El Gobierno en funciones crea la figura del 'comisario antiokupa' en Madrid

La ocupación ilegal de viviendas en Madrid será perseguida más intensamente a partir de ahora. La delegación del Gobierno en Madrid ha creado la figura del 'comisario antiokupa', un coordinador especializado de la Policía Nacional que “centralizará las acciones y favorecerá que la lucha contra estas usurpaciones de viviendas sea cada vez más efectiva”.

Así lo ha anunciado la delegada Concepción Dancausa tras las reuniones del Consejo y de la Junta Local de Seguridad de Madrid, copresididas por ella junto a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. A ambas reuniones, celebradas en la sede del Ayuntamiento del palacio de Cibeles, han asistido también el concejal de Seguridad de Madrid, Javier Barbero, mandos de la Policía Nacional, Municipal y de la Guardia Civil.

Dancausa ha relatado que, tras recibir quejas de vecinos, se ha reunido con el juez decano de Madrid y el fiscal superior de la Comunidad y ha llegado con ellos a varios acuerdos para luchar contra este problema. Uno de ellos es la pronta denuncia por parte de los propietarios de las viviendas 'okupadas', que se aborden estos delitos en juicios rápidos y que se impongan medidas cautelares que permitan desalojos inmediatos.

En la misma línea, la alcaldesa Manuela Carmena ha dicho que hay que luchar contra las ocupaciones ilegales “de la patada en la puerta” porque son un delito y las perpetran fundamentalmente mafias que “hacen su ilegal negocio” cuando “las instituciones no son respetuosas” con los ciudadanos que necesitan una vivienda.

La primera edil ha puntualizado, no obstante, en que hay que tomar medidas sociales porque la crisis ha generado “ocupaciones por necesidad” y hay que dar una solución a esas familias, que se ven en la calle mientras hay pisos vacíos.

Los grupos de vivienda y los bancos coinciden en señalar las ocupaciones como el principal problema actual. El volumen inicial de casos que atendían las plataformas tenía que ver con hipotecas; luego vinieron los alquileres, con afectados que ya habían sido desalojados de sus viviendas y tampoco podían cumplir con su arrendatario. El extremo de esa precariedad son las ocupaciones, más o menos la mitad de los casos que atiende hoy la PAH Centro y que no están contabilizados en ninguna estadística.

Durante la Junta Local de Seguridad, la delegada del Gobierno ha advertido al Ayuntamiento que estará “vigilante” ante la puesta en práctica del recién anunciado Plan Director de la Policía Municipal de la capital, ya que otorga a los agentes competencias que no son suyas, como la persecución de los delitos de odio.

La colaboración con la policía municipal

La delegada ha explicado que por ahora se trata de “un documento programático que no tiene efectos jurídicos”, pero que estarán pendientes de su desarrollo normativo y aplicación porque debe cumplir con la normativa vigente que define las atribuciones de las policías locales.

Dancausa también ha preguntado por qué en el texto del Plan Director no dice “nada” sobre la colaboración entre Policía Nacional y Municipal, cuando hasta ahora “ha sido muy beneficiosa y eficaz”.

La alcaldesa de la capital ha quitado importancia a estas diferencias, ya que según ha dicho lo importante es que sean sentado a analizar la situación de forma sincera y las dudas han quedado resueltas.

Carmena ha incidido en que la colaboración entre Policía Nacional y Municipal es “exquisita” y se mantendrá, algo que el concejal de Seguridad, Javier Barbero, ha confirmado leyendo la parte del texto del Plan en la que se habla de esa cooperación.

Barbero, que ha reconocido que hay cosas por “afinar”, ha precisado que las cifras demuestran esa colaboración y ha precisado que los delitos de odio no serán investigados por la Policía Municipal sino que la labor de estos agentes será preventiva.

El concejal también se ha referido a la desaparición de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), conocidas como los antidisturbios de la Policía Municipal, confirmado que desde ahora serán unidades de apoyo a la seguridad y que “trabajarán activamente con la Delegación del Gobierno en lo que prevea”.

Dancausa ha aprovechado para elogiar el trabajo realizado hasta ahora por las UCS en una gran ciudad como Madrid que cada vez tiene retos mayores, como por ejemplo la amenaza del terrorismo yihadista, y ha confiado en que su supresión no afecta a la seguridad