Centenares de personas se plantan contra el modelo de residencias: “Basta de negocios con nuestros mayores”

La pandemia de coronavirus sigue cediendo y en algunos casos es ya un simple recuerdo. Es difícil, sin embargo, olvidar lo ocurrido en las residencias en 2020. Allí fallecieron 20.000 personas según los registros oficiales –aunque las organizaciones estiman que fueron 30.000– durante los peores meses de la crisis sanitaria. Algunas decisiones políticas y las paupérrimas condiciones fueron terminales para muchos residentes. Las asociaciones que agrupan a los familiares y a los usuarios han decidido movilizarse, esgrimir un “¡basta ya!” a esas condiciones y pedir un nuevo modelo asistencial basado en la protección pública y en el aumento del personal de cuidados.

Cientos de personas han cruzado este sábado la Gran Vía, epicentro del capital en la ciudad, con un mensaje rotundo contra la privatización de los centros de mayores y dependientes. “A su robar, hoy llaman privatizar”. “Dignidad y respeto”. “Derechos humanos al anciano”. “Sin enfermeras no hay cuidados”. Son las consignas impresas en las pancartas que desfilaban por la céntrica calle madrileña, a la que han llegado personas de todas partes de España, vinculadas a diferentes colectivos de familiares de residentes y usuarios de estos centros. La manifestación ha partido desde la Plaza de España y ha alcanzado la Plaza del Callao, donde la periodista Rosa María Artal ha leído un manifiesto titulado ‘Basta Ya’, con un compendio de las medidas que reclaman a las comunidades autónomas, en las que están delegadas las competencias de dependencia.

“¡Por nuestros mayores!”, gritaba un grupo de personas pocas horas antes del comienzo de la marcha, al encontrarse con otros manifestantes en Plaza de España. Llevaban banderas andaluzas y carteles con las caras de sus familiares. Una chica se emocionaba al ver llegar a tanta gente. “Son muchos sentimientos encontrados, son muchos años de pelear”, explicaba a este diario con los ojos empañados. Su nombre es Ester Pascual, que junto a otro grupo de familiares fundó la asociación ReCoVa en la Comunitat Valenciana. Lo hizo cuando internó a su madre en una residencia y se quedó espantada con las condiciones que vio. “¿Cómo puede ser que se acuesten sin cenar, que haya brotes de chinches, que no haya personal sanitario?”, se pregunta.

A los pocos meses de ingresar, su madre perdió 30 kg, relata: “Te dicen: se mueren porque son mayores. No, perdona, se morirán cuando toquen, pero tú no puedes acelerar ese proceso. A mi madre no le tocaba morirse”. Su madre falleció el año pasado, después de pasar por dos residencias y la pandemia. “¿Cómo le damos la vuelta a este modelo?”, cuestiona.

“Abandonados y olvidados”

A su lado sujeta una pancarta Francisco Muñoz, que tiene 74 años y en Navidad tuvo que operarse del corazón. Aún así ha viajado desde Elche para protestar por la situación que él mismo vive en La Saleta, la residencia en la que lleva más de una década. “Nos han tenido abandonados y olvidados. Cuando vino la pandemia hubo tal caos que nos contagiamos todos. No han sabido manejar la situación. Falleció bastante gente. Mucho abandono”, cuenta. La pandemia sacó a la luz las costuras de una gestión que ya antes era mala y que a pesar de los embates de la crisis sanitaria nadie ha decidido resolver. Hoy Francisco tiene que ayudar al escaso personal de enfermería a llevar la cuenta de las medicinas del resto de pacientes. “Es una lucha diaria. Las enfermeras más veteranas se han marchado. Entra gente nueva que está saturada porque no hay gente. Hay enfermeras que se van a la semana porque están desbordadas”, explica. Luego, enumera: persianas rotas, timbres que no funcionan y muchos radiadores que llevan estropeados meses y que ahora que se acerca el otoño nadie ha decidido arreglar todavía.

La movilización ha sido convocada por La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas, una entidad que agrupa a las principales asociaciones de este sector, como la Coordinadora 5+1, Rede o Pladigmare. En una carta dirigida a la ciudadanía, publicada hace pocos días, los organizadores pedían una gran manifestación para denunciar la situación que se vive a diario en las residencias y para pedir a las comunidades autónomas “un cambio de actitud y de talante” para acometer un cambio normativo que regule el funcionamiento de estos centros. 

En esa misiva, la plataforma enumeraba las principales deficiencias del sistema de residencias actual, que coincide con las descripciones de Ester o de Francisco: “La inexistencia de personal suficiente, y cualificado, para atender las múltiples necesidades de los resi­dentes; la deficiencia de la atención médica; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras; unos servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o abandonados, etc”. Todo ello, denuncian en la carta “es el inaceptable reflejo del modelo hoy vigente de residencias”. 

Precisamente esta semana, en un pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Mariano Turégano, de 82 años, relataba las condiciones en las que se encuentran él y sus compañeros en la residencia de Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones que dependen de la Comunidad de Madrid. “En nuestras habitaciones hemos pasado un verano de 40 grados porque la Comunidad de Madrid mira para otro lado cuando se trata de ver por la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Algunas de nuestras compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación que agravan o desencadenan otras patologías”, explicaba emocionado. 

Paulino Campos, uno de los portavoces de La Plataforma y presidente de REDE en Galicia, afirma en declaraciones a este diario que el de Mariano no es un caso singular. “Marianos hay todos los días. El asunto es cómo permitimos como sociedad que se dé esta situación”, se pregunta. “¿Por qué estamos torturando a las personas mayores y a los familiares también? No es aceptable, por eso convocamos la manifestación”, argumenta.

Irene Velázquez, que marcha junto a varios familiares en la manifestación, ha viajado hasta Madrid desde Alcalá de Guadaira, donde tiene a su madre ingresada. Las condiciones de la residencia, gestionada por la empresa Domus VI, tienen unas carencias que, dice, “no se pueden permitir”. “La alimentación es mala, hay fallos en la medicación, falta personal...”, resume. Esa falta de personal –no hay enfermería por las tardes, noches o fines de semana– provoca situaciones como la que se vivió hace poco: a una residente se le soltó la sonda de la alimentación, un problema que se habría resuelto rápidamente con una enfermera en el centro. El agujero de la vía se cerró y precisó una intervención quirúrgica en un hospital. “Ellos no detectan los problemas de salud, somos nosotros los que les hacemos test de covid o nos damos cuenta de que tienen una infección de orina”, protesta.

Hace poco, a su madre le cambiaron la alimentación por el deterioro de su estado a un menú de triturados, pero el centro no avisó a la familia. “No me parece que cosas tan importantes en la vida de una persona no se hagan con la suficiente delicadeza y humanidad que precisan”, comenta. Por ello, han presentado una demanda contra el centro ante la Justicia y se han asociado con otras familias en la misma situación para valorar acciones conjuntas, porque se han dado cuenta, dice, que hay problemas que son estructurales y precisan una respuesta organizada.

Un nuevo modelo de residencias

El pasado 28 de junio, el Ministerio de Derechos Sociales y los consejeros de dependencia de las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo sobre los criterios para garantizar la calidad de los centros y servicios de dependencia. Ese documento establece un plazo de varios meses para que las comunidades aprueben sus nuevas normativas para regular el funcionamiento de los centros. La Plataforma cree que este es un momento esencial para exigir a los diferentes gobiernos regionales “un cambio de actitud para encarar el debate público sobre el marco normativo y el modelo” de residencias y, en general, de la dependencia. 

Las asociaciones agrupadas en torno a la plataforma creen que el acuerdo alcanzado este verano se queda corto, no garantiza el cambio de modelo y no asegura “cuidados dignos y de calidad”. “No han tomado en consideración gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y las usuarias”, lamenta la carta enviada a la ciudadanía. Por ejemplo, el Acuerdo establece un coeficiente mínimo de 43 cuidadores por cada 100 usuarios, mientras que la petición de la plataforma era elevar ese ratio hasta un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y de tarde y de 1 a 10 en los de noche. “La cifra aprobada en el acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal”, lamentan. Tampoco se tiene en cuenta, añaden, el suficiente refuerzo del personal de inspectores ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares.

Otro de los principales puntos que las asociaciones pedían y que no se han tenido en cuenta es la creación de residencias públicas para, argumentan, “combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y con discapacidad”. “Lo público está ausente y eso explica parte de lo que está sucediendo. Si desaparece la administración pública, no tenemos la posibilidad de escrutar desde el servicio público y la ciudadanía lo que está sucediendo. Has dejado una tierra ancha para que entren estos malvados, que solo les interesa ganar dinero”, sostiene Campos.

Por último, las organizaciones lamentan que no se haya reflejado en ese acuerdo un compromiso para acabar con las macroresidencias “ni el espíritu de hacinamiento que transmiten”. “Se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuando hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro”, apuntan, al tiempo que rechazan que no haya una exigencia sobre el número de camas individuales mínimas que deben existir.

200.000 firmas ante el Congreso

Campos explica que una de las iniciativas que han impulsado de cara a esta movilización es la recogida de más de 200.000 firmas que van a presentar ante el Congreso de los Diputados, un gesto simbólico, puesto que las competencias de dependencia están transferidas a las comunidades autónomas, pero que esperan sirva de llamada de atención para todos los parlamentarios. Las firmas son en realidad una donación de las recogidas en la plataforma Change.org por el periodista Manuel Rico y el profesor Fernando Flores para pedir a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia y al Congreso la creación de una comisión de la verdad para el mismo fin. A las rúbricas recogidas en esa plataforma se suman las coleccionadas por Amnistía Internacional, que también realizó una campaña en este sentido y también ha decidido donarlas para la causa. 

“El Congreso de los Diputados tendría que haber investigado y analizado lo que pasó en las residencias. Nosotros queremos pedir con estas firmas que se analice, que se investigue lo que ha ocurrido, que todavía está sin investigar y se va a cerrar en falso”, explica Campos, que pone en valor una investigación de este tipo no solo por razones de verdad, reparación y justicia, sino porque puede ser una herramienta positiva para preparar mejor una siguiente pandemia. “Por ejemplo, para saber qué porcentaje de habitaciones individuales es necesario. Es de cajón que el mayor número de muertes fue en las residencias, que fue peor en las macroresidencias y en las que más habitaciones dobles tenían. Es de cajón pero hay que demostrarlo con datos empíricos”, sostiene. 

De momento, la manifestación de hoy servirá, esperan, como una llamada de atención tanto a los políticos como a la sociedad a la que han interpelado desde el centro de la calle: “No nos mires, únete”. La concentración ha terminado en la Plaza del Callao con la lectura del manifiesto y entre canciones de Joan Manuel Serrat y el Blues de la Tercera Edad, de Miguel Ríos: “En el cristal ve su reflejo; su belleza es la dignidad; repite el mantra de un consejo; Ana, no te rindas jamás”.