los 2 millones de euros al año que destina la Delegación del Gobierno para mantener y crear los centros de ayuda de emergencia que están contemplados en el artículo 25 del acuerdo internacional. También critican la demora del debate de la Proposición de Ley de protección integral de la libertad sexual, admitida a trámite en el Congreso el pasado verano.
Además de una mayor evaluación y financiación para hacer efectivas las leyes del Pacto de Estado, piden dotar de recursos a los programas educativos, la formación y protocolos de Sanidad y la recuperación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales por una comunicación no sexista. Abogan igualmente por la aprobación de la ley que garantice el aumento de las pensiones de los huérfanos de violencia machista, que ayer echó a andar en el Congreso y que también incluye a las víctimas de violencia sexual.
