El Gobierno se negó a informar a las organizaciones feministas sobre el nombramiento de la jueza del ácido bórico
“Bajo secretismo” y “sin publicidad ni concurrencia”. Así es como el Gobierno ha llevado a cabo el proceso de designación de la jueza Gema Gallego como representante española en el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica –Grevio– del Consejo de Europa.
Lo denuncian cerca de 50 organizaciones feministas y contra la violencia de género, que sostienen que la elección se ha producido sin atender a los requisitos establecidos por el Convenio de Estambul, firmado por España en 2011 y ratificado tres años más tarde.
El artículo 66.4a de la norma dispone que los miembros del Grevio “serán elegidos conforme a un procedimiento transparente de entre personalidades de alta moralidad conocidas por su competencia en materia de derechos humanos, igualdad entre mujeres y hombres, violencia contra la mujer y violencia doméstica”.
Sin embargo, los colectivos aseguran que ha sido una “designación directa, sin publicidad ni concurrencia previas”. “Esto ha impedido que otras profesionales puedan presentarse como candidatas”, comenta Bárbara Tardón, representante de la Fundación para la Convivencia Aspacia, una de las organizaciones denunciantes. Además, “no han contado para nada con los colectivos de referencia en la lucha contra la violencia de género”, prosigue.
Un listado de tres personas por país
El Grevio es un organismo independiente del Consejo de Europa que comenzará a funcionar el próximo agosto y que debe encargarse de examinar si los países ratificantes del Convenio de Estambul cumplen con sus compromisos. El pasado 19 de noviembre el Comité Europeo de Ministros aprobó una resolución en la que establecía que, antes del 2 de marzo, los países debían presentar un listado de una a tres personas para su composición.
A pesar de que el Grevio recomienda presentar varios candidatos, España solo ha mandado a una: la jueza Gema Gallego, exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, que instruyó el sumario conocido como caso del ácido bórico, una vertiente de la teoría de la conspiración para vincular los atentados del 11M con ETA
Hasta el 14 de abril –cerrado ya el plazo para la presentación de candidaturas– las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres no se enteraron de que era ella, que ha sido vocal del Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial y de otro organismo municipal, la candidata propuesta por España. Sin embargo, ningún representante del Gobierno se lo comunicó, sino que “lo conocimos gracias a compañeras de otras organizaciones europeas”.
Esto a pesar de que durante varios meses solicitaron al Ejecutivo información sobre el proceso a través de diferentes vías, aseguran. Se dirigieron a diversos organismos estatales como la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género o la Secretaría de Estado de Igualdad y Servicios Sociales. Incluso, ante la falta de respuesta, el 6 de febrero de este año instaron oficialmente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a anunciar la convocatoria y sus reglas para la presentación de candidaturas.
Denuncia ante el Consejo de Europa
Tardón recuerda que al haber sido firmado y ratificado por España, el Convenio de Estambul “es de obligado cumplimiento”. “Mal empezamos si ya en esta primera fase el Gobierno comienza inclumpliendo las normas”, sostiene. La representante de la Fundación para la Convivencia Aspacia insiste en que el Grevio es una institución “crucial” para la lucha contra la violencia de género en el ámbito europeo. Sin embargo, “a nosotras nos parece que de la forma en que se está procediendo hace que pase desapercibida, a pesar de que tiene mucha transcendencia para la vida de miles de mujeres, niñas y niños”.
Entre los colectivos que apoyan la denuncia se encuentran la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación Jueces para la Democracia, la Asociación de Mujeres Juristas Themis o la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos. Presentarán un escrito formal ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el de Asuntos Exteriores y Cooperación, además de entregar una queja al Consejo de Europa.
